Sanitarios, en fuera de juego

La pandemia está golpeando duramente al personal sanitario, colectivo en el que se han ido disparando las bajas laborales, ya sea por los contagios o porque han de permanecer en cuarentena tras mantener un contacto estrecho con un positivo. Pero también son muchos los profesionales que se encuentran en fuera de juego por cuestiones psicológicas que derivan en problemas de ansiedad, estrés o insomnio. Todo ello provocado por un aumento de la carga de trabajo, la incertidumbre y la percepción de riesgo que tienen que afrontar a diario.

La carga emocional es desoladora después de un año de crisis sanitaria. De hecho, en esta tercera ola, y a raíz del desgaste acumulado durante la primera y segunda, se han incrementado la cantidad de profesionales afectados por ansiedad y estrés, hasta un punto que les imposibilita desempeñar su labor y tienen que dejar de prestar sus servicios. Los sindicatos reclaman que se sustituyan todas las bajas, para no incrementar la carga asistencial del resto de compañeros y señalan que la pandemia ha demostrado la falta de personal que viene arrastrando en los últimos años la sanidad pública.

Las conclusiones de los estudios publicados por la Revista de Psiquiatría y Salud Mental y la Revista Depression & Anxiety, realizados en 18 centros de toda España, revelan que un 45% de los sanitarios sufre trastornos tras la primera ola y que otro 3,5% tiene ideas suicidas. Los estudios señalan que casi la mitad de los encuestados presenta cribado positivo de trastorno mental y un 14,5% sufre trastorno mental discapacitante, es decir, con repercusiones negativas claras en su vida profesional y social.

Según estos estudios, que han encuestado a profesionales de Catalunya, Andalucía, País Vasco, Madrid y Castilla y León, los síntomas principales son la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el estrés postraumático y el abuso de sustancias.

“Estamos agotados, cansados, estresados y muy agobiados por la situación”, explica a ELFAR.CAT la delegada de SATSE en el Hospital de Bellvitge y enfermera en este centro sanitario, Paqui Bernal. Según cuenta, en estos momentos hay 19 profesionales de baja por COVID y otros 15 más en cuarentena.

Pero el total de bajas roza las 300 y, aunque no está especificado porque son datos confidenciales, con toda probabilidad muchas de ellas son por cuestiones relacionadas con la pandemia. “Seguro que hay muchos compañeros que están de baja por ansiedad, estrés, lumbalgia o dolores musculares”, señala Bernal, quien asegura que hace dos meses había unos 600 profesionales de baja en Bellvitge. “Una cifra altísima para este hospital”, apunta.

No obstante, reconoce que las bajas por positivos de coronavirus fueron mayores durante la primera ola. “Cuando empezó la pandemia faltaba material, utilizábamos mascarillas en diversas guardias, los EPIS no eran los adecuados y no teníamos buzos ni batas apropiadas”, detalla. Bernal recuerda que al principio había muchos nervios, porque todo era una novedad. “Ibas haciendo, pero no te das cuenta de lo que te está pasando. Ahora, tras un año de pandemia vemos cómo se está deteriorando la salud de los profesionales, porque al final todo sale, como la irritabilidad o los dolores de cabeza, síntomas derivados de una situación muy estresante”, remarca.

La delegada de SATSE en el Hospital de Viladecans, Carolina Gutiérrez, también admite que durante la primera fase lo pasaron muy mal. “Fue horrible y caótico, con cambios de protocolos constantes”, recuerda. “Ahora, después de casi un año, tenemos un nivel de estrés psíquico importante y estamos agotados”, revela. Desde hace un tiempo, los profesionales de este hospital, que en lo que va de mes, según Gutiérrez, tiene un 13% de bajas por COVID, cuentan con un psicólogo a su disposición. “Sé que son muchos los compañeros que acuden a él, aunque sea para realizar una consulta, ya que la ansiedad es muy alta”, confiesa.

Los sanitarios del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí también cuentan con un equipo de psicólogos para hacer terapia de grupo. Juan Carlos Carrera, miembro del Comité de Salud Laboral por la UGT y enfermero en la UCI de este hospital, reconoce que cada vez hay más conflictos entre el personal. “Son lo que se denominan incidentes hostiles”, explica. Carrera señala que antes de la pandemia podrían haber dos o tres casos de este tipo entre compañeros, pero ahora la cifra se ha disparado y se han llegado a contabilizar una veintena en un solo mes. “La gente está crispada, alterada e irascible, porque el agotamiento psicológico es muy alto”, reitera.

Según Carrera, cerca del 80% del personal de la UCI del Hospital Moisès Broggi ya ha pasado el COVID, tanto médicos como enfermeros y auxiliares. Al cierre de esta edición, y según nos cuenta, eran 115 los profesionales de baja en este centro, que cuenta con un total de 850 trabajadores. Algunas de ellas se han producido tras recibir la segunda dosis de la vacuna, que ha provocado algunas reacciones como febrículas y malestar físico. “Pero son bajas muy cortas, de unos dos días”, remarca.

