El mundo local defiende la gestión pública del agua

Más de 40 alcaldes, alcaldesas y representantes del municipalismo catalán presentaron ayer un manifiesto conjunto contra la judicialización de las remunicipalizaciones del servicio local del agua. El acto, celebrado en Terrassa, fue convocado por la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP).

El punto en común de la mayoría de estos municipios es que han visto cómo, durante los últimos años, sus procesos de recuperación de la gestión directa del servicio del agua se habían de decidir en los juzgados. "Aunque se trata de una competencia reservada a los ayuntamientos, y que la ley reconoce que son justamente éstos los que tienen que decidir cuál es el modelo de gestión que más conviene, los convocados denuncian una estrategia de 'lawfare' dirigida por los operadores privados, que recorren e impugnan sistemáticamente las decisiones de los consistorios", señalan desde el Ayuntamiento de El Prat. En el caso concreto de esta ciudad, la gestión pública del agua fue pionera en Catalunya y es gestionada por la sociedad municipal Aigües del Prat, creada en 1988.

En el acto de ayer se denunció especialmente la actitud de Agbar, "que sistemáticamente está impugnado las decisiones democráticas de los municipios por recuperar la gestión directa, promoviendo todo tipo de litigios", lamentan desde el Ayuntamiento de El Prat. De hecho, los diferentes municipios denuncian contundentemente en el manifiesto "la obsesión de Agbar de anteponer sus intereses y su necesidad de repartir beneficios y dividendos, a costa de las decisiones democráticas de los ayuntamientos, la soberanía municipal, el interés público y la voluntad de su ciudadanía de mantener un servicio esencial y un derecho humano como el agua bajo la esfera pública".

Asimismo, también denuncian también "una estrategia que, incluso, está impidiendo que los municipios abran el debate a su ciudadanía sobre qué modelo de gestión querrían". Sería el caso reciente de Barcelona, ​​donde se ha impedido mediante una impugnación judicial la consulta ciudadana sobre la gestión del agua que quería impulsar el Ayuntamiento, "criminalizando cargos electos, funcionarios públicos y la sociedad civil organizada que la promovió" .

Según dice el manifiesto, "se ha llegado a un punto que cuando un ayuntamiento, tras una decisión democrática de su pleno municipal, emprende el camino hacia la gestión pública del agua, no s0lo tiene que hacer frente a los retos técnicos, organizativos y administrativos que supone asumir el servicio, sino que también debe prepararse para hacer frente a contenciosos y litigios". Esto afecta especialmente a los municipios más pequeños, con poco personal y recursos limitados.

Entre los 40 municipios catalanes que participaron en el acto de ayer se encuentran los de El Prat, Sant Boi, Molins de Rei, Corbera, Collbató, Sant Feliu y Santa Coloma de Cervelló.