“La crisis conlleva un recrudecimiento de las situaciones de vulnerabilidad y un crecimiento de las desigualdades sociales”

Desde que en marzo de 2020 se decretara el primer Estado de Alarma, la Diputación de Barcelona ha demostrado su compromiso con los municipios, dándoles todo el apoyo necesario para hacer frente a la crisis derivada del COVID-19. De hecho, el organismo provincial ha destinado más de 100 millones de euros durante este primer año de pandemia, y uno de los ejes de la acción política de la corporación está siendo el de ayudar a reactivar el territorio a través de las políticas sociales. La presidenta del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar, Lluïsa Moret, desgrana en esta entrevista concedida a EL FAR las principales líneas de actuación en este ámbito.

-Una de las líneas de trabajo de la Diputación de Barcelona es el refuerzo de las políticas para la cohesión social. ¿Cuáles son las acciones que se están impulsando desde el organismo provincial para dar respuesta a las situaciones de emergencia y exclusión provocadas por la pandemia?
-Desde el inicio de la pandemia hemos adoptado acciones para dar respuesta a situaciones de emergencia social, que han pasado por un refuerzo de programas como la teleasistencia; las tarjetas monedero para el acceso a la alimentación; el apoyo a profesionales de recursos de atención a las violencias machistas o la adaptación del programa de mediación ciudadana, entre otras.

Ahora, sobre todo, estamos trabajando en proyectos estratégicos con una voluntad transformadora para promover la cohesión y sostenibilidad social haciendo frente a situaciones de desigualdad persistente que con el COVID-19 se han acentuado.

En este sentido, en primer lugar, impulsamos una línea estratégica y un proyecto transformador centrado en el derecho a una vida digna con las necesidades básicas cubiertas y para ello estamos desarrollando con los municipios de la provincia de Barcelona un modelo de garantía de ingresos local más eficiente y conectado con las prestaciones de garantía de rentas del conjunto de administraciones.

Una segunda línea estratégica de trabajo es la acción comunitaria para la igualdad, la cohesión social, la salud y el bienestar y ello da lugar a un proyecto transformador de barrios y comunidades, con el que pretendemos incidir de forma holística en barrios en situación de especial vulnerabilidad social y urbana, fomentando la participación y los vínculos vecinales.

La tercera línea de intervención son los cuidados en la comunidad que queremos fortalecer con el proyecto hacia un nuevo sistema público de cuidados que trabaja para la mejora de la atención al domicilio, el apoyo a personas mayores en situación de soledad no deseada, la corresponsabilidad en los cuidados, el apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, así como la profesionalización y el reconocimiento del sector laboral de los cuidados.

El cuarto eje estratégico de intervención es la igualdad de género y la erradicación de las violencias machistas con un proyecto que trabaja en la transversalización del abordaje de las violencias, desde un enfoque interseccional.

Y, finalmente, también ponemos la mirada en la infancia y la adolescencia con un quinto proyecto transformador que pretende incidir en sus necesidades sociales y emocionales, así como específicamente en la mejora de hábitos de salud y la prevención de riesgos asociados a las tecnologías.

-Uno de los servicios con los que cuenta la corporación es el de intermediación de deudas de la vivienda. ¿Se han incrementado las consultas tras el estallido de la crisis?
-Si bien durante el transcurso del primer período, tras la declaración del Estado de Alarma, se produjo un descenso del número de consultas como consecuencia de la paralización generalizada de toda la actividad y por las medidas sociales adoptadas, a partir de la primavera aumentó de forma significativa el número de consultas en materia de intermediación de deudas de la vivienda, hasta situarse el 2020 como el año récord en número de casos que han accedido al servicio desde su puesta en marcha en 2012. En 2019 el número de expedientes de intermediación iniciados fue de 1.908, mientras que el 2020 cerró con una cifra de 2.408 casos, lo que significa un aumento del 26%.

Y no solo ha crecido el número de casos, sino que estamos ante situaciones de mayor vulnerabilidad, consecuencia del impacto económico y social de la crisis. Así, las atenciones más numerosas se produjeron en el ámbito del alquiler con grandes tenedores y en el de ocupaciones, pasando la intermediación hipotecaria a un reducido segundo plano.

Estas cifras coinciden con la apertura durante el último trimestre de 2020, de 3 nuevas oficinas del Programa SIDH (Servicio de Intermediación de la Deuda Hipotecaria), una de ellas en el municipio de Cornellà, con las que se completa el despliegue total con 44 puntos de atención para dar cobertura a todos los municipios de la provincia, un proceso iniciado en 2012.

