El TSJC declara nulo el Plan Director Urbanístico de la Granvia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia, el proyecto que prevé el soterramiento de la Granvia (C-31) entre la rambla de la Marina y el río Llobregat, para la promoción de un clúster biomédico en el entorno de los hospitales de Bellvitge y el Oncológico y la creación de un gran parque urbano en la zona de Can Trabal.

Las obras para iniciar el soterramiento estaba previsto que se iniciaran el año que viene, impulsadas por el Consorci per a la Reforma de la Granvia, formado por el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y el Ayuntamiento de L'Hospitalet. La sentencia supone ahora un duro golpe para uno de los proyectos estrella del actual equipo de gobierno municipal, liderado por la socialista Núria Marín, quien ya ha anunciado que presentará un recurso de casación contra la decisión del tribunal, ya que considera que se trata de "un proyecto muy importante para la ciudad y para el país", y que la sentencia del TSJC "no cuestiona el fondo del plan, sino la forma".

La sección tercera de la sala contencioso-adminitrativa del TSJC ha estimado finalmente el recurso presentado en el año 2017 por el entonces grupo municipal Canviem L'Hospitalet, formado por ICV-EUiA y Piratas, y ha declarado la nulidad del PDU por "vulneración del principio de jerarquía normativa y por una falta insubsanable de competencia", ya que considera que era el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y no el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat quien tenía que aprobar un proyecto que no justifica la "laminación de las competencias urbanísticas del AMB".

La sentencia considera que el PDU Granvia "no contiene ninguna indicación rigurosa, susceptible de justificar la competencia plena del departamento de Territorio y Sostenibilidad en detrimento de las competencias urbanísticas metropolitanas, las cuales se han visto ignoradas a través de un acuerdo a dos bandas", en referencia a la Generalitat y al Ayuntamiento de L'Hospitalet.

El Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat fue aprobado definitivamente por el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat en marzo de 2017 para posibilitar la transformación de este segundo tramo de unos 1.000 metros de longitud de la avenida con una superficie total de casi 105 hectáreas, aproximadamente el 8% del término municipal.
 
A grandes rasgos, el PDU prevé la creación y consolidación del gran parque de Cal Trabal, en lo que ahora representa la última zona agrícola de L'Hospitalet; la creación de tejido urbano allí donde ahora está vacío y la definición de polos de actividad económica aprovechando la posición estratégica del ámbito y la existencia de dos centros hospitalarios de referencia, garantizando una continuidad urbana en coherencia con el anterior tramo reformado desde la plaza Ildefons Cerdà hasta la plaza Europa, y excluyendo el uso residencial.

El equipo de gobierno municipal ha defendido siempre un proyecto que supondría la superación de la fractura que la C-31 representa para la ciudad con su configuración actual de autovía; la consolidación del gran parque público de Cal Trabal, con más de 30 hectáreas, y la definición de nuevos polos de actividad económica con la creación de una nueva fachada metropolitana.

Un plan polémico

El Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat lleva años levantando críticas y posicionamientos en contra de diferentes colectivos ciudadanos y fuerzas políticas que lo tachan de operación especulativa con consecuencias negativas a nivel mediambiental, al considerar que supondrá la desaparición de la última zona agrícola de L'Hospitalet. El debate llegó, incluso, al Parlament de Catalunya, donde se pidió su paralización.

El grupo municipal del L'H en Comú Podem (donde se integra desde este mandato la formación de EUiA) ha mostrado hoy en rueda de prensa su satisfacción por la resolución del contencioso, asegurando que se ha detenido "un plan urbanístico especulador y depredador que preveía construir 26 rascacielos y destruir el espacio agrícola de Cal Trabal", y que además significaría "saturar aún más una ciudad que ya sufre una extenuación de sus servicios".

La formación políticia considera que la sentencia ha sido "una victoria comunitaria, de los movimientos sociales y vecinales que han luchado durante más de una década para llegar aquí, y de la misma ciudadanía, que podrá preservar su zona agrícola frente a la especulación urbanística".

La plataforma ciudadana No Més Bocs también ha expresado su rechazo en numerosas ocasiones a una operación que consideran "totalmente imprudente, irresponsable y kamikaze por parte de las administraciones públicas, dada la actual situación de las familias y la incertidumbre económica provocada por el COVID-19, además de la más que posible falta de inversión privada". 

Como viene denunciando desde el año 2015, la entidad opina que el proyecto "va en la dirección contraria a las necesidades reales de las familias, y atenta contra los objetivos de la transición energética por su impacto perjudicial para la salud y el medio ambiente".