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DULCE VALERO
Miércoles, 17 de julio de 2013 | Leída 1091 veces
SANT FELIU

Vecinos de Sant Feliu reúnen más de 4.000 firmas contra la subida del IBI

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El equipo de gobierno (ICV-EUIA y CiU) no atenderá la petición de una comisión ciudadana de congelar este año un impuesto con el que han recaudado un 107% más en los últimos ocho años, aludiendo al 'obligado cumplimiento' del plan de saneamiento de las cuentas municipales

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Una comisión ciudadana integrada por vecinos de todos los barrios y que cuenta con el apoyo de diversas formaciones políticas y el respaldo del Síndic Municipal Magí Boronat, ha reunido más de 4.000 firmas en contra de la que consideran una “subida abusiva” del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Sant Feliu.

Critican la subida aplicada por el Ayuntamiento a la cuota del IBI desde el año 2005, de un 107,8%, es decir, de más del doble en los últimos ocho años, lo que supone “un sobre esfuerzo y un castigo sistemático para las familias en plena crisis”, según explica Consuelo Martínez, portavoz de los promotores de la reivindicación, la Asociación de Vecinos Roses de Llobregat.

Según la comisión ciudadana, que se creó en enero de 2013, Sant Feliu cuenta con unas 16.000 viviendas, pero el equipo de gobierno (ICV-EUiA y CiU) contabiliza 30.700 unidades catastrales a la hora de presentar a la comisión sus datos sobre la media del recibo, que se sitúa para este año en 455,63 euros anuales.

Para la comisión los datos aportados por el equipo de gobierno no se ajustan a la realidad, ya que según Martínez, no se puede comparar el valor catastral de un piso con el de un parking, un trastero o un local destinado a un negocio.

“Un contribuyente de un piso de 30 años de menos de 90 metros cuadrados paga actualmente unos 550 euros de IBI, a lo que hay que añadir el recargo metropolitano del transporte, ligado a un valor catastral que en nuestro caso es más alto que en Barcelona y encima no tenemos transporte, solo el tren, con lo cual el recibo puede ascender a 600 euros, cuando hace ocho años se pagaba la mitad”, asegura Martínez.

“En el municipio vecino de Sant Joan Despí, donde se hizo la revisión catastral  el mismo año que en Sant Feliu, los valores catastrales son mucho más bajos, un 25% más, lo que no se entiende siendo una población a la que se accede cruzando una calle”, explica Martínez. “Se da la paradoja de que una casa adosada en ese municipio paga lo mismo de IBI que un piso de protección oficial en el barrio de Mas Lluí de Sant Feliu”, asegura.

La comisión ciudadana pide la congelación del impuesto en 2013, sin subidas del IPC, así como una revalorización catastral a la baja, teniendo en cuenta que en la que se hizo en 2005 se duplicó el valor de los inmuebles en el caso de Sant Feliu, y que ahora se mantiene el valor catastral pese a que con la crisis los precios de las viviendas están cayendo en picado.

La congelación del impuesto le supondría al consistorio dejar de recaudar 600.000 euros, el 1,6% del presupuesto del Ayuntamiento, pero  la comisión, que denuncia la “pésima gestión de los fondos y recursos del Ayuntamiento”, asegura que este dinero se puede obtener de otras partidas.

“El equipo de gobierno cuenta con una decena de personas designadas políticamente como cargos de confianza que cobran 500.000 euros al año, y luego dedican una partida astronómica de 5,7 millones de euros anuales a la limpieza, recogida de basuras y jardinería que encima incrementan cada año desde 2005 en un 7,4%”, explica Martínez.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Manel Carrión (CiU), recuerda que el déficit acumulado por el consistorio hasta 2011 obligó al actual equipo de gobierno a la aprobación de un plan de saneamiento de las cuentas municipales para la actual legislatura, y que la voluntad inicial de ajuste del IBI en función del incremento del IPC a lo largo del mandato 2012-2015 está condicionado por dicho plan de saneamiento.

Según Carrión, la nueva legislación sobre morosidad y capacidad de gestión de las administraciones públicas aprobada recientemente por el Gobierno central obliga más que nunca a cumplir este plan de saneamiento para evitar la intervención en las cuentas municipales: “El ciudadano no es consciente de que en caso de intervención, el Estado tiene la potestad de aumentar el recibo del IBI un 25%, con lo cual servicios municipales como las guarderías serían inasumibles por los ciudadanos, que tendrían que pagar el doble”, asegura.

El concejal de Hacienda recuerda que el Ayuntamiento ofrece facilidades a los ciudadano para el pago del IBI y ayudas fiscales para las personas que tienen más dificultades para afrontar el pago de la denominada contribución, pero que “más allá de eso, la voluntad es mantener los servicios y atender las necesidades sociales de la población y de los cerca de 3.700 parados del municipio, antes que congelar el impuesto. Pensamos que es la medida más justa socialmente”.

El equipo de gobierno recuerda a los miembros de la comisión ciudadana que en el caso de que en 2013 y 2014 el consistorio obtenga resultados presupuestarios positivos, ese remanente se destinará a políticas sociales anticrisis y a la creación de nuevos planes de ocupación.

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