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MARÍA JOSÉ ESPINOSA
Jueves, 14 de diciembre de 2017 | Leída 133 veces
CORNELLÀ

El TSJC condena a la Generalitat por la deuda de las guarderías municipales

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La administración autonómica deberá pagar 2,35 millones de euros al Ayuntamiento de Cornellà correspondiente a los cursos de 2012 a 2015

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Cornellà en el contencioso planteado contra la Generalitat de Catalunya por la financiación de las guarderías municipales, obligando a la administración autonómica a pagar al consistorio más de 2,35 millones de euros, correspondientes a la deuda contraída desde el curso 2012 al 2015.

 

“Esta sentencia clarifica el deber de la Generalitat de cofinanciar estos servicios municipales, que se crearon de acuerdo con un plan autonómico de 2005 para potenciar la primera etapa de la educación infantil de 0 a 3 años”, recuerdan desde el consistorio.

 

Años después, la Generalitat se desentendió del compromiso adquirido. Primero lo hizo reduciendo significativamente, y de forma unilateral, su aportación, ya que se pasó de los 1.800 euros por alumno a los 1.600 euros. Y después, a los 1.300. Finalmente, en 2013 decidió dejar de formalizar los convenios que regulaban la participación de la Generalitat en la financiación de estos servicios docentes, por lo que su aportación económica empezó a ser inexistente.

 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cornellà decidió presentar un recurso ante el TSJC para exigir al departamento de Enseñanza el pago de la deuda. Y ahora la justicia le ha dado la razón. Concretamente, la sentencia obliga a pagar a la Generalitat la deuda pendiente hasta el curso 2014-2015, con el sobrecoste de los intereses acumulados, pero solo hasta la cantidad de los 1.300 euros por alumno.

 

El Ayuntamiento de Cornellà no recurrirá, aunque había reclamado 1.800 euros, ya que éste era el compromiso inicial del departamento de Educación para financiar las guarderías municipales. No obstante, sí que se plantean la posibilidad de reclamar el dinero de los cursos posteriores, de 2015 a 2018.

 

La sentencia, que puede ser recurrible, expone literalmente que “la Generalitat de Catalunya mantiene una responsabilidad financiera respecto a las guarderías gestionadas por el Ayuntamiento recurrente, responsabilidad que en su momento canalizó mediante convenios y subvenciones concedidas anualmente y que repentinamente dejó de asumir a partir del curso 2012-13, con infracción del ordenamiento”. Además, se niega que las subvenciones aportadas por la Diputación de Barcelona (que estos años ha asumido parte del coste) sustituya al deber financiero de la administración autonómica.

 

Cornellà no fue el único ayuntamiento de la comarca que decidió denunciar los hechos ante la justicia. A él le siguieron otros como Sant Joan Despí, Esplugues y L’Hospitalet (que lo hicieron de manera individual) o El Prat, Sant Boi, Viladecans, Olesa de Montserrat y Sant Esteve Sesrovires (que decidieron gestionarlo de manera conjunta, junto a otros municipios catalanes).

 

La decisión de interponer la demanda judicial se produjo justo cuando la antigua CiU y ERC rechazaban en el pleno del Parlament una moción en la que el PSC pedía restituir en los presupuestos de 2015 la partida para subvencionar las guarderías. “Las cuentas del Govern para este año no prevén destinar ni un solo euro para la red pública de guarderías municipales. Cero”, lamentaba en aquel momento la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín.

 

Ahora, tras la sentencia favorable al Ayuntamiento de Cornellà, todo apunta a que la justicia también dará la razón al resto de municipios, muchos de los cuales han tenido que hacer esfuerzos económicos para poder seguir prestando este servicio sin que las familias tuvieran que aumentar su aportación, ya que en su día se pactó que el coste de mantenimiento de estos equipamientos correría a cargo, a partes iguales, de las familias, los ayuntamientos y la Generalitat.

 

“Subir las cuotas a las familias hubiera hecho poner en peligro uno de los objetivos principales de las guarderías, que es el de ser un servicio a disposición de la clase trabajadora de la ciudad”, insisten desde el consistorio. Y no sólo no han querido cargar sobre las espaldas de las familias la falta de sensibilidad de la Generalitat en este ámbito, sino que muchas administraciones locales también están aplicando la tarifación social, para que los niños de las familias con rentas más bajas puedan acceder a una guardería y beneficiarse así de un servicio  “que proporciona una educación rica, estimulante y de calidad, en una de las etapas más importantes del aprendizaje y de la vida”, recuerdan desde el Ayuntamiento de Cornellà.

 

 

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