L'HOSPITALET
Generalitat y Ayuntamiento reformularán el PDU de la Granvia y lo abrirán a la participación ciudadana
Ambas administraciones adaptarán el proyecto tras el revés judicial que supuso su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)
![[Img #34403]](https://elfar.cat/upload/images/11_2020/9047_hospi.jpg)
El Plan Director Urbanístico (PDU) de la Granvia de L'Hospitalet, el proyecto que ha de transformar este eje viario desde la plaza Europa hasta el río Llobregat con el objetivo de desarrollar en la zona un clúster biomédico y un gran parque urbano en los terrenos agrícolas de Cal Trabal, será reformulado y se abrirá a un mayor consenso, según se ha anunciado hoy en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión del Consorci per a la reforma de la Granvia, impulsor del proyecto y formado por el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Ambas instituciones se han visto forzadas a reformular el proyecto tras el revés judicial que supuso su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La sala sentenció que era el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la que tenía que aprobar el proyecto y no la Generalitat, y cuestionó, además, la ubicación de zonas verdes en lugares de difícil acceso, en respuesta a los dos recursos que presentaron en 2017 los grupos municipales Canviem L’Hospitalet, ERC y la CUP-PA y la organización ecologista DEPANA.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado que ambas instituciones “acatamos la sentencia”, aunque “no la compartimos”, ya que considera que el PDU de la Granvia “es una actuación de especial relevancia social y económica y tiene una incidencia que va más allá del propio municipio e incluso del área metropolitana”, lo que justificaría la aprobación por parte de la Generalitat. Por otro lado, considera que la funcionalidad de algunas zonas verdes que el proyecto coloca en áreas de difícil acceso “no pueden cuestionar la totalidad del PDU”.
Según la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, “los metros cuadrados de zonas verdes que tendría que tener el PDU, según la legislación actual, serían 47.000 m2, y en este caso estamos hablando de 514.000 m2. Estamos multiplicando por 10 lo que el plan tenía que tener como mínimo y se están cuestionando ubicaciones en rotondas o espacios poco accesibles que suman unos 20.000 m2, solo un 5% del total de zonas verdes proyectadas. Pese a todo, lo mejoraremos si es necesario para dar respuesta a lo que el juzgado nos ha pedido”.
Así, ambas administraciones han confirmado que presentarán un recurso de casación contra las dos sentencias y que, de forma inmediata, “comenzaremos a trabajar con los instrumentos que hagan falta para que este proyecto tire adelante de manera efectiva”, según Calvet. La intención con la reformulación del proyecto es resolver la cuestión competencial de cara a la aprobación del proyecto, así como la funcionalidad de las zonas verdes, dos temas que el conseller considera “menores y subsanables”. Además, la nueva tramitación “implicará participación y transparencia”, ha remarcado.
Asimismo, ha asegurado que “reformularemos el plan y justificaremos este interés por un proyecto que va más allá del municipio de L’Hospitalet y del área metropolitana, y que supondrá la generación de una parte importante de PIB del país así como de puestos de trabajo de valor añadido”. Calvet ha afirmado que el proyecto seguirá siendo redactado desde la Generalitat amparándose en la propia Ley de Urbanismo que, en palabras del conseller, les otorga esta potestad, al tratarse de un proyecto que va más allá del interés metropolitano.
Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet ha vuelto a defender hoy un proyecto “suficientemente importante no solo para el municipio, sino para el área metropolitana y para Catalunya, que lo que pretende es generar actividad económica y que dé oportunidades a 20.000 personas en un momento como el actual, en plena crisis sanitaria, en el que todos estamos hablando de cómo hacemos esta reactivación económica y social lo más rápido posible”.
Marín admite “un posible exceso de confianza en el proyecto” como el motivo que ha impedido que se pudiera entender su interés para el conjunto de Catalunya, un factor que ahora se justificará en la reformulación del PDU con el que tratarán de convencer de que se trata del “plan más potente que se está trabajando en estos momentos en Catalunya”. “Volveremos a hacer los deberes si no los hemos hecho bien”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha asegurado que en esta ocasión “nos esforzaremos en que haya más consenso y más participación”.
