EDITORIAL. Emergencia social de primer nivel

El coronavirus no solo ha causado enfermedad y muertes. También ha traído consigo una enorme crisis económica, que está agravando la pobreza y la desigualdad. Cada vez son más los hogares que necesitan la ayuda de los Servicios Sociales municipales o de ONGs, como Cáritas o Creu Roja, para poder subsistir.

La pandemia se ha llevado por delante un gran número de empresas, golpeando con dureza la actividad económica global, y se está cebando con las familias, que han visto sus vidas truncadas en un abrir y cerrar de ojos. Cada día se repiten las duras imágenes de lo que ya se conoce como las colas del hambre, un fiel reflejo de la auténtica emergencia social que debemos afrontar.  

El Banco Mundial, por ejemplo, calcula que aproximadamente 60 millones de seres humanos serán empujados a la pobreza extrema por causa del COVID-19. Y la ONG Oxfam Intermón ha alertado de que la tasa de pobreza relativa en España pasaría del 20,7% al 22,9%, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza. Y casi el 80% de éstos se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, que sobreviven con menos de 480 euros al mes. Si antes de la pandemia era algo que afectaba al 9,2% de españoles, ahora serán casi el 11% los que vivirán con esta carencia de recursos. Todo un drama y una auténtica catástrofe.

La crisis social que ha provocado la pandemia es ya de primer nivel. Y los augurios no son nada halagüeños, ya que se espera un repunte de las situaciones extremas cuando muchos desempleados vean agotado su subsidio o muchos de los trabajadores que a día de hoy han entrado en los expedientes de regulación temporal de empleo (perdiendo, como mínimo, el 30% de sus salarios) pasen a engrosar las listas del paro porque finalmente sus empresas acaben bajando las persianas.  

La recuperación económica se presenta muy incierta y por eso es imprescindible no cometer los mismos errores que en la crisis de 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En este momento crítico que estamos atravesando, es necesario que no decaigan ni los donativos privados ni las ayudas públicas, como los ERTE u otras medidas como el Ingreso Mínimo Vital o la limitación de desahucios y cortes de servicios básicos; pero, sobre todo, se requieren medidas estructurales para evitar que aumente la exclusión social y la marginalidad. Tenemos un mercado laboral muy enfermo y urgen reformas profundas para que nadie se quede atrás y todo el mundo tenga las mismas oportunidades.  

Los presupuestos municipales se han tenido que readaptar a la situación generada por el COVID-19, incidiendo en el apoyo a los sectores económicos y sociales más afectados por la emergencia sanitaria. El objetivo no es otro que garantizar la cobertura de las necesidades básicas para los colectivos más vulnerables, especialmente en alimentación y suministros básicos.  

La protección social debe ser la máxima prioridad de todas las administraciones. No se puede ni debe permitir que los ciudadanos pasen hambre o no tengan un lugar donde dormir. Dar la adecuada respuesta a este gran reto es una responsabilidad colectiva, ya que se trata de una cuestión de justicia social.

Y por este motivo es imprescindible la suma de esfuerzos, buscar consensos y tejer complicidades. La implementación de medidas paliativas, tanto sociales como económicas, que ayuden a reconstruir y a relanzar de nuevo nuestro territorio requiere de un espíritu de cooperación y de trabajo compartido. Únicamente así se podrán dar soluciones eficientes a las necesidades reales de la ciudadanía. Si no se hace de esta manera, hay un grave riesgo de que la crisis profundice y eternice las desigualdades.

El diálogo y la concertación son valores intrínsecos del Baix Llobregat. No lo olvidemos nunca, porque es la mejor manera de encarar los retos que como sociedad volvemos a tener por delante. Y uno de los principales es el de evitar que se acentúe la pobreza.