150 empresarios agroalimentarios rechazan ampliar la zona ZEPA en terreno agrícola

El Institut Agrícola de Sant Isidre ha levantado la voz de alarma ante la intención de la Generalitat de ampliar la zona ZEPA -Zona de Especial Protección de Aves– en la zona agrícola del Delta, ya que “arruinaría la economía del Baix Llobregat y del área metropolitana por el impacto en el futuro de las infraestructuras y la pérdida del hub agroalimentario del Baix Llobregat”. En este sentido el presidente de la patronal agroalimentaria catalana, Baldiri Ros, asegura en la editorial de la revista Drecera que "no es necesaria la ampliación de la ZEPA para compensar la ampliación del aeropuerto de 2006 y se podría hacer la actual ampliación sin ampliar las ZEPAS de zona agrícola”.

La patronal ha remitido una carta a la consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación, Teresa Jordà, en la que solicita que la Generalitat cumpla con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea en el 2006, que ha sido apoyada de forma individual por más de 150 empresarios del Baix Llobregat que han enviado su propia misiva, y que representan más del 70% de los afectados.

El Institut considera que, "además de los incumplimientos, la Generalitat propone una ampliación de 1.000 hectáreas de la zona ZEPA para ocultar su mala gestión argumentando en su favor que es una exigencia de la Comisión Europea, cosa que en ningún momento se propone en la Carta de Emplazamiento".

“No se puede sustituir un déficit de gestión crónica con nuevas ampliaciones de la zona ZEPA y más afectaciones a la zona agrícola”, se afirma desde el Institut y se detallan las propuestas del sector agroalimentario contra una ampliación de la protección que "con las limitaciones derivadas de un plan de gestión en una zona ZEPA: restricciones a los fitosanitarios, regadío, construcciones, infraestructuras, tipos de cultivo, retirada de la vegetación invasora, daños a la fauna, etc, difícilmente permitirían la competitividad de las empresas agrarias de la zona”.

El Institut Agrícola considera que la Generalitat y el Estado Español "no han cumplido con sus compromisos", lo que ha motivado que la Comisión Europea haya enviado una Carta de Emplazamiento en la que se insta a cumplir la Declaración de Impacto Ambiental del Baix Llobregat aprobada en la primera ampliación del aeropuerto.

La Carta de Emplazamiento señala, según recuerda la patronal, que: las autoridades españolas no han evitado el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies de aves por las cuales se designó como lugar de la Xarxa Natura 2000 del Delta del Llobregat, confirmaron la construcción de tres aparcamientos asociados a la terminal aeroportuaria ocupando la zona de exclusión establecida como corredor ecológico entre El Remolar y Els Reguerons, prevista como una de las medidas en el proyecto de ampliación del aeropuerto, sin haber sido objeto de una evaluación adecuada de sus efectos y sin Declaración de Impacto Ambiental.

"La Generalitat en su respuesta en el año 2015 a la Comisión aportó datos incorrectos e incurrió en contradicciones. Reseñó que los espacios de Ca l’Arana y la desembocadura del Llobregat fueron incluidos en la ampliación de 2006. Sin embargo, la Comisión constata que no se incluyen y pide su inclusión y un plan ambiental", aseguran desde la patronal.

La Carta de Emplazamiento insta “a la corrección de los incumplimientos pactados en la primera ampliación”, pero en ningún momento reclama que esta subsanación “se haga hipotecando la zona agrícola”, explican. "La Comisión Europa no ha pedido nunca más zona ZEPA, por lo que la ampliación de esta zona en 1.000 hectáreas es voluntad del Govern de la Generalitat, no una imposición de la Comisión Europa", aclaran.

El Institut Agrícola considera: que "no existe un plan de gestión del espacio, no hay presupuesto ni inversión real", lo que ha provocado "el abandono de la mayoría de infraestructuras hidráulicas de la zona"; que la "incomparecencia" del Agència Catalana de l'Aigua (ACA) durante más de 15 años "ha impedido que se desarrollara cualquier actuación para paliar los efectos de las inundaciones", y que el Consorcio del Delta del Llobregat, controlado por la Generalitat con un 50%, "no tiene ni presupuesto ni capacidad para garantizar la eficacia de las medidas".

Aseguran que los incumplimientos, consignados en la Carta de Emplazamiento de la Comisión, permitieron la ocupación de siete hectáreas para la construcción de los parkings, que se eliminó un corrector ecológico previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, y que estos se construyeron "sin Declaración de Impacto Ambiental previa, incumpliendo las obligaciones en la directiva sobre hábitats, dañando al territorio y frustrando las medidas compensatorias que pretendían asegurar la coherencia global de la Xarxa Natura 2000".

Desde la patronal ven necesario impulsar una “Operación verdad”, para poner en evidencia "la falta de diálogo de la Generalitat y su falta de transparencia ante los principales afectados, los agricultores, que no han sido ni consultados ni considerados".

A favor de rehacer la estrategia de ampliación del aeropuerto

Exigen a la Generalitat el inicio de negociaciones con los afectados, que se cumplan los compromisos como la renaturalización del espacio ocupado por los parkings, que se incluyan los espacios de Ca l’Arana y la desembocadura que no fueron incluidos, la confección de un plan de gestión con dotación presupuestaria y la realización de un estudio medio ambiental "que rediseñe una correcta planificación del territorio que no atente contra la actividad agrícola que afectaría directamente a la competitividad de la industria agroalimentaria y del territorio".

La ampliación de la zona ZEPA en terreno agrícola "atenta contra la industria agroalimentaria, que será menos competitiva, muchas empresas desaparecerán y no captará inversiones de futuro", según la patronal, que ante el nuevo escenario ve necesario “rehacer la estrategia de ampliación del aeropuerto", teniendo en cuenta que "las compensaciones son imprescindibles, así como la participación de los propietarios en las negociaciones”. Además, exige "que se convoque un procedimiento de concurso público donde las partes puedan manifestar sus reivindicaciones. La falta de transparencia existente hasta el momento es del todo inexcusable”.