El proyecto, que se aprobó en marzo de 2017, se iba a iniciar el próximo año con las obras de depresión de la Granvia y de la urbanización del entorno. La obligación de reformular el proyecto retrasará ahora el plan un año aproximadamente, según Marín.
SOS Baix Llobregat y L'Hospitalet insisten en una moratoria de planes urbanísticos
Por su parte, las 50 entidades adheridas al manifiesto SOS Baix Llobregat y Hospitalet han valorado "muy positivamente" las dos sentencias que han declarado nulo el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia y que "refuerzan nuestras demandas de una moratoria de los planes urbanísticos y un replanteamiento del urbanismo comarcal y metropolitano".
Consideran que un argumento utilizado en una de las sentencias como el de la vulneración del principio de jerarquía normativa, al dictar el TSJC que tenía que ser el AMB el organismo que debía aprobar el proyecto y no la Generalitat, "puede ser muy útil para los múltiples conflictos ambientales provocados por diferentes proyectos especulativos en el Baix Llobregat, que abusan de figuras urbanísticas como el PDU para tener libertad de modificación del planeamiento existente y que pasan por encima de, por ejemplo, el PDU Metropolitano, que apenas se encuentra en fase de avance".
Según la plataforma, esto podría afectar a los PDU que no estén aprobados o los que sufran modificaciones a partir de ahora, ya que "se podrían interponer impugnaciones indirectas a estos planes". Las ARE (Áreas Residenciales estratégicas) son la figura que se utilizaba antes de los PDU y, por tanto, "también quedarían afectadas por esta jurisprudencia".
Es por este motivo que SOS Baix Llobregat y L'Hospitalet insiste en la necesidad de una moratoria de, al menos, dos años, para toda obra o proyecto urbanístico de vivienda o industrial en terrenos actualmente de uso agrícola o forestal o que estén ubicados o puedan afectar a conectores ecológicos identificados en el PTMB (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).
"La moratoria permitirá hacer un amplio proceso participativo para decidir socialmente un nuevo modelo urbanístico y territorial, que priorice la calidad de vida y la conservación de la naturaleza y el paisaje tanto en el AMB como a otros municipios del Baix Llobregat", aseguran. De momento, la plataforma ha presentado la propuesta de moratoria a los diferentes partidos y grupos políticos del Área Metropolitana de Barcelona y del Baix Llobregat para pedir su apoyo.
El Plan Director Urbanístico (PDU) de la Granvia de L'Hospitalet, el proyecto que ha de transformar este eje viario desde la plaza Europa hasta el río Llobregat con el objetivo de desarrollar en la zona un clúster biomédico y un gran parque urbano en los terrenos agrícolas de Cal Trabal, será reformulado y se abrirá a un mayor consenso, según se ha anunciado hoy en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión del Consorci per a la reforma de la Granvia, impulsor del proyecto y formado por el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Ambas instituciones se han visto forzadas a reformular el proyecto tras el revés judicial que supuso su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La sala sentenció que era el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la que tenía que aprobar el proyecto y no la Generalitat, y cuestionó, además, la ubicación de zonas verdes en lugares de difícil acceso, en respuesta a los dos recursos que presentaron en 2017 los grupos municipales Canviem L’Hospitalet, ERC y la CUP-PA y la organización ecologista DEPANA.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha asegurado que ambas instituciones “acatamos la sentencia”, aunque “no la compartimos”, ya que considera que el PDU de la Granvia “es una actuación de especial relevancia social y económica y tiene una incidencia que va más allá del propio municipio e incluso del área metropolitana”, lo que justificaría la aprobación por parte de la Generalitat. Por otro lado, considera que la funcionalidad de algunas zonas verdes que el proyecto coloca en áreas de difícil acceso “no pueden cuestionar la totalidad del PDU”.
Según la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, “los metros cuadrados de zonas verdes que tendría que tener el PDU, según la legislación actual, serían 47.000 m2, y en este caso estamos hablando de 514.000 m2. Estamos multiplicando por 10 lo que el plan tenía que tener como mínimo y se están cuestionando ubicaciones en rotondas o espacios poco accesibles que suman unos 20.000 m2, solo un 5% del total de zonas verdes proyectadas. Pese a todo, lo mejoraremos si es necesario para dar respuesta a lo que el juzgado nos ha pedido”.