 -También destacan las tarjetas monedero de impacto social, un programa que está creciendo de forma exponencial desde el inicio de la pandemia. ¿Qué ofrece exactamente?
-Efectivamente el programa ha crecido sensiblemente. En 2020 se ha producido un incremento del 56% de municipios adheridos respecto al año anterior; y el número de tarjetas solicitadas ha experimentado una evolución al alza desde que se inició el Estado de Alarma, creciendo un 120%, es decir más que duplicando el número de tarjetas, con un total de 15.021 solicitadas desde marzo del 2020. Unos datos que ponen de relieve la situación de necesidad con la que se encuentran muchas familias al ver reducidos drásticamente sus ingresos.

Este programa dota a los Servicios Sociales de un nuevo instrumento de gestión de las prestaciones económicas dirigidas a garantizar el acceso de productos de primera necesidad y alimento fresco, favoreciendo al máximo la autonomía, la promoción y la corresponsabilidad de las personas.

-¿Cuál es el perfil de las personas que requieren de este servicio?

Las persones beneficiarias de este programa son personas en situación de vulnerabilidad atendidas y seleccionadas desde los Servicios Sociales de cada ayuntamiento. Estas personas pueden realizar su compra en cualquier comercio incrementando su capacidad de compra y de elección, evitando al mismo tiempo la estigmatización, sin tener que acudir a los centros benéficos de reparto de alimentos. Por ello consideramos esencial la función que está desarrollando el recurso, tanto en el acompañamiento de la situación de dificultad que afrontan las familias como el recurso que representa para los y las profesionales que las atienden.

 
-El proyecto transformador Barrios y Comunidades realiza una intervención en determinadas zonas con alta vulnerabilidad social y urbana desde una acción comunitaria. ¿Cree que ahora es más necesario que nunca para, precisamente, evitar que aumente la desigualdad y la marginalidad?
-Nuestras ciudades y pueblos tienen que hacer frente a importantes retos de carácter estructural y que tienen un doble impacto: territorial (concentración en unos territorios de bolsas de riqueza y pobreza) y social, asociados a una fuerte vulnerabilidad. Ésta es una realidad que se ha multiplicado con la crisis sanitaria, económica, social y emocional generada por la pandemia, que sin duda no nos afecta a todas y todos por igual.

La crisis conlleva un recrudecimiento de las situaciones de vulnerabilidad y un crecimiento de las desigualdades sociales. Es por ello que son imprescindibles políticas de lógica comunitaria e interseccional para generar comunidades inclusivas, entornos protectores de la exclusión, y hacer frente a las situaciones de segregación social y urbana que se encuentran en el origen de las situaciones de pobreza y exclusión crónicas. Esto es lo que pretende el proyecto de Barrios y Comunidades, motor de transformación social, desde una mirada que sitúa a las personas en el centro, tanto sus necesidades como sus capacidades, así como la potencialidad de las comunidades si cuentan con los apoyos necesarios.  

-El presupuesto para 2021 también incide en la mejora de las políticas de salud pública local, ayudando a los ayuntamientos a realizar sus propios planes de contingencia. ¿En qué han de consistir estos planes?  
-Los ayuntamientos tienen la obligación legal de prevenir los riesgos para la salud originados del consumo de alimentos y bebidas, así como de los derivados del entorno en que vivimos (plagas, legionelosis...) y en los equipamientos municipales (piscinas…). Además, los municipios tienen un papel fundamental en la promoción de estilos de vida saludables entre la ciudadanía, así como en contribuir al desarrollo de pueblos y ciudades más saludables.

La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de que todos los servicios municipales de salud pública adapten su actividad a la situación de emergencia sanitaria y resulta imprescindible preparar a los municipios para incrementar su resiliencia frente a futuras crisis sanitarias.

En este sentido, la finalidad de los planes de contingencia es establecer los procedimientos, la organización y los recursos necesarios para que los servicios municipales de salud pública garanticen la prestación de los servicios y coadyuven a minimizar el impacto que ocasiona una situación de pandemia. Para ello, hemos elaborado un documento marco y un manual de implementación y ofrecemos acompañamiento para la adaptación a cada realidad municipal.

-¿Por qué es importante que los municipios dispongan de estos planes?
-Fundamentalmente porque hemos aprendido que debemos prepararnos para futuras crisis sanitarias. El cambio climático es una realidad innegable con graves efectos sobre nuestra salud. A las olas de calor y de frío o a los temporales, que cada año van en aumento, cabe considerar otros riesgos para la salud como la vivida este año con el SARS-COV-2, los casos de virus del Nilo Occidental y otras que, desafortunadamente, vendrán en el futuro.

La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha generado un escenario de excepcionalidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de respuestas globales. Pero también ha puesto de relieve el papel fundamental de los ayuntamientos en la protección de la salud de la ciudadanía. Por ser la administración más próxima, son la primera puerta de acceso a les demandas y a las necesidades de los vecinos y vecinas. Además, desde los ayuntamientos se administran y ejecutan la mayoría de decisiones tomadas por las otras administraciones, y la mirada local es la que dispone de un conocimiento más preciso y real del territorio, así como de las dinámicas sociales y culturales.

