EDITORIAL. La ampliación del aeropuerto requiere de un consenso territorial

Los planes de Aena de ampliar el aeropuerto de El Prat, para los que prevé una inversión de 1.700 millones de euros, están generando una gran controversia en nuestro territorio. Son muchas las voces que se muestran a favor de la propuesta planteada por el ente gestor aeroportuario español, sobre todo los principales sectores empresariales, que consideran “inaceptable” rechazar la actuación en momentos de tanta necesidad económica.  

Pero también son numerosas las voces que discrepan absolutamente y que han mostrado su más rotundo rechazo, como entidades ecologistas, Unió de Pagesos o el Ayuntamiento de El Prat, que alertan de la grave afectación que provocaría en los espacios naturales del Delta del Llobregat -cuya degradación ya ha supuesto un severo toque de atención por parte de la Comunidad Europea (CE)-, así como en el Parque Agrario. Y todo ello sumado a la actual situación de emergencia climática, que requiere de actuaciones y respuestas urgentes.

Tanto unos como otros, partidarios y detractores, tienen argumentos más que sólidos. Nadie duda del peso económico que tiene el aeropuerto en su territorio de referencia, contribuyendo a generar en torno al 7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y casi 40.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos. Con la inversión prevista por Aena estas cifras, ya de por sí de gran envergadura, aumentarían de forma significativa. Se calcula que se generarían otros 83.000 puestos de trabajo directos y 356.000 indirectos, mientras que el PIB llegaría a ser del 9%, según un estudio realizado por la Universitat de Barcelona. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad para incrementar la actividad económica en momentos de gran dificultad como el actual a causa de la pandemia del COVID-19.

Además, es indiscutible que el aeropuerto de El Prat es una infraestructura imprescindible para captar talento y oportunidades, es decir, actividades de alto valor añadido. Por este motivo, la prolongación de la tercera pista, la que transcurre paralela al mar, convertiría al aeródromo barcelonés en un hub internacional, lo que nos haría ganar en competitividad y conectividad intercontinental porque facilitaría las rutas transoceánicas y de larga distancia.

Todas éstas son razones de peso para apostar por la controvertida ampliación. Pero no es tan fácil, puesto que también existen costes y amenazas que hay que tener en consideración. Una de ellas es la afectación que irremediablemente tendría en el Delta del Llobregat, sobre todo en la laguna de la Ricarda, que forma parte de la Red Natura 2000 y que conserva zonas de vegetación propia de las marismas y aves protegidas.  

Las medidas compensatorias anunciadas por Aena, que prevé resarcir cada hectárea perdida de zona protegida por 10 nuevas, no son suficientes para las entidades ecologistas. Además, hay que tener en cuenta que la CE es cada vez más exigente en materia de protección del medioambiente y que hace pocos meses ya amenazó a las autoridades competentes con sanciones por haber desatendido sus obligaciones y haber permitido el continuo deterioro del Delta del Llobregat como consecuencia de las anteriores expansiones del puerto y del aeropuerto.

Queda claro que los planes de Aena tienen beneficios, pero también altos costes. Por este motivo, es imprescindible que se lleve a cabo un diálogo constructivo y compartido, sobre todo con los municipios del entorno aeroportuario, que son los más afectados, para que tengan un papel activo. A excepción de El Prat, que ya ha mostrado su oposición sin paliativos a los planes de Aena, Gavà, Castelldefels, Sant Boi y Viladecans condicionan la ampliación a la limitación del impacto ambiental y acústico y, sobre todo, a que la intervención no vaya en detrimento de la calidad de vida de los vecinos.

Es importante no repetir los errores del pasado y actuar, antes de que sea demasiado tarde, sobre los diferentes impactos que la actuación podría suponer sobre el territorio. Sin duda, el aeropuerto es una infraestructura capital para el crecimiento económico y la competitividad del país, pero no puede pasar por delante de las personas ni del entorno natural. Así pues, es momento de escucha activa, diálogo y consenso entre todas las partes implicadas. Es la única manera de abordar este reto tan importante.

Las prisas no son nunca buenas consejeras. Además, las cifras actuales de operaciones diarias están muy lejos de las registradas antes de la pandemia. A día de hoy, con los datos del mes de mayo, el aeropuerto tiene un 90% menos de pasajeros.  

Las previsiones apuntan a que el volumen de tráfico no se restablecerá hasta el año 2024, así que hay tiempo más que suficiente para abordar la ampliación del aeropuerto de El Prat de forma consensuada. Es necesario que haya corresponsabilidad y abordar un debate público para alcanzar un gran acuerdo institucional. En definitiva, que todos los grupos de interés puedan plantear sus ideas y posteriormente evaluarlas en base a criterios sólidos, a través de un diálogo constructivo para concertar la mejor propuesta posible.