Así, ambas administraciones han confirmado que presentarán un recurso de casación contra las dos sentencias y que, de forma inmediata, “comenzaremos a trabajar con los instrumentos que hagan falta para que este proyecto tire adelante de manera efectiva”, según Calvet. La intención con la reformulación del proyecto es resolver la cuestión competencial de cara a la aprobación del proyecto, así como la funcionalidad de las zonas verdes, dos temas que el conseller considera “menores y subsanables”. Además, la nueva tramitación “implicará participación y transparencia”, ha remarcado.
Asimismo, ha asegurado que “reformularemos el plan y justificaremos este interés por un proyecto que va más allá del municipio de L’Hospitalet y del área metropolitana, y que supondrá la generación de una parte importante de PIB del país así como de puestos de trabajo de valor añadido”. Calvet ha afirmado que el proyecto seguirá siendo redactado desde la Generalitat amparándose en la propia Ley de Urbanismo que, en palabras del conseller, les otorga esta potestad, al tratarse de un proyecto que va más allá del interés metropolitano.
Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet ha vuelto a defender hoy un proyecto “suficientemente importante no solo para el municipio, sino para el área metropolitana y para Catalunya, que lo que pretende es generar actividad económica y que dé oportunidades a 20.000 personas en un momento como el actual, en plena crisis sanitaria, en el que todos estamos hablando de cómo hacemos esta reactivación económica y social lo más rápido posible”.
Marín admite “un posible exceso de confianza en el proyecto” como el motivo que ha impedido que se pudiera entender su interés para el conjunto de Catalunya, un factor que ahora se justificará en la reformulación del PDU con el que tratarán de convencer de que se trata del “plan más potente que se está trabajando en estos momentos en Catalunya”. “Volveremos a hacer los deberes si no los hemos hecho bien”, ha afirmado la alcaldesa, quien ha asegurado que en esta ocasión “nos esforzaremos en que haya más consenso y más participación”.
El proyecto, que se aprobó en marzo de 2017, se iba a iniciar el próximo año con las obras de depresión de la Granvia y de la urbanización del entorno. La obligación de reformular el proyecto retrasará ahora el plan un año aproximadamente, según Marín.
SOS Baix Llobregat y L'Hospitalet insisten en una moratoria de planes urbanísticos
Por su parte, las 50 entidades adheridas al manifiesto SOS Baix Llobregat y Hospitalet han valorado "muy positivamente" las dos sentencias que han declarado nulo el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia y que "refuerzan nuestras demandas de una moratoria de los planes urbanísticos y un replanteamiento del urbanismo comarcal y metropolitano".
Consideran que un argumento utilizado en una de las sentencias como el de la vulneración del principio de jerarquía normativa, al dictar el TSJC que tenía que ser el AMB el organismo que debía aprobar el proyecto y no la Generalitat, "puede ser muy útil para los múltiples conflictos ambientales provocados por diferentes proyectos especulativos en el Baix Llobregat, que abusan de figuras urbanísticas como el PDU para tener libertad de modificación del planeamiento existente y que pasan por encima de, por ejemplo, el PDU Metropolitano, que apenas se encuentra en fase de avance".
Según la plataforma, esto podría afectar a los PDU que no estén aprobados o los que sufran modificaciones a partir de ahora, ya que "se podrían interponer impugnaciones indirectas a estos planes". Las ARE (Áreas Residenciales estratégicas) son la figura que se utilizaba antes de los PDU y, por tanto, "también quedarían afectadas por esta jurisprudencia".
Es por este motivo que SOS Baix Llobregat y L'Hospitalet insiste en la necesidad de una moratoria de, al menos, dos años, para toda obra o proyecto urbanístico de vivienda o industrial en terrenos actualmente de uso agrícola o forestal o que estén ubicados o puedan afectar a conectores ecológicos identificados en el PTMB (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).
"La moratoria permitirá hacer un amplio proceso participativo para decidir socialmente un nuevo modelo urbanístico y territorial, que priorice la calidad de vida y la conservación de la naturaleza y el paisaje tanto en el AMB como a otros municipios del Baix Llobregat", aseguran. De momento, la plataforma ha presentado la propuesta de moratoria a los diferentes partidos y grupos políticos del Área Metropolitana de Barcelona y del Baix Llobregat para pedir su apoyo.
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