Las administraciones y Endesa firman un acuerdo histórico para condonar la deuda a personas vulnerables

La Generalitat de Catalunya y las administraciones locales han firmado hoy con la compañía Endesa el acuerdo para condonar la deuda acumulada de 35.000 familias vulnerables entre 2015 y 2020, así como el convenio para regular el coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero de 2021, que la compañía asumirá en un 50%. El objetivo no es otro que defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, protegerlas de cara al futuro, y ofrecer seguridad jurídica a los entes locales.

El acuerdo supone la regulación, por primera vez, de la aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impide la interrupción de los suministros energéticos a las familias vulnerables. Gracias a esta ley, se han impedido 63.000 cortes eléctricos a familias vulnerables en Catalunya, un paso necesario para defender los derechos más básicos y la seguridad de miles de familias.

Pero era necesario un convenio regulador de la administración con las empresas suministradoras para cancelar la deuda generada desde la aprobación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2020 y para regular el gasto generado por las situaciones de pobreza energética a partir del 1 de enero de 2021. Según Endesa, la deuda acumulada desde la aprobación de la ley en 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020 asciende a 38.793.524 euros.

Con los dos convenios firmados hoy, y que servirán de modelo para negociar con el resto de empresas suministradoras de gas y electricidad, las administraciones y las compañías se corresponsabilizan del gasto social que supone la pobreza energética para proteger a las personas vulnerables.

La voluntad de las administraciones y las entidades sociales es la de abordar, de manera integral, la gestión de la pobreza energética en Catalunya. Por ello, el convenio también indica que la Generalitat impulsará un plan específico, con la participación de todos los agentes implicados, y especialmente las administraciones locales y el tercer sector social, para mejorar el conocimiento del fenómeno y prevenir las situaciones de la pobreza energética, así como para establecer programas y acciones de intervención social, de consumo y de vivienda para mejorar la situación de los hogares afectados y evitar la cronificación de las situaciones de pobreza energética.

El acuerdo se ha trabajado y negociado a través la Mesa para abordar la pobreza energética, formada por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el departamento de Empresa y Conocimiento, las cuatro diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ​​la Federación de Municipios de Catalunya, la Asociación Catalana de Municipios, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya.

Para paliar la pobreza energética, y en paralelo a este acuerdo, el AMB ha destinado hasta el año 2019 un total de 11 millones de euros. "Además, en el año 2020, con la creación del nuevo Plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales desde 2020 hasta 2023 y del Plan ApropAMB, se pusieron a disposición de los municipios un total de 24,6 millones de euros para llevar a cabo, entre otras políticas sociales, medidas tanto paliativas como preventivas contra la pobreza energética", ha remarcado durante la firma del acuerdo el director del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB, Héctor Santcovsky.

En su parlamento, la diputada de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha calificado el acuerdo de "necesario y trascendente" y ha destacado que "explicita la voluntad de actuar con decisión a favor de los derechos de toda la ciudadanía, sin exclusiones de ningún tipo". Moret ha resaltado que "el municipalismo no ha fallado" y ha recordado que durante los últimos cuatro años la Diputación de Barcelona ha destinado dos millones de euros a la lucha contra la pobreza energética, tanto con ayudas directas como con medidas preventivas. "Por eso debemos seguir trabajando para garantizar que las familias tengan las necesidades básicas cubiertas", ha insistido, tras añadir que "estamos convencidos de que este acuerdo aportará una mejora en la calidad de vida de las familias más vulnerables de nuestros pueblos y ciudades y al mismo tiempo contribuirá en avanzar en la cohesión y la sostenibilidad social de nuestros territorios".

Además del apoyo económico, la Diputación de Barcelona ofrece a los entes locales de la provincia el programa Auditorías e intervención en las viviendas en situación de pobreza energética, que comenzó a gestarse en 2016 y que tiene por objetivo mejorar la eficiencia energética de los hogares en situación de pobreza energética, reducir los gastos de los suministros -electricidad, agua y gas u otros combustibles- y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias. Las intervenciones comienzan con la visita a los hogares y la detección de necesidades mediante auditorías energéticas, e incluyen las tramitaciones necesarias para reducir el consumo y reducir el importe de las facturas, la instalación de material de bajo coste y un proceso de sensibilización y formación a las familias. En las dos ediciones del programa de 2018 y 2019 se llevaron a cabo cerca de 3.000 auditorías.

La firma del acuerdo de hoy y del protocolo de colaboración entre las administraciones públicas y Endesa comportará la cancelación total de la deuda acumulada a 31 de diciembre de 2020 para las personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial. Endesa asumirá íntegramente la deuda contraída por estas personas y familias vulnerables desde el inicio de la entrada en vigor de la Ley 24/2015 (el 6 de agosto de 2015) hasta el 31 de diciembre de 2018. En cuanto a la deuda de los años 2019 y 2020, el 50% lo asumirá Endesa y el otro 50% las administraciones firmantes (la parte correspondiente a las administraciones la asumirán la Generalitat en un 75% y las administraciones supralocales en un 25%. El pago de este 50% de la deuda de 2019 y 2020 correspondiente a la administración lo realizará la Generalitat en tres abonos de igual cuantía a Endesa en los próximos dos años y medio.

Previamente, las administraciones públicas deberán verificar la información y documentación facilitada por Endesa, para comprobar la vigencia de la deuda y que, efectivamente, las personas y familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial de acuerdo con la Ley 24/2015.

Las administraciones se comprometen a verificar los datos de la deuda antes del próximo 31 de mayo. Según los datos aportados hasta el momento por Endesa, se trataría de aproximadamente 35.000 familias en situación de vulnerabilidad social, que suponen una deuda acumulada entre 2015 y 2020 de 38.793.524 euros. De esta cuantía, la deuda generada con facturas correspondientes a los años 2019 y 2020 asciende a 21.316.964 euros.