-¿Cómo valora el papel que están protagonizando los ayuntamientos del Baix Llobregat para paliar los efectos devastadores de esta crisis, especialmente en el ámbito social?
 -Los municipios del Baix Llobregat han mantenido un papel proactivo desde el inicio de esta terrible pandemia que estamos padeciendo, tanto en el ámbito social como en el  la salud pública. En el ámbito social, un ejemplo de ello es que, durante el primer período de confinamiento, de marzo a mayo del 2020, desde la Diputación pusimos en marcha dos dispositivos para acoger a todas las personas sin hogar, así como a familias con problemas de alojamiento y, por tanto, en situación de máxima vulnerabilidad. Uno de estos dispositivos se ubicó en el albergue que Fundesplai tiene en El Prat, con más de 40 plazas; y otro lo creamos en un centro propio de la Diputación de Barcelona con capacidad para 32 familias. Estos dos dispositivos, dirigidos de forma exclusiva a municipios del Baix Llobregat, son dos buenos ejemplos de la actitud proactiva y preventiva que han mantenido los municipios de esta comarca durante los momentos más difíciles de la pandemia.

Sin centrarnos únicamente en el COVID-19, en el ámbito de la salud y de la prevención de nuevas pandemias, valoramos muy positivamente el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es una entidad de referencia en el ámbito del control integral de plagas con solvencia técnica y científica contrastada, y no existe similar en la provincia de Barcelona. Su papel en el control de mosquitos y otros insectos es fundamental. La presencia del mosquito tigre es muy molesta por el elevado número de picaduras que causa, y debe controlarse su presencia en todos los municipios porque tiene la capacidad de actuar como transmisor de enfermedades como el Chikungunya, Dengue y Zika, entre otros. Justamente, para evitar estos riesgos para la salud, la Diputación de Barcelona, junto con la Generalitat de Catalunya y otras entidades, prestan apoyo económico a este servicio del Baix Llobregat.

-¿Qué más se puede y se debe hacer para garantizar una vida digna a los ciudadanos y avanzar hacia un futuro con más igualdad y cohesión social?
-Es necesario reforzar las políticas de garantía de ingresos junto con unos servicios sociales fortalecidos para mejorar el acompañamiento social y emocional a las personas en un contexto de ruptura de muchos proyectos de vida. A la vez, hay que dotar a este acompañamiento de una dimensión comunitaria, capaz de hacer frente a los riesgos de exclusión, discriminación y fractura social.  

Ante estos retos debemos construir un compromiso, desde lo más local, la proximidad, los barrios, los municipios, las entidades, los comercios, las empresas, las universidades, hasta todos los niveles de la administración e instituciones internacionales. Necesitamos reforzar el compromiso público y las alianzas sociales para un cambio social, para una transformación que haga posible municipios con equidad, inclusión y sostenibilidad social.

-La Diputación de Barcelona se ha adherido a la Alianza País Pobreza Infantil Cero. ¿En qué consiste esta iniciativa?
-La Alianza es la iniciativa del Alto comisionado para aunar esfuerzos del ámbito público y privado con el objetivo de reducir significativamente las situaciones de pobreza y carencia material en las que crece la infancia, promoviendo la equidad y, por tanto, la igualdad de oportunidades.

-¿Usted no cree que se podrían destinar más recursos económicos a luchar contra la pobreza infantil?
-Hay que seguir trabajando en el desarrollo y la accesibilidad al Ingreso Mínimo Vital para que pueda llegar a todas las familias en situación de vulnerabilidad, ya que sabemos que es una herramienta efectiva contra la pobreza infantil. De hecho, como nos decía el Alto comisionado, dos de cada tres de sus receptores son menores.
También hay que seguir trabajando en reequilibrar el gasto del Estado del Bienestar: extender las políticas de rentas a los menores de 23 años, apostando por una Renta Infantil garantizada; reformar el sistema fiscal para acompañar de forma más efectiva la crianza; promoviendo bonificaciones y tarifaciones para los hogares con menores a cargo (especialmente para los monomarentales y familias numerosas); y trabajar de forma intensiva para garantizar el acceso al mercado laboral y que las condiciones de éste aseguren el desarrollo de una vida digna.

 -¿Hace falta un pacto de Estado para combatir la pobreza infantil, como reclaman muchas ONG?
-Más allá de la visualización de determinados consensos, es necesario que se impulsen políticas que garanticen los derechos de la infancia y la igualdad de oportunidades. Esto es una tarea en la que, si bien los gobiernos tienen un papel central, es necesario también la colaboración e implicación de todos los agentes sociales.