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Jueves, 2 de noviembre de 2017 | Leída 112 veces
OPINIÓ

El injusto, por desigual, valor del voto

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[Img #17156]ÁNGEL T. GARCÍA.

Periodista.

 

 

Los tratados de derecho constitucional señalan, como consenso en las democracias occidentales, que el voto debe ser universal, libre, igual, directo y secreto. Parecen obviedades, pero existe mucho territorio jurídico desarrollado y por desarrollar.

 

Respecto al principio de la igualdad del voto, en las legislativas, entramos en terrenos pantanosos. El sistema electoral español es proporcional, que es en teoría el más garante de la representatividad más justa, frente al sistema mayoritario, que rechaza los votos “perdedores”. Sin embargo, la distribución de las circunscripciones electorales que se hizo en la Transición, eligiendo la unidad provincial, ha condenado al sistema a un eterno cuestionamiento. Cada una de las 50 circunscripciones tiene asignada un determinado número de diputados, con un mínimo de dos por provincia, aunque este número aumenta en función de la población. Así, la provincia de Madrid elige a 36 diputados y la de Barcelona a 31, mientras que la de Soria sólo al mínimo establecido de 2. El resultado es que el voto de un soriano es mucho más importante que el de un madrileño o un barcelonés.

 

La intención era clara y bienintencionada: se trataba de no marginar a la España rural y dejar el poder sólo en manos de allí donde se concentra la población, un mecanismo aplicado en todas las democracias del mundo, en mayor o menor medida. Una segunda intención, no tan benigna, era perjudicar a los partidos de izquierdas, con preponderancia en las zonas urbanas, sobre todo entonces. A fe que lo consiguieron: en 2008, Izquierda Unida obtuvo casi un millón de votos, que le dieron sólo dos escaños.

 

Esta ley electoral, a todas luces mejorable, se ha ido modificando en las comunidades, con mayor o menor éxito, para las elecciones autonómicas. ¿En todas? Pues no, porque Catalunya es la única que aún no lo ha hecho. La fórmula que se aplica premia exageradamente las circunscripciones menos habitadas, ya que el sistema otorga un mínimo de 6 parlamentarios por circunscripción más un escaño per cada 40.000 habitantes en Girona, Tarragona y Lleida, mientras que la provincia de Barcelona necesita 50.000 habitantes para sumar un escaño y tiene la limitación de no poder sobrepasar el número de 85 diputados.

 

El ahora disuelto Parlament se componía, de esta manera, de 135 diputados: 18 de Tarragona, 17 de Girona, 15 de Lleida y 85 de Barcelona. Para rellenarlos, el voto “se cocina” y el resultado es que un diputado de Barcelona necesita aproximadamente 48.500 votos; uno de Tarragona unos 31.300 y uno de Girona, 30.000. Especialmente llamativo es que un escaño de Lleida necesite sólo poco menos de 21.000 votos.

 

Es curioso que la división provincial, tan denostada siempre, sea defendida por los partidos nacionalistas para rechazar la reforma del sistema electoral. No ha sido posible nunca cambiar el sistema, ya que favorecía al partido gobernante (en 1999 y el 2003, el PSC obtuvo más votos que CIU pero menos escaños), y cuando gobernó el tripartito, pues tampoco se hizo. Como ley importante, el Estatut marcaba mayorías parlamentarias sobredimensionadas que nadie pudo tener.

 

Cuando en las democracias avanzadas ha sido superada con creces la norma 'una persona, un voto', quizá ahora el reto sea el de aumentar la igualdad de voto desde la perspectiva política e ir hacia 'una persona, un mismo valor', y que cada votante haga una contribución igual para determinar el resultado de la elección.

 

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