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Viernes, 15 de septiembre de 2017 | Leída 55 veces
CASTELLDEFELS

El Ayuntamiento no cederá los locales municipales para el referéndum

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La alcaldesa recuerda que la Generalitat dispone de equipamientos de titularidad propia para que los ciudadanos puedan votar

[Img #16531]La alcaldesa de Castelldefels, la socialista Maria Miranda, ha contestado el requerimiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que, dado que el Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley 19/2017 y los decretos 139 y 140 de 2017, los locales de titularidad municipal no pueden ser puestos a disposición del referéndum previsto el 1 de octubre.

 

En la respuesta, la alcaldesa recuerda que la Generalitat ha anunciado que garantizará el derecho a voto y que dispone de equipamientos de titularidad propia para que los ciudadanos de Castelldefels que quieran participar en la jornada del 1-O puedan hacerlo.

 

Según Miranda, para este gobierno "prevalece el proyecto de ciudad que compartimos entre los partidos que formamos el equipo de Gobierno Municipal" (PSC, Movem Castelldefels, ERC, Castelldefels  Pot y PDeCat), y en consecuencia "nos comprometemos a continuar trabajando en la defensa de los derechos sociales y democráticos".

 

La Ejecutiva del PSC Castelldefels ha querido apoyar en un comunicado la decisión del grupo municipal.  Aseguran que la jornada convocada por el Gobierno catalán para el próximo 1 de octubre "no es la mejor solución para la relación entre Catalunya y el resto de España". Consideran que el actual escenario "ha sido favorecido por la mala gestión del PP al frente del Gobierno del Estado", y que "el inmovilismo, la falta de diálogo y las políticas autoritarias de Mariano Rajoy han llevado a la situación actual".

 

Por otro lado, los partidos políticos del equipo de gobierno que apoyan la convocatoria del referéndum (ERC, Castelldefels Sí Pot y PDeCAT), han hecho un llamamiento a los vecinos de Castelldefels "a ejercer su derecho inalienable al voto", y denuncian la "causa general contra Catalunya y sus instituciones que ha puesto en marcha el Gobierno del Estado, haciendo uso de la Fiscalía, citando a 712 alcaldes, amenazando a funcionarios así como el resto de la población".

 

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