El Ayuntamiento ultima la urbanización del polígono Sesrovires con el objetivo de regularizar las licencias de una decena de naves

El juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona ha impuesto una multa coercitiva de 150 euros diarios al alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, al considerar que "incumple" el auto del 9 de julio del 2019, que dictaba el derribo de 12 naves, actualmente a pleno rendimiento, que se construyeron en el Polígono Industrial Sesrovires sobre unos terrenos propiedad de las familias Farràs.

El auto impone una multa coercitiva de 150 euros diarios a Carbonell, por su condición de alcalde, hasta que el Ayuntamiento “garantice los perjuicios que los derribos de las naves industriales construidas sobre las tierras de las familias Farràs causarán a terceros de buena fe”, es decir a las empresas ubicadas en las naves.

La indemnización cuantificada por el mismo juzgado asciende a los 4,6 millones de euros. “La justicia nos obliga a garantizar el derribo de las naves y éste es el coste por dejar el suelo limpio”, explica Carbonell a ELFAR.CAT.

El alcalde ha confirmado a esta redacción que el auto de la multa será recurrido. “No estamos de acuerdo porque no hemos dejado de trabajar para solucionar el problema”, explica. De hecho, afirma que durante este mes finalizará la urbanización del polígono y de esta manera se pondrá fin a la “situación de anomalía” que se arrastra desde los años 60. “Por eso no vemos justo que no se reconozca todo el trabajo que se está llevando a cabo”, insiste.

Con la finalización de la urbanización del polígono, el alcalde espera que las naves puedan seguir con su actividad, ya que las licencias serán correctas. No obstante, Carbonell remarca que las naves nunca han incumplido la normativa urbanística porque pese a que el polígono no estaba urbanizado ni recepcionado, las licencias se otorgaron en base al Plan General de Ordenación Urbana que había en aquel momento. “Estamos hablando de una anomalía administrativa”, apunta el alcalde, quien reconoce que “se trata de una situación compleja, que estamos viviendo con angustia, porque queremos que las empresas sigan funcionando”.

Plan de ajuste para garantizar el pago de los 4,6 millones de euros

Respecto a la indemnización impuesta, Carbonell recuerda que el consistorio no tiene ese dinero, por lo que llevan meses creando un plan de ajuste que garantice la capacidad de pagar los 4,6 millones de euros. “Solicitaremos un préstamo al Estado” que, en caso de ser concedido, “tendremos que ir devolviendo poco a poco”, apunta.

El auto también ordena al consistorio a remitir al juzgado los datos de todos los regidores “a fin de tramitar la posible imposición de multas coercitivas”. Además, tendrá que informar de los bienes o derechos patrimoniales del consistorio que puedan ser embargados.

“Nos parece injusto que se nos apliquen sanciones y que nos amenacen con dar el nombre de los regidores para aplicarles también medidas coercitivas, porque no hay ningún inmovilismo por nuestra parte”, reitera.

El abogado de las familias Farràs, Sergi Aymerich, asegura que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires “continúa incumpliendo las resoluciones judiciales” y añade que “esta continuada forma de actuar no hace desaparecer los problemas sino al revés, los hace crecer, así como también aumenta la responsabilidad que deberán acabar pagando, como siempre, los que no tienen ninguna culpa”, en referencia a los conciudadanos. Carbonell lo niega rotundamente y asegura que “vamos trabajando siempre según los autos judiciales”.

El caso se remonta al año 1995, cuando el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires hizo la reparcelación del polígono. Tres años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la anuló, pero ya se habían ido concediendo las licencias de las naves.

Fue entonces cuando la familia Farràs llevó el caso ante los tribunales “al otorgar la propiedad de estas tierras a quien no lo era, a pesar de haberse advertido y acreditado reiteradamente el error en que incurría por sus legítimos propietarios”, explica el abogado Aymerich.

En 2010, el Juzgado Contencioso Administrativo 12 de Barcelona dio la razón a la familia y ordenó el derribo de las 12 naves. El consistorio presentó un recurso de apelación, pero en octubre de 2013 volvió a sufrir un nuevo revés judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo desestimó.

Las empresas que se encuentran ubicadas en estas naves, y en las que trabajan más de 150 trabajadores, siguen con preocupación el conflicto judicial entre el ayuntamiento y la familia Farràs. Todas ellas cuentan con licencia de obras, pero su actividad pende de un hilo.