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Miércoles, 28 de Abril de 2021
OPINIÓN

EDITORIAL. Un derecho fundamental

MARÍA JOSÉ ESPINOSA. Directora ELFAR.CAT

[Img #36668]La extraordinaria situación generada por la pandemia del COVID-19 nos está dando grandes lecciones a muchos niveles y en diferentes ámbitos. La alimentación es uno de ellos. De hecho, durante este último año se ha evidenciado el papel fundamental de este sector, pero también se ha puesto todavía más de manifiesto las fragilidades de un sistema alimentario globalizado, así como de las desigualdades existentes.


La alimentación es una necesidad primaria, uno de los elementos básicos para la vida de las personas, y que tiene impactos significativos a nivel ambiental y socieconómico. Por eso son muchas las voces que reclaman que sea elevada a rango de política pública transversal y que se aúnen todos los esfuerzos posibles para transitar hacia un nuevo modelo alimentario más localizado, sano, justo, bajo en carbono y ecológico. En definitiva, un sistema más resiliente y sostenible.


Para ello se deben tener en cuenta los espacios donde se producen los alimentos y dotarlos de eficientes instrumentos de gestión. Uno de ellos es el Parque Agrario del Baix Llobregat, que ha de tener un papel fundamental en la infraestructura metropolitana. Lo cierto es que el futuro de la metrópolis no se puede pensar sin este espacio privilegiado que genera trabajo y productos de proximidad, un hecho que va en consonancia con la apuesta por caminar hacia la soberanía alimentaria de sus más de tres millones de habitantes.


El Parque Agrario constituye una de las zonas agrícolas más antiguas y fértiles de Catalunya y cuenta con un patrimonio cultural, económico y ecológico de primer orden. Considerado históricamente como la huerta de Barcelona y su área metropolitana, es una de las mayores riquezas que tenemos en el territorio, ya que estamos hablando de un gran espacio ambiental, paisajístico y productivo, con una importantísima función de suministro de alimentos frescos.


Pero también es una zona sometida a una fuerte presión urbanística, demográfica y de infraestructuras, y castigada cada vez más por los efectos del cambio climático, como lo evidencian los daños ocasionados por los reiterados episodios de tormentas y fuertes lluvias. La afectación provocada por la borrasca Gloria, por ejemplo, se tradujo en pérdidas de 1,5 millones de euros en los terrenos agrícolas de Gavà y de 700.000 euros en los de Viladecans.


Por este motivo, si queremos que se mantenga la agricultura en el Baix Llobregat, y preservar este espacio estratégico tanto para la comarca como para la metrópolis, las administraciones competentes han de hacer un esfuerzo decidido. Éste se ha de traducir en una mejora de las infraestructuras (sobre todo de la red hidráulica y los sistemas de drenaje) para garantizar el cultivo; en la realización de un plan económico de desarrollo de la agricultura y de apoyo a las empresas que trabajan en él para que tengan rendimientos, y en una gestión compartida de todo el territorio.


En definitiva, hacer todas las inversiones necesarias para la supervivencia del Parque Agrario, ya que de lo contrario estaría en peligro de desaparición. Y eso es algo que no nos podemos ni debemos permitir. Pero no únicamente se ha de garantizar la viabilidad de las explotaciones, sino también el relevo generacional entre los agricultores.


Barcelona y los municipios metropolitanos representan durante todo este año 2021 la Capitalidad Mundial de la Alimentación Sostenible. Este evento de relevancia global supone una oportunidad única para analizar de cerca nuestro sistema alimentario y abordar la transición hacia otro modelo en el que se consiga fortalecer las economías locales sostenibles y mejorar la salud de las personas, así como la del conjunto del planeta. Además, es una gran ocasión para generar nuevos vínculos entre el mundo rural y el urbano y regenerar el respeto y el cuidado hacia el origen de los alimentos y hacia quien los produce.


La relación entre alimentación y salud es irrebatible. Por este motivo, garantizar la salubridad y la seguridad de aquello que consumimos se convierte en uno de los principales objetivos de las políticas alimentarias, que son claves por su capacidad de generar procesos de transformación social hacia unos municipios más resilientes, prósperos y cohesionados.

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