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Lunes, 20 de Enero de 2020
OPINIÓN

La obligación de educar en igualdad, sexualidad y Derechos Humanos

RUBÉN CASTRO. Experto en violencia de género por la UNED

[Img #28765]Como ha sucedido de forma histórica ante los avances sociales, los ataques ante la educación en igualdad siguen llenando páginas de la actualidad política.

 

Se trata de reacciones recurrentes, que vuelven para poner en cuestión las políticas de prevención de problemas como el racismo, el acoso escolar, la violencia machista o la LGTBIfobia.

 

Sin embargo, la realidad es que la formación sobre diversidad, afectividad, derechos sexuales o igualdad de género es imprescindible para acabar con todos esos problemas.

 

Educar en igualdad y en valores constitucionales como los Derechos Humanos no es una opción, sino una obligación de todo el sistema educativo.

 

Ni autorizaciones, ni pins, ni censura. No hay nada que elegir porque no se puede privar a ningún niño o niña de su derecho a la educación.

 

Del mismo modo que nadie cuestiona las clases de matemáticas o de educación física, tampoco puede limitarse la educación en valores: sus principios y objetivos también están implantados en el currículum escolar, cumpliendo con lo que establecen la legislación estatal (empezando por la Constitución Española) y los acuerdos y directivas internacionales.

 

Además, los prejuicios arcaicos no pueden cuestionar el buen trabajo de profesorado, maestros y maestras, entidades especializadas y profesionales de la salud, psicología, igualdad, entre otros, que trabajan día a día por la educación de los niños, niñas y jóvenes.

 

Los vaivenes políticos de la última década paralizaron la implantación de leyes como la de violencia de género, salud sexual o igualdad de trato. Y especialmente su vertiente de sensibilización y prevención, que vuelve a verse amenazada ante la intolerancia y la desinformación.

 

Por ello, ahora no solo es el momento de reafirmar el compromiso por la igualdad, sino que hay que implantar asignaturas concretas y asegurar la transversalidad efectiva de los valores que consagra nuestra legislación. Está en juego la salud, el bienestar y el progreso de la infancia y la juventud.

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