EDITORIAL. Sanitarios al límite

A punto de cumplirse un año de pandemia, los sanitarios están al límite. Totalmente desbordados, además de agotados física y mentalmente. Son incapaces de soportar por más tiempo tanta presión, tanta carga, tantas muertes… Están sumidos en una honda tristeza, desesperación y enfado. Viven en un puro estado de estrés y ansiedad.   

La carga emocional es desoladora después de un año de crisis sanitaria. Los profesionales que prestan servicio a diario tienen que lamentar continuamente nuevas bajas de compañeros, sobre todo de enfermeros, auxiliares y médicos, que permanecen fuera de servicio bien por contar con una incapacidad temporal al haber contraído el virus, bien porque deben hacer cuarentena tras mantener un contacto estrecho con un positivo o por alguna baja relacionada con el COVID-19, como ansiedad, depresión, ataques de pánico o estrés.  

Los sindicatos reclaman que se sustituyan todas estas bajas, para no incrementar la carga de trabajo y señalan que la pandemia ha demostrado la falta de personal que viene arrastrando en los últimos años la sanidad pública.

 
Una falta de profesionales que es estructural, no coyuntural. Por eso es necesario un cambio radical en la política sanitaria, con una gestión diferente a la actual, en la que, por ejemplo, se fomenten más las plantillas dimensionadas y acordes a la realidad asistencial.  

Pero, sobre todo, se requiere de una mayor dotación presupuestaria. Catalunya es una de las comunidades que más ha recortado en sanidad en los últimos años. Dedica únicamente el 4,7% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la sanidad pública, mientras que la media de los países de la Unión Europea es del 6,9%.   

Así que tras una década de tijeretazos en uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, protagonizados tanto por la derecha española como la catalana, y que han dejado en la UCI a nuestros hospitales y centros de atención primaria, esperamos que el nuevo Govern de la Generalitat, que ha de constituirse tras las elecciones celebradas el pasado 14 de febrero, tome buena nota de lo sucedido en este dramático año de crisis sanitaria y revierta la situación.   

Ha llegado la hora de gobernar para todos, poniendo en el centro de la agenda pública lo que realmente importa. Salvar vidas, sin duda, es una de ellas. Los resultados de las urnas han dejado un Parlament muy fragmentado, y la labor de investir a un presidente y formar gobierno se vislumbra complicada. Pero es el momento de dejar atrás la división de bloques, los vetos cruzados y los cordones sanitarios. No podemos perder más tiempo.  

Desde el Gobierno del Estado ya se ha dado un paso importante para respaldar a los que se están jugando la vida atendiendo a los que caen en la desgracia de enfermar en esta pandemia. Ha aprobado un decreto ley en el que se garantiza que el COVID-19 sea considerado enfermedad profesional para el personal sanitario.

El coronavirus está generando muchas secuelas y es probable que haya personas que no puedan volver a ejercer su valiosa labor. Con la nueva ley se les está asegurando un futuro, ya que la enfermedad profesional tiene cobertura para la Seguridad Social durante toda la vida del trabajador. Se trata, sin duda, de un acto de justicia por el abnegado cometido de los sanitarios que están luchando contra este terrible virus.  

El decreto es bienvenido, pero tenía que haber llegado mucho antes, señalan quienes llevan reclamándolo desde el principio de la pandemia. Y, además, debería incluir a otros profesionales que desempeñan su tarea en centros sanitarios y sociosanitarios, como son el personal administrativo, de mantenimiento, de seguridad o de limpieza. No olvidemos que todos estos colectivos también están en primera línea y que en todos ellos ha habido numerosos casos de contagios al estar sometidos a grandes riesgos.