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MARÍA JOSÉ ESPINOSA | 351
Miércoles, 13 de Febrero de 2019
SANT JOAN DESPÍ

De pisos de alto standing a vivienda social

El Ayuntamiento expropiará dos edificios abandonados y a medio construir para crear más pisos de protección oficial

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A los pies del parque de la Fontsanta, uno de los entornos más privilegiados con los que cuenta Sant Joan Despí, se encuentran desde hace ya varios años las estructuras abandonadas de dos edificios que en su día estaban llamados a albergar pisos de alto standing y oficinas. Su construcción comenzó en 2008, pero las tres empresas impulsoras de aquel proyecto (Cingular 1 Inmobiliaria, Inmobiliaria Santa Pau y LRC Arquitectura) tuvieron que parar máquinas en 2011 a causa de la crisis económica.

 

Desde entonces ambas estructuras “forman parte del paisaje no deseado de la ciudad”, tal como afirmaba esta mañana el alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda. El edil anunciaba en rueda de prensa la intención de revertir esta situación, derivada de la burbuja inmobiliaria, para que beneficie en un futuro próximo a la ciudadanía. Para conseguirlo se prevé la expropiación de ambos edificios (situados entre la calle Fontsanta y la avenida de Barcelona), que serán convertidos posteriormente en nuevas promociones de vivienda social.

 

“Ante la falta de vivienda accesible para la ciudadanía y ante la actitud de los propietarios del edificio, que han desatendido sus responsabilidades, hemos decidido transformar esta parcela privada en una de vivienda de protección oficial”, señalaba Poveda, quien aseguraba que la decisión se ha tomado tras años de intentar negociar en vano, así como de requerimientos y denuncias penales en el juzgado. “Han sido muchos quebraderos de cabeza para los servicios técnicos y jurídicos de este Ayuntamiento”, reconocía el alcalde.

 

Poveda también ha puesto de relieve que "finalizar estos bloques es también velar por la seguridad de la ciudadanía”, y ha manifestado que estas estructuras abandonadas han sido un motivo de preocupación por parte del Ayuntamiento. En un primer momento, y una vez se abandonada la construcción, a principios de 2011, el Ayuntamiento exigió a los propietarios que retiraran una grúa de grandes dimensiones que quedó abandonada, que acabaran de rehacer la parte de la acera afectada por las obras y que procedieran al cierre del recinto. Finalmente, fue el Ayuntamiento, con los fondos del aval de ejecución subsidiaria, quien se encargó de llevar a cabo estos trabajos para garantizar la seguridad. Aún así, no se ha podido evitar que durante estos años dos personas hayan perdido la vida en las obras abandonadas.

 

 

Modificación del PGM y construcción de 115 viviendas sociales

 

 

El primer paso, que fue aprobado ayer en sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos políticos, será llevar a cabo una modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM), lo que después permitirá iniciar el proceso de expropiación de estos inmuebles. El consistorio cree que este trámite se podría alargar un año aproximadamente y que las viviendas podrían estar terminadas en unos dos años.

 

No obstante, Poveda ha puntualizado que si los propietarios deciden construir las viviendas protegidas, el proceso que se acaba de iniciar quedaría paralizado. En la actualidad, un 56% de los derechos hipotecarios de estos bloques están en manos del conocido como banco malo; y el resto, de los otros dos propietarios. “Creo que la SAREB ha de facilitar esta intervención”, afirmaba Poveda. “Recordemos que fue creada con los dineros de la ciudadanía, y por este motivo ha de contribuir a poner una oferta de vivienda pública en el mercado”, apuntaba.

 

El techo máximo de suelo residencial será de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, que permitirían la construcción de unas 115 viviendas con protección oficial. Poveda señalaba que “se trata de una operación importante para un ayuntamiento como el nuestro y por eso ha de ser equilibrada”. En este sentido, y aunque aún no está definida la tipología de los pisos, la gran mayoría serán de venta.

 

Lo que sí se ha calculado es el coste de la expropiación de los terrenos, que rondaría los 6,5 millones de euros, a los que habría que añadir posteriormente el coste de construcción de estas nuevas viviendas sociales, que se sumarían a las 280 que ya están planificadas hasta el 2020, y que estarán distribuidas en un total de siete promociones.

 

 

 

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