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Jueves, 20 de julio de 2017 | Leída 143 veces
OPINIÓN

Un referéndum no pactado no es un referéndum

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[Img #16240]ÁNGEL T. GARCÍA.

Periodista.

 

Supongamos que llega el 1 de octubre y se celebra el referéndum. Pese a que la Generalitat haya comprado de forma ilegal las urnas (sin publicidad, sin garantías administrativas). Pese a que no abran los colegios electorales en muchos municipios, al no existir una junta electoral legal ni funcionarios que se la quieran jugar, y se sustituyan por chiringuitos en la calle “a la venezolana”.  Pese a que no se haya garantizado una campaña electoral informativa, en que los medios públicos hayan ofrecido información exhaustiva sobre las consecuencias del proceso. Pese a que los gobiernos no hayan propiciado la neutralidad de los medios de comunicación públicos. Pese a que los dinamizadores de la jornada hayan sido voluntarios partidistas del sí. Pese a la falta de neutralidad manifiesta del director de los Mossos d’Esquadra. Pese a que no hay garantías de aceptación internacional. Pese a que todo –todo-, sea, en definitiva, ilegal.

 

Pese a todo, llegamos al 1 de octubre y se producen unos resultados parecidos a los de la consulta aquella del 9N, sin que lleguen al 25 por ciento de los catalanes con derecho a voto los que apoyen la independencia. Es previsible. La consulta del 1-O no ofrece, hoy por hoy, mayores garantías de oficialidad y seriedad que la del 9N. Los partidarios del no, en su gran mayoría, no querrán participar de otro simulacro de consulta y no irán a votar.

 

Ha ganado el sí y, por lo tanto, según el Parlament de Catalunya, toca declarar la independencia en 48 horas. Aunque sea por un voto de diferencia. Catalunya ya es una república independiente. 

 

¿Qué pasará a partir del 2 de octubre?

 

¿Quién pagará las pensiones a los jubilados catalanes? ¿Existirá un compromiso del gobierno del Estado Español para asumir este gasto?

 

¿A quién pertenecerán las autopistas, la red ferroviaria, los puertos y aeropuertos? En un escenario de mal rollo, ¿cederá el Estado español las infraestructuras? 

 

¿Qué pasará con los servicios esenciales? Agua, electricidad, gas, telecomunicaciones... en manos de empresas privadas. ¿Quién tendrá más fuerza, el Estado español o el catalán, para determinar el futuro del negocio?

 

¿Pagará Catalunya su parte proporcional en la deuda del Estado? ¿Quién saldrá ganando en un hipotético enfrentamiento económico?

 

¿Qué pasará con La Caixa y el Banco de Sabadell, por ejemplo. ¿Dejarán de responder a los dictámenes del Banco de España? ¿Cuál será su encaje internacional? 

 

¿Seguiremos perteneciendo los catalanes a la Unión Europea? No parece que el apoyo internacional que tiene ahora el procés sea importante. Es más, ha sido despreciado por los principales líderes continentales. Incluso por Macron, presidente de Francia, país al que siempre le ha interesado una España en crisis.

 

¿Saldremos del euro? ¿Volveremos a la peseta? ¿Cuánto tardaríamos en formar parte de los circuitos económicos internacionales? 

 

¿Quién cobrará el IRPF o el IVA? ¿Se finalizarán los procesos que impliquen pagos o devoluciones del Estado a empresas y ciudadanos? ¿A quién pagaremos los impuestos? ¿Tendremos que confiar en una negociación entre estados enfrentados?

 

¿Y la diplomacia? ¿Qué inversión supondría una estructura de embajadas y consulados en las principales capitales del mundo?

 

¿Qué harán los Mossos d’Esquadra? A los mossos les paga el Estado. No lo olvidemos. Y la policía existe para hacer cumplir la Ley. 

 

¿Qué pasará con el Ejército? ¿Se irá de Catalunya en 24 horas? ¿No le tocará hacer uno de los trabajos para los que existe: “preservar la unidad del Estado”? ¿Y la Guardia Civil, que vigila las fronteras y el espacio marítimo? Si se van, además, quedaremos al albur de, por ejemplo, la delincuencia internacional de la droga o la inmigración ilegal...

 

¿Se oscurecerá la recepción de las televisiones y las radios españolas? ¿Dejarán de venderse los periódicos de Madrid en Catalunya?

 

¿Qué pasará con el poder judicial? ¿Quién pagará a sus funcionarios? ¿Quién garantizará la continuidad de los procesos en un clima de cambio de leyes? ¿En qué legislación nos ampararemos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tendrán continuidad las causas que afectan a los delitos económicos relacionados con el 3% o las de la familia Pujol? ¿Habremos dado con alguna de las claves de todo lo que está pasando?

 

Y lo más importante: ¿dejará de competir el Barça en la Liga española? ¿Accederá a la Champions? ¿Cómo podrá pagar al tridente? Eso sí que sería una crisis tremenda.

 

¿Alguien nos ha informado a los catalanes claramente de todo esto? Sólo hemos oído hablar de unas leyes secretas... Eso sí, antes de conocerlas o sin tiempo de reacción, nos han llamado a un referéndum cuyo resultado implica jugarnos nuestro futuro. 

 

Si el referéndum no es pactado y se garantiza así la participación, no es un referéndum: es un acto de propaganda preelectoral, parcial, partidista, ilegal, inútil a sabiendas, y pagado por todos. Y no puede obtener el reconcimiento internacional ni llevar a ningún resultado político concreto. Y sin una información clara y honesta que responda, por ejemplo, a estas preguntas, el proceso electoral es una farsa.

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