Mossos y jueces pueden acabar con el problema de la 'okupación'

La actual crisis económica está evidenciando problemas sociales que, aunque ya existían, se presentan ahora con toda su crudeza. Uno de ellos es la ocupación ilegal de las viviendas, que en las últimas semanas ha vuelto con fuerza a la actualidad de los medios de comunicación. Aunque a veces la imagen resultante de las informaciones sea algo exagerada, no cabe duda de que existe una considerable preocupación ciudadana.

El fenómeno de la ocupación ilegal debe afrontarse con energía, haciendo que el peso de la ley caiga lo antes posible sobre las mafias que lo dirigen y, en general, de quien se aprovecha de ello. La ocupación delictiva de viviendas afecta a la convivencia en los barrios de nuestras ciudades y es preocupante. Es un hecho contra el que los ayuntamientos no podemos luchar directamente, ya que carecemos de competencias, pero que debemos rechazar con contundencia.

Es por eso que vemos positivamente que el Ministerio del Interior haya unificado los criterios de actuación de las distintas policías frente a la okupación, tanto de la primera como de la segunda residencia, ordenando a los agentes que elaboren atestados más precisos. Según los nuevos protocolos trazados por el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, ante una ocupación, los policías deberán dejar constancia de detalles como si las puertas y ventanas han sido forzadas, si han existido coacciones al propietario y vecinos, o si existe un consumo irregular de luz y agua. Una buena actuación policial podrá permitir un desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante o asegurar un mejor proceso judicial posterior.

También vemos bien que la Fiscalía General del Estado haya instado a los fiscales a actuar con mayor rapidez contra la ocupación ilegal de inmuebles mientras se dirima el asunto en los juzgados, teniendo en cuenta tanto los perjuicios a los propietarios como a los vecinos, sin olvidar la situación de posible vulnerabilidad que tengan las personas que hayan entrado en el inmueble.

No es un asunto fácil, pero debe acabarse de una vez con la idea generalizada que se tiene sobre que los okupas están sobreprotegidos por la ley. Existen herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el procedimiento.

No hemos de olvidar que, en el fondo, lo que subyace es un problema con la vivienda en el que muchas familias se han encontrado en situaciones de vulnerabilidad, y a las que estamos dando soporte desde los ayuntamientos. Agrava la situación el hecho de que Barcelona haya paralizado numerosos proyectos de vivienda y consecuentemente se haya producido un efecto dominó sobre los municipios del entorno, encareciendo los precios y haciendo insuficientes las nuevas promociones que bastaban para las necesidades de cada localidad. No obstante, en Viladecans, junto con la Generalitat,  estamos promoviendo el barrio de Llevant y otras actuaciones, que facilitarán el acceso a numerosas viviendas protegidas –en régimen de compra y alquiler– que ayudarán a frenar esa tendencia.

Las medidas emprendidas por el Ministerio y la Fiscalía son buenas noticias. Esperemos que el Departament d’Interior, responsable de la competencia policial en Catalunya, asuma su responsabilidad y ordene a los Mossos d’Esquadra el cumplimiento de unos protocolos que, sin duda, ayudarán a afrontar el problema de la okupación. Desde los municipios nos ofrecemos a ayudar en todo aquello que podamos para afrontar las causas y consecuencias de las ocupaciones y desocupaciones, pero se nos tiene que dotar de competencias y recursos. Solo si trabajamos todos juntos podremos acabar con el problema okupa.