EDITORIAL. Reto planetario

La situación del planeta nos apremia para que tomemos medidas contundentes y eficaces de una vez por todas para hacer frente a la emergencia climática. La primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada la semana pasadal en el Congreso de los Diputados es, sin duda, una buena noticia, ya que marca retos concretos como, por ejemplo, que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable en el año 2050, o que las emisiones de gases de efecto invernadero se han de reducir al menos un 23% con respecto a los niveles de 1990.

Son muchas las ciudades y organismos que han declarado emergencias climáticas, pero ya no basta únicamente con buenas intenciones. Se ha de pasar a la acción, porque si no se hace las consecuencias a medio plazo pueden ser devastadoras.

Ya no estamos hablando de una amenaza, sino de un problema irreversible y de una realidad innegable, que nos interpela a toda la sociedad. No podemos perder más tiempo porque no hay un planeta B; y, por este motivo, es necesario acelerar la transición hacia una energía limpia y un futuro descarbonizado.

Nadie discute que a lo largo de la historia los combustibles fósiles nos han permitido un gran desarrollo. Pero su uso continuado en el tiempo está modificando de una forma global el clima en el mundo, ya que provocan gases de efecto invernadero, que están dañando gravemente al planeta.

Por eso ha llegado el momento de pasar de una economía de carbono a otra que no ocasione consecuencias nocivas. Y eso requiere de la implicación colectiva y de una visión estratégica compartida. Todos hemos de ser partícipes de este cambio: las administraciones, garantizando una transición justa de forma que llegue a todos los sectores de la sociedad; las empresas, que deben cambiar sus sistemas de producción tradicionales por otros más sostenibles, y la ciudadanía en general, introduciendo nuevas prácticas en ámbitos como la movilidad, el consumo o el reciclaje.

La transición energética conlleva una transformación muy importante en todas las esferas de nuestra vida; pero también supone una gran oportunidad para democratizar la economía, ya que hasta el momento se ha impuesto el modelo energético de oligopolio, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas. Ahora tenemos la ocasión de avanzar hacia una soberanía energética real, potenciando los proyectos de comunidades locales, las experiencias público-comunitarias y las pequeñas instalaciones de fuentes renovables que contribuyan, a su vez, al equilibrio territorial y que garanticen el acceso básico de la energía a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En definitiva, una transición energética al servicio de la ciudadanía y verdaderamente sostenible.

Los municipios y los gobiernos locales son una pieza clave para lograrlo. Y, por este motivo, un gran número de ayuntamientos de toda España, entre ellos los de Viladecans, Sant Boi, El Prat y Sant Feliu, han pedido al Gobierno más capacidades y recursos para fomentar la transición energética desde el ámbito municipal. En líneas generales, solicitan herramientas para impulsar las comunidades energéticas y que éstas puedan operar como suministradoras, así como que puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia energética. Asimismo, reclaman crear marcos locales de intervención que permitan hacer de la energía un vector de transformación de las ciudades.

También los fondos Next Generation de la UE pueden convertirse en una poderosa palanca para impulsar proyectos de alta rentabilidad social y encaminados a alcanzar el ambicioso Pacto Verde Europeo, que apuesta por una economía baja en carbono, a través de una estrategia industrial europea y un plan de acción en materia de economía circular, para llegar al año 2050 a cero emisiones de efecto invernadero.

Ya ha empezado la cuenta atrás. El tiempo se nos agota.