Los gobiernos locales quieren destinar los ahorros municipales a la recuperación económica y social

Algunos ayuntamientos del Baix Llobregat ya han anunciado que no cederán sus remanentes de tesorería al Gobierno del Estado, ya que quieren tener todos los recursos disponibles para afrontar las graves consecuencias provocadas por la pandemia del COVID-19 y destinarlos a la reconstrucción social y económica de las ciudades. De esta manera muestran el rechazo a la intención del Ministerio de Hacienda de hacer que los municipios presten sus remanentes de tesorería al Gobierno central para devolvérselos a plazos.

"El acuerdo de gobierno de progreso en Madrid prevé la derogación de la ley Montoro. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda y no usarla para que los ayuntamientos hagamos de banco del gobierno ", ha declarado el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler.

El edil pratense ha recordado que los ayuntamientos son los que están "en primera línea" atendiendo a la ciudadanía y al tejido productivo local. "Desde el primer momento de la emergencia sanitaria nos hemos reorganizado de la noche a la mañana y hemos movilizado millones de euros para atender a los hogares que peor lo estaban pasando, al comercio local que ha tenido que cerrar y al tejido productivo afectado por el parón económico", ha remarcado Mijoler, quien ha añadido que "los Ayuntamientos somos los que mejor sabemos a qué hay que destinar los ahorros municipales, y no el Gobierno central".

En la misma línea, la alcaldesa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, considera "un grave error" que la apuesta del Ministerio de Hacienda sea limitar el rol de los ayuntamientos "a hacer de financiera del Estado", cuando la actual coyuntura "requiere el fortalecimiento de su autonomía y una financiación justa ".

Muñoz cree que "ahora es el momento de facilitar a los gobiernos locales la posibilidad de gobernar sus recursos según las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, destinándolos a la reconstrucción social y la activación de la economía para generar inversión, empleo y no dejar a nadie atrás".

Este cambio pasa por una modificación de la ley de Estabilidad Presupuestaria del PP que, según Muñoz, "erosiona la facultad de los ayuntamientos de incidir en la transformación de sus ciudades, vulnera su autonomía y secuestra las haciendas locales".

Desde el gobierno local de Castelldefels también consideran "imprescindible" un cambio en el marco legal vigente que permita a los ayuntamientos liderar la respuesta a la crisis económica, derivada de la pandemia global. En este sentido, el alcalde accidental de la ciudad, Jordi Maresma, ha recalcado que "los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, somos los que mejor conocemos las necesidades". Maresma ha insistido en que los gobiernos locales "necesitamos poder disponer de nuestros propios ahorros para acompañar nuestros vecinos y vecinas en estos momentos de pandemia global y crisis económica".

Por su parte, los ayuntamientos de Begues, Santa Coloma de Cervelló y Torrelles se han adherido al manifiesto de la Associació Catalana de Municipis- Federació de Municipis de Catalunya en favor de la suficiencia financiera de los entes locales. Los textos muestran el rechazo del municipalismo catalán al decreto ley que permitirá que el Gobierno central disponga de los ahorros de los consistorios.

La moción muestra el rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias  (FEMP) a través del cual el ejecutivo español puede disponer del remanente de los ayuntamientos para cubrir su falta de liquidez.

El manifiesto reclama "que sean los pueblos y ciudades del país quienes puedan utilizar los ahorros y remanentes que les son propios, mediante una modificación legal de la ley de estabilidad presupuestaria y la LRSAL, para destinarlos a la reactivación socioeconómica derivada de la crisis social, sanitaria y económica del COVID-19".

Ambas entidades municipalistas quieren expresar, de este modo, su rechazo a la medida, "que lejos de flexibilizar la regla de gasto y permitir que los ayuntamientos y demás entes locales puedan disponer de sus remanentes y ahorros para destinarlos a la reactivación socioeconómica, fija que se deberán prestar al Estado, que los devolverá en un plazo de 15 años".