Desde los sindicatos insisten en la necesidad de que haya refuerzos de profesionales en los hospitales. “Salimos derrotados de nuestra jornada laboral porque sufrimos mucho la falta de personal”, lamenta Bernal, tras opinar que “no se ha planificado nada bien la gestión de las contrataciones”. Asimismo, reconoce que hay cierta indignación por la falta de responsabilidad de muchas personas que se saltan las restricciones y bajan la guardia.

Carrera también lamenta el exceso de personal eventual y el hecho de que no salgan convocatorias públicas. Asegura que muchos profesionales no se quieren quedar “porque la carga de trabajo es muy alta, las condiciones de trabajo son duras, los contratos son cortos y los sueldos bajos”.

Sobrecarga de trabajo en los centros de atención primaria

Desde SATSE corroboran que las bajas por contagio entre los sanitarios de los ambulatorios fue mucho mayor en la primera y segunda ola. “Al principio no estábamos debidamente protegidos y faltaba material, un hecho por el que interpusimos varias denuncias en Inspección de Trabajo; y no teníamos conocimiento de la enfermedad, ni de las medidas que se tenían que llevar a cabo”, recuerda Pilar Juste, delegada de atención primaria en la región sanitaria Metropolitana Sur. “Ahora ya han mejorado mucho los protocolos, hemos evolucionado y hemos aprendido”, apunta, aunque señala que todavía siguen habiendo muchos compañeros que se contagian.

Sin embargo, la principal causa de las bajas laborales que se producen actualmente entre los profesionales de los centros de atención primaria están relacionadas con el agotamiento físico y mental. “Estar en una situación de estrés tan prolongada en el tiempo, pasa factura”, asevera. “Porque no olvidemos que nosotros también somos personas”, añade.

Juste resalta la preocupación por el aumento de casos de agresiones que está sufriendo el personal por parte de algunos pacientes. “Hemos pasado de que nos aplaudan en los balcones, algo que nos emocionaba y nos reconfortaba, a las agresiones, tanto verbales como físicas, y eso nos merma mucho psicológicamente”, afirma. Por este motivo, y aunque entiende el desespero de la población, hace un llamamiento a mantener la calma. “Nosotros no somos los que gestionamos la sanidad, ni somos los culpables de la pandemia, ni de las listas de espera ni de los retrasos. Llevamos un año dando el 150% de nosotros mismos, y es muy duro que después de tanto esfuerzo recibamos broncas e insultos”, lamenta.

La delegada sindical insiste en que “están sobrepasados”, y asegura que hay médicos y enfermeras de algunos CAP que tienen cupos de población de hasta 2.000 personas. “La fotografía general es de mucho trabajo y de falta de personal”, reitera. Juste denuncia el hecho de que la atención primaria sea la “hermanita pobre de la sanidad” y declara que “ha padecido mucho” los recortes presupuestarios de los últimos años. “Si partimos de una sanidad mermada, la situación se agrava mucho más ante una pandemia, y es lo que ha sucedido”, asevera.

Reconoce que sí se han contratado a profesionales en estos meses, pero dice que “no son suficientes” para hacer frente a la emergencia sanitaria. “Ahora es la plantilla que deberíamos haber tenido de base, pero no la adecuada para lo que estamos viviendo con el COVID-19”, señala. No obstante, es consciente de que es difícil encontrar a sanitarios en cartera. “Desde hace muchos años ha habido una fuga de profesionales al resto de Europa, porque nos han castigado con unas condiciones laborales pésimas”, denuncia.

Desde Metges de Catalunya (MC) también ratifican este mismo malestar. “No damos abasto y no estamos todos al 100%”, admite la delegada sindical en el Baix Llobregat y médico de familia en el CAP Ramona Via de El Prat, Sílvia Membrilla. “Tenemos mucho estrés porque cuando hay compañeros de baja hemos de cubrir sus pacientes y repartirlos entre todos. Y eso hace que yo no pueda atender a todos los míos”, expone. Membrilla confirma que los ciudadanos “están irascibles y enfadados” porque “se sienten abandonados”. Entiende sus quejas y reconoce que hay gente que aún no ha entrado de nuevo en el sistema y que no ha reiniciado su control de patología crónica. “Yo tengo pacientes diabéticos que no he visto desde hace un año”, lamenta.

ELFAR.CAT ha intentando obtener cifras oficiales por parte del departamento de Salud de la Generalitat sobre la incidencia del coronavirus en los profesionales sanitarios que trabajan en hospitales y centros de atención primaria del Baix Llobregat y L’Hospitalet desde el inicio de la pandemia. Los datos que nos han trasladado son los profesionales que se encuentran actualmente en situación de baja laboral relacionada con el COVID-19 en los centros hospitalarios de nuestro territorio. A fecha de 22 de febrero, y según estas fuentes, son un total de 148 personas, incluyendo los que se han contagiado y los que se encuentran en cuarentena por haber sido contacto estrecho con un caso positivo. Por lo que respecta al número de bajas en la atención primaria, la conselleria de Salud no ha facilitado este dato a nuestra redacción.

