Un principio de año complicado

El conjunto de 2019 se ha saldado con unos resultados menos favorables que en 2018. Se han creado 402.300 empleos, cerca de 158.000 menos que en 2018, hasta alcanzar los 19.966.900 ocupados. El paro cae los últimos 12 meses en 112.400 desempleados, con lo que la tasa se sitúa en el 13,78%. Y el número de desempleados sube en el mes de enero de 2020 en 90.248 personas. Estamos ante la cifra más alta de incremento del desempleo en el mes de enero desde 2014.

El número de desempleados el primer mes de 2020 se sitúa en 3.253.853. Una bajada del desempleo en 31.908 parados registrados con una tasa interanual que se desacelera hasta el –0,97%. También baja la afiliación a la S.S. respecto al mes anterior en 244.044 personas, lo que supone la mayor caída en enero desde 2013. Y el número de afiliados ocupados se sitúa en enero en 19.164.494.

Los datos expuestos evidencian la pérdida de dinamismo del mercado laboral, en línea con la ralentización de la actividad económica, la incertidumbre en el entorno global y la crisis de confianza en el ámbito nacional.

Lo expuesto resulta preocupante en nuestro mercado laboral caracterizado por altas tasas de paro, que aún nos sitúa muy por encima de la media europea y alejados de nuestro mínimo histórico del 7,93% en el segundo trimestre de 2007.

Nos encontramos además ante los peores datos de desempleo y afiliación en un mes de enero de todo el período de recuperación.

En el actual contexto, son especialmente preocupantes las medidas anunciadas, tendentes a incrementar la presión de la tributación empresarial y, muy en particular, la que afecta directamente al empleo.

Igualmente resultan preocupantes las intenciones de reforma de la normativa laboral, dirigidas a mermar la capacidad de adaptación de las empresas a los entornos globales y cambiantes.

Parece, por las noticias que se publican sobre las intenciones del nuevo gobierno, que entramos en una época de legislar contra las empresas.

Las empresas son el mayor aliado que un Estado puede tener si quiere hacer políticas sociales, si quiere reducir el paro, si quiere insertar a los jóvenes y colectivos desfavorecidos, si quiere aumentar el PIB y disminuir el déficit, si quiere equilibrar la balanza de pagos.

Las empresas crean riqueza y las AAPP administran el dinero que ciudadanos y empresas pagamos con impuestos y tasas.

La política de legislar contra las empresas no nos parece la más adecuada para cubrir las necesidades que como país tenemos.