OPINIÓN
Trabajamos a doble jornada y solo cobramos por una
VICTORIA CORBACHO. Responsable de Organización y Políticas de Igualdad de la UGT Baix Llobregat
Después de un día de trabajo completo son muchas las mujeres que llegan a sus casas y continúan con las labores de cuidado doméstico y personal. Tareas que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son desempeñadas por mujeres en un 80% de los casos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres destinan 26,5 horas a la semana a cuidar a hijos o familiares, realizar tareas domésticas y colaboraciones sin sueldo en ONGs, frente a las 14 horas de los hombres.
Con esta dedicación a las tareas de cuidado, las mujeres suplen la ausencia de un Estado de Bienestar fuerte que pueda hacerse cargo de personas dependientes por uno u otro motivo, creando una dependencia de la sociedad que lejos de reconocerse, el estado patriarcal “castiga” a las mujeres que se revelan contra esta “obligación” que nos inculcan desde nuestro nacimiento.
Es tanto así, que cuando dicha tarea se externaliza y se contrata fuera del seno familiar son las trabajadoras y trabajadores domésticos (ellos minoritarios en este sector) los que experimentan algunas de las peores condiciones de trabajo y son particularmente vulnerables a la explotación. Los trabajos en este sector son considerablemente impredecibles y ocasionales, viéndose afectados por una baja cobertura de la protección social y laboral. Además, la violencia y el acoso sexual está omnipresente en el sector del trabajo doméstico.
Toda esta situación se ve agravada por el escaso apoyo de los servicios públicos, que se han ido precarizando en materia de cuidados. La resolución a estas carencias no puede quedarse en que se distribuyan las cargas entre la pareja y en el ámbito familiar, porque la atención del cuidado que implica la sostenibilidad de la vida es una cuestión de lo público, no de lo privado.
Esta desigualdad en las responsabilidades domésticas redunda también en el crecimiento de la brecha salarial. Dedicar gran cantidad del tiempo a realizar estas funciones tiene como consecuencia que las mujeres sufran discriminación laboral, siendo penalizadas por dedicarse, entre otras cosas, al cuidado de los hijos. Además, la ausencia de tiempo derivada de encargarse solas de estas tareas "extras" supone que, en ocasiones, las empresas les den menos responsabilidades y menores posibilidades de promoción profesional.
La brecha salarial y, en el peor de los casos, la dependencia económica tiene también consecuencias en los casos de violencia, situaciones de las que algunas mujeres no se sienten capaces de escapar por no poder mantenerse económicamente, a pesar de haber dedicado sus jornadas completas al cuidado de la familia y el hogar.
Desligar estas actividades indispensables de la idea de que forman parte del 'rol femenino' es una tarea de todos, una evolución del imaginario colectivo, y como no, inseparable del deber de los poderes públicos de proveer de los servicios públicos necesarios. Y para lograrlo, se debe exigir duplicar los niveles actuales de inversión en educación, salud y trabajo social de aquí al 2030.
Después de un día de trabajo completo son muchas las mujeres que llegan a sus casas y continúan con las labores de cuidado doméstico y personal. Tareas que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son desempeñadas por mujeres en un 80% de los casos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres destinan 26,5 horas a la semana a cuidar a hijos o familiares, realizar tareas domésticas y colaboraciones sin sueldo en ONGs, frente a las 14 horas de los hombres.
Con esta dedicación a las tareas de cuidado, las mujeres suplen la ausencia de un Estado de Bienestar fuerte que pueda hacerse cargo de personas dependientes por uno u otro motivo, creando una dependencia de la sociedad que lejos de reconocerse, el estado patriarcal “castiga” a las mujeres que se revelan contra esta “obligación” que nos inculcan desde nuestro nacimiento.
Es tanto así, que cuando dicha tarea se externaliza y se contrata fuera del seno familiar son las trabajadoras y trabajadores domésticos (ellos minoritarios en este sector) los que experimentan algunas de las peores condiciones de trabajo y son particularmente vulnerables a la explotación. Los trabajos en este sector son considerablemente impredecibles y ocasionales, viéndose afectados por una baja cobertura de la protección social y laboral. Además, la violencia y el acoso sexual está omnipresente en el sector del trabajo doméstico.
Toda esta situación se ve agravada por el escaso apoyo de los servicios públicos, que se han ido precarizando en materia de cuidados. La resolución a estas carencias no puede quedarse en que se distribuyan las cargas entre la pareja y en el ámbito familiar, porque la atención del cuidado que implica la sostenibilidad de la vida es una cuestión de lo público, no de lo privado.
Esta desigualdad en las responsabilidades domésticas redunda también en el crecimiento de la brecha salarial. Dedicar gran cantidad del tiempo a realizar estas funciones tiene como consecuencia que las mujeres sufran discriminación laboral, siendo penalizadas por dedicarse, entre otras cosas, al cuidado de los hijos. Además, la ausencia de tiempo derivada de encargarse solas de estas tareas "extras" supone que, en ocasiones, las empresas les den menos responsabilidades y menores posibilidades de promoción profesional.
La brecha salarial y, en el peor de los casos, la dependencia económica tiene también consecuencias en los casos de violencia, situaciones de las que algunas mujeres no se sienten capaces de escapar por no poder mantenerse económicamente, a pesar de haber dedicado sus jornadas completas al cuidado de la familia y el hogar.
Desligar estas actividades indispensables de la idea de que forman parte del 'rol femenino' es una tarea de todos, una evolución del imaginario colectivo, y como no, inseparable del deber de los poderes públicos de proveer de los servicios públicos necesarios. Y para lograrlo, se debe exigir duplicar los niveles actuales de inversión en educación, salud y trabajo social de aquí al 2030.
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