El COVID-19, reconocida como enfermedad profesional

La infección por COVID-19 ya se considera una enfermedad profesional para el personal del ámbito sanitario y sociosanitario. “Esto va a permitir en determinadas circunstancias una mayor protección a los sanitarios que han contraído el virus”, según explicaba en rueda de prensa el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras el Real Decreto aprobado este mes por el Gobierno central. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad señalaban que esta decisión se toma para proporcionar “una mayor protección a estos profesionales” y para reconocer “el extraordinario esfuerzo realizado por este colectivo durante la pandemia”.

Hasta ahora, el contagio de coronavirus en sanitarios era considerado como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo. La diferencia radica en que la enfermedad profesional tiene cobertura durante toda la vida del trabajador. Es decir, un sanitario tendrá cobertura para la Seguridad Social si mañana o dentro de diez años contrae una enfermedad originada por este contagio. En el caso de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo únicamente se tiene una cobertura durante los cinco años posteriores al contagio. Además, el reconocimiento de la enfermedad profesional amplía la protección de los trabajadores a efectos de pensiones o indemnizaciones a lo largo de toda la vida si la enfermedad provoca secuelas o muerte.

La nueva legislación se aplicará desde que se declaró la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La medida ha sido bien recibida por el sector, porque da respuesta a una reivindicación del colectivo desde que estalló la pandemia; pero echan en falta la inclusión de otros colectivos que también trabajan expuestos al virus. Los sindicatos, por ejemplo, consideran que el catálogo de profesionales debería abrirse a celadores (según CCOO no son nombrados específicamente en el Real Decreto), personal administrativo, de mantenimiento, de seguridad y de limpieza de los centros hospitalarios, así como al personal de ambulancias y a los cuidadores de mayores en el caso de las residencias, porque entre todos estos colectivos ha habido numerosos contagios debido a su cercanía profesional con el COVID-19 en el ámbito sanitario.

Para la UGT, es una “injusticia y un despropósito” que no se hayan incluido ya a todos estos colectivos de trabajadores y trabajadoras que han estado y están en primera línea en la lucha contra el coronavirus desde el inicio de la pandemia, “afrontando situaciones absolutamente precarias y arriesgando su salud en favor de los enfermos y las personas que cuidan”.

Lo mismo opinan desde CCOO. El responsable de Salud Laboral del sindicato en el Baix Llobregat y L’Hospitalet, Xavi Romero, recuerda que todas estas personas están “día tras día en contacto con los pacientes” y lamenta que no “estén protegidos” por la nueva ley. Romero, que es administrativo del Institut Català de la Salut (ICS) en el CAP Sant Andreu de la Barca, insiste en que es “personal que está en primera línea”, por lo que espera que haya “algún valiente” que se atreva a reclamar e ir al juzgado. “Pero nadie quiere dar el primer paso porque hay miedo”, afirma. Un miedo provocado, según él, por la precariedad y la eventualidad de los contratos. “Y la gente no quiere perder su trabajo”, señala, tras reconocer que ya hay algunos compañeros suyos con graves secuelas, como problemas respiratorios o pulmonares.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha subrayado que el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario “supone un avance justo y merecido que ofrecerá mayores garantías y tranquilidad”. Del mismo modo, ha definido esta decisión del Gobierno como el “paso lógico” tras la declaración de la enfermedad como accidente laboral.

Sin embargo, piden que se concrete más detalladamente la normativa y lamentan algunos aspectos como el hecho de tener que demostrar que el contagio se ha producido en el centro de trabajo. “Eso es muy difícil de justificar”, advierte la delegada de SATSE en el Hospital de Viladecans, Carolina Gutiérrez, quien reconoce que la sensación que se tiene con el decreto ley es “agridulce” porque “no está del todo perfilado”, lo que a su parecer puede provocar problemas a corto y medio plazo.

Su homóloga en Bellvitge también opina que “es intentar justificar lo injustificable”. Bernal resalta que “somos personal que estamos al pie del cañón y los que más riesgos corremos”; y concluye que “el único sitio en el que nos podemos contagiar es en el hospital, porque en nuestras casas tenemos burbujas seguras, ya que todos nosotros nos cuidamos en salud”.

Los sindicatos, dado que es probable que el COVID-19 sea una enfermedad que no desaparezca de nuestro día a día, también reivindican que sea incluida en el listado de enfermedades profesionales de nuestro país, para que se considere como tal, incluso después de que se levanten las medidas sanitarias derivadas de la pandemia.