El pleno pide que la ciudad sea considerada área de mercado de vivienda tenso hasta 2026

El pleno municipal de El Prat ha solicitado que toda la ciudad sea considerada como área de mercado de vivienda tenso al menos hasta finales de septiembre de 2026, lo que permitiría regular los precios del alquiler, y ha reclamado al Gobierno central que incluya el control de estos precios en la ley estatal de vivienda.

Asimismo, el plenario ha aprobado movilizar un total de 260.000 euros para ayudar a las familias que tienen dificultades en pagar alquileres sociales y para incentivar la inclusión de pisos en la bolsa de Prat Espais; y 1,2 millones de euros para adquirir nuevas viviendas públicas.

Estas medidas aprobadas en la sesión celebrada ayer miércoles se suman al impulso de casi tres centenares de pisos públicos de alquiler asequible que se promueven en el Eixample Sud y en el Plan Local de Vivienda que se está elaborando actualmente.

La declaración de mercado de vivienda tenso, que pueden solicitar los ayuntamientos, y que debe terminar aprobando el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), es un requisito imprescindible para poder regular los precios de los alquileres. Así lo delimita la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado mes de septiembre.

De hecho, desde la aprobación de esta ley en el Parlamento automáticamente todos los municipios del área metropolitana de Barcelona de más de 20.000 habitantes, entre ellos El Prat, quedaron declarados como áreas de mercado de vivienda tenso durante un año, periodo que finalizaría el próximo 22 de septiembre de 2021.

Lo que solicita ahora el consistorio pratense al AMB es prorrogar esta declaración cinco años más a partir de esta fecha. En estos momentos, tal como aseguran fuentes municipales, El Prat cumple con el 15% de vivienda social y asequible (del conjunto del parque residencial de la ciudad) que marca el Objetivo de Solidaridad Urbana de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya de 2007, por la conjunción de diferentes políticas en esta materia (parque público de alquiler del Incasòl, de la Cooperativa Obrera de Viviendas o de la Bolsa de Prat Espais, alquileres de renta antigua, vivienda de protección oficial de propiedad, etc).

"Pero la previsión de descalificación de viviendas protegidas de los próximos años y la finalización de los contratos de renta antigua, sumados al crecimiento demográfico, y por tanto de la demanda de vivienda, y la escasa oferta de alquiler hacen necesaria la adopción de nuevas medidas para garantizar la asequibilidad de los arrendamientos", remarcan desde el Ayuntamiento.

La petición al organismo metropolitano para que toda la ciudad sea considerada área de mercado de vivienda tenso durante cinco años más se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto de Ciudadanos, que se ha posicionado en contra.

Aprobación de la bases de ayudas al alquiler

En materia de vivienda, el pleno municipal también ha aprobado las bases reguladoras de dos convocatorias de ayudas al alquiler, con el voto favorable de todos los grupos, excepto de Ciudadanos, que se abstuvo.

Por un lado, se ha dado luz verde a las bases de las subvenciones para el pago del alquiler social de 2021, que se enmarcan en la convocatoria de ayudas anual de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). El Ayuntamiento mantiene un convenio con la AHC para tramitar y gestionar conjuntamente estas ayudas, que el pleno municipal ha aprobado prorrogar.

Además, el consistorio complementa las ayudas facilitadas por la Generalitat para prevenir situaciones de exclusión residencial. Concretamente, para la convocatoria de este año se prevé destinar a tal fin 200.000 euros.

Por otra parte, también se han aprobado las bases para la concesión de subvenciones dirigidas a los propietarios de vivienda, para incentivar que incluyan sus pisos en el programa de la Bolsa de mediación para el alquiler social, que gestiona Prat Espais. Con esta finalidad, el Ayuntamiento prevé asignar durante el 2021 un total de 60.000 euros, que se destinarán fundamentalmente a la reforma y rehabilitación de viviendas vacías para que estén en condiciones adecuadas para entrar en la bolsa de alquiler social, o bien para garantizar el adecuado mantenimiento de aquellas que ya forman parte.

Una de las novedades de esta convocatoria es que ofrece a aquellas personas que no pudieron optar a las ayudas de 2020 a pesar de haberlas solicitado, por el agotamiento del presupuesto, a que puedan optar de forma preferentemente a las subvenciones de este año.

El paquete de medidas en defensa de una vivienda digna aprobado en el plenario se completa con una moción que pide la aprobación de una ley estatal de vivienda, que incluya la regulación del precio del alquiler, aprobada con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto Ciudadanos, que votó en contra. También se solicita que esta ley incluya otras acciones para promover la asequibilidad de los alquileres, como el incremento del parque público de viviendas de arrendamiento o la cesión obligatoria del uso temporal de los pisos de grandes tenedores con esta finalidad.