El AMB reformula la tarifa social del agua y será gratuita para 60.600 familias vulnerables

El Área de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) revisará la tarifa social del agua con el fin de aumentar las bonificaciones a la población y seguir paliando de esta manera los graves efectos socioeconómicos provocados por la pandemia, que han supuesto un importante aumento del paro y una disminución del poder adquisitivo de muchas familias.

La medida se ha acordado hoy en una reunión entre el vicepresidente de Ecología del AMB, Eloi Badia, y representantes de los 23 municipios abastecidos por Aigües de Barcelona, ​​Empresa Metropolitana del Cicle de l'Aigua del Agua (ABEMCIA).

Desde el AMB recuerdan que "la tarifa social es el mecanismo para conseguir que las familias que pasan por una situación de dificultad económica, especialmente en el marco de la crisis actual, dispongan de unas condiciones especiales para consumir el volumen de agua que la OMS establece como consumo de primera necesidad y estándar". En el área metropolitano, las tarifas de agua se calculan por tramos de consumo, para penalizar los consumos más altos de lo que se considera un uso responsable. Es decir, cuanto más agua gasta un domicilio o comercio, más paga por cada metro cúbico de agua. Así, si un hogar con una media de tres personas, consume 9 m3 al mes, pertenece al tramo 2 y pagará 14,76 euros mensuales por el agua consumida. Si sube a 15 m3, pertenece al tramo 3, y la factura alcanzará los 26,34 euros, y así sucesivamente.

Con los nuevos criterios acordados hoy, el AMB bonificará el 100% de la cuota fija del tramo 1 (hasta 6 m3 / mes) y del tramo 2 (hasta 9 m3 / mes) a personas y familias en las siguientes circunstancias: familias con todos sus miembros en paro; personas que perciban la pensión mínima; personas y unidades familiares que acrediten que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica; y personas o familias con un informe de los servicios sociales de su Ayuntamiento que las sitúe en riesgo de exclusión residencial

Actualmente, la bonificación que ofrece la tarifa social del agua es del 50% de la cuota de servicio en los tramos 1 y 2, y cada municipio tiene acuerdos con la compañía suministradora para cubrir el 50% restante. "Con la nueva definición, el sistema de cobertura de las personas vulnerables ganará en homogeneidad y solidez, y se consolida la garantía de derecho de acceso para todos los hogares del AMB sea cual sea su situación socioeconómica", asegura Badia.

El área de Ecología estima que esta medida llegará a 60.662 unidades familiares, cifra que representa el 4,81% del total de usuarios domésticos de los municipios abastecidos por ABEMCIA. La modificación de la ordenanza reguladora acordada hoy entre el AMB y los municipios metropolitanos se llevará a votación en el Consell Metropolità del mes de marzo, y se prevé que pueda entrar en vigor a mediados del 2021.

Esta reformulación se suma a la batería de medidas que el AMB ha puesto en marcha desde el inicio de la pandemia, relacionadas con sus competencias, para suavizar el impacto negativo en el ámbito económico. Entre ellas se encuentran una línea de ayudas, dotada con un millón de euros, para hacer frente al pago de la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (TMTR) y el tributo metropolitano; el aplazamiento del pago para autónomos y pymes del recibo de la TMTR y del recibo de energía para usuarios de Barcelona Energia; la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Ambiental (PSA), dotado con 110 millones de euros, con medidas referidas a la transición ecológica y la movilidad sostenible; el programa ApropAMB, para reactivar la economía metropolitana; o el aplazamiento del pago de los alquileres de pisos y locales del IMPSOL y REGESA.

La tarifa social se puede solicitar en cualquier momento a la compañía que preste el servicio de abastecimiento de agua, cuyos contactos están en la web del AMB. No obstante, y en virtud de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, no se interrumpirá el suministro de energía y agua de las personas que no puedan hacer frente a los recibos.