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Lunes, 13 de Julio de 2020
COMARCA

La Diputació destina 31 millones de euros para la reactivación social de los municipios

Desde el inicio del confinamiento y durante la desescalada, la corporación ha reforzado los programas de atención a la ciudadanía y a los ayuntamientos

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La diputada de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, ​​Lluïsa Moret, ha presentado esta mañana, en rueda de prensa telemática, la apuesta de la Diputación de Barcelona para la reactivación de los municipios a través de las políticas sociales. Moret ha insistido en que éste no es un objetivo fruto únicamente de la crisis sanitaria, sino "un objetivo estratégico prioritario de la Diputación, que aporta los recursos para dar respuesta a las necesidades de los municipios poniendo a las personas en el centro, especialmente las más vulnerables". La diputada ha recordado que para contrarrestar la crisis del COVID-19 en estos últimos meses la corporación ha destinado un total de 31 millones de euros con el objetivo de reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social del territorio.

Moret ha puesto en valor el papel de los servicios sociales municipales "que son esenciales, y que han tenido que trabajar intensivamente durante la crisis y continúan haciéndolo".

 


Programa de choque para la reactivación social



El último paquete de medidas aprobado por la Diputación es el Programa de choque para la reactivación social de los municipios de la provincia de Barcelona, ​​dotado con seis millones de euros. El programa recoge cuatro líneas de intervención, centradas en los colectivos más vulnerables y en el apoyo a los ayuntamientos como motor de la recuperación social.

La primera es el refuerzo de las plantillas profesionales de los servicios sociales básicos, dotada con 2,13 millones de euros. Desde la Diputación recuerdan que se ha constatado una "sobresaturación de los servicios sociales básicos y una sobrecarga de los profesionales que los integran", debido al aumento de muchas de las necesidades sociales derivadas de la crisis, como el acceso a la alimentación, las dificultades del pago de la vivienda o los suministros básicos o, recientemente, las demandas de información y de apoyo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

La segunda línea de intervención cuenta con una dotación de 1,84 millones de euros y consiste en apoyar a los ayuntamientos para la atención a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. "El COVID-19 ha acentuado los contextos de riesgo social, sobre todo en la adolescencia", remarcan desde la corporación. El 28% de los niños se encuentran en situación de pobreza y, en el caso de las familias monoparentales, la cifra se dispara al 40% según datos de Unicef. "Esto tiene efectos sobre la vivienda, la salud o la educación, con consecuencias sobre el abandono escolar", señalan las mismas fuentes. En este sentido, el fondo de prestación que la Diputación ofrece a los ayuntamientos prevé actuaciones como atención y tratamiento psicológico, respuesta a primeras necesidades -como alimentación y ropa- y acceso al ocio (becas para actividades verano, deportivas o extraescolares, entre otras).


La tercera línea de acción del nuevo Programa de choque es la creación de un fondo de prestación dirigido a la contratación de profesionales para intervención social y comunitaria, que cuenta con un millón de euros. Con esta ayuda, la Diputación atiende la necesidad de acompañamiento a los entes locales en el reto de compatibilizar la vida social y prevenir el contagio del  COVID-19. "Esto, después de constatar, con una encuesta propia, que un 57% de los ayuntamientos se han encontrado con dificultades respecto de los usos que hace la ciudadanía de los espacios públicos", apuntan desde la corporación. El fondo incluye un refuerzo de los agentes de acción comunitaria y, también, material de orientaciones y recopilación de experiencias disponible en la web.

Por último, la cuarta línea de intervención consiste en reforzar los servicios municipales de atención a las mujeres víctimas de las violencias machistas. Durante el confinamiento y el Estado de Alarma se ha detectado un incremento de las llamadas denunciando casos de violencia de género. Concretamente, del 16 de marzo al 30 de abril se recibieron un 88% más de llamadas que antes del confinamiento, según los datos del Institut Català de la Dona. Desde la Diputación afirman que los entes locales han manifestado la necesidad de reforzar los servicios de atención especializados (ayuda psicológica, jurídico, laboral, social y habitacional) para atender las realidades que habían estado viviendo en silencio (violencias psicológicas, sexuales, infantiles) en los hogares. La ayuda está dirigida a los municipios mayores de 5.000 habitantes y está destinada a la contratación de profesionales en el ámbito de las violencias machistas y la continuidad de los programas de sensibilización y prevención.

 

Atención continuada y directa

 

Además de los seis millones de euros del Programa de choque para la reactivación social, la Diputación ha adoptado desde el inicio del confinamiento medidas de apoyo social y promoción de la convivencia. La mayor partida, de 21 millones de euros, va destinada a los servicios sociales básicos. Por otra parte, 2,2 millones de euros se utilizarán, en el marco del programa de emergencias municipales, para atender a personas en situación de especial vulnerabilidad social como consecuencia del COVID-19, tales como cubrir la ampliación de horas del servicio de Atención Domiciliaria (SAD), el servicio de comidas a domicilio o los gastos de alojamiento en dispositivos de acogida.

 

Las medidas de choque desde el inicio del confinamiento y durante la desescalada cuentan con 800.000 euros, una partida económica que está siendo destinada a reforzar, por ejemplo, el programa de tarjetas monedero de impacto social, que se han duplicado con la pandemia, al servicio de intermediación en deudas de la vivienda, al Servicio Local de Teleasistencia o la puesta en marcha de una línea 900 para atender a personas mayores vulnerables.

 

Otros 724.000 euros corresponden a una convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sociales que gestionan pisos de inserción social; y 55.000 euros se destinan al apoyo a las profesionales de los Centros de Información y Recursos para Mujeres para reforzar la atención jurídica y técnica, al Servicio Itinerante de Mediación Ciudadana en formato telemático, y al apoyo psicológico a profesionales de los entes locales de la provincia de Barcelona para atender el malestar emocional y la protección de los riesgos psicosociales derivados de la gestión de la crisis sanitaria.

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