El virus de la pobreza pandémica

 

La crisis social que ha provocado la pandemia del COVID-19 es de primerísimo nivel, y está suponiendo un aumento considerable de las ayudas proporcionadas desde los Servicios Sociales de los ayuntamientos y desde entidades u ONGs, como Cáritas o Creu Roja, que están desbordadas ante las necesidades de atención a colectivos en situación de vulnerabilidad.  

 

Muchas de estas personas que acuden en busca de ayuda para poder subsistir reconocen que no lo habían hecho nunca antes. Son los nuevos rostros de la pobreza. Familias que requieren de soporte para cubrir las necesidades básicas de la vivienda (como la hipoteca, el alquiler o el pago de suministros), y para llenar la despensa. La demanda no cesa, lo que demuestra que la pobreza crece entre nosotros a marchas forzadas.

 

Una de las ONG con más arraigo en el territorio es Cáritas, que cuenta con casi medio millar de personas voluntarias activas en la comarca, las cuales han atendido -desde el inicio de la pandemia y hasta finales de 2020- a más de 9.100 personas del Baix Llobregat y L’Hospitalet, 3.000 más que el año anterior.

 

“Muchas son familias que nunca nos habían pedido ayuda, y que tras agotar los pocos ahorros que tenían y recurrir a familiares o amigos, se han visto en la necesidad de llamar a nuestra puerta”, aseguran desde Cáritas Barcelona (donde se engloban las parroquias de Cornellà y L’Hospitalet), tras añadir que la mayoría ya “vivían al límite” y con dificultades para llegar a fin de mes. Y eso está provocando la imposibilidad de hacer frente a los gastos.

 

“El COVID-19 ha destruido los trabajos de estas familias, relacionados en su mayoría con la limpieza a domicilio, el cuidado de personas mayores o tareas en el sector turístico o la restauración”, señalan. Desde la entidad recuerdan que muchas de las personas que trabajaban en estos sectores lo hacían sin contrato, por lo que ahora no pueden acogerse a ningún tipo de ayuda social de la administración. “Además, también hay autónomos o personas que, a pesar del ERTE, no llegan a fin de mes”, apuntan.

 

El director de Cáritas Sant Feliu (diócesis donde se incluye el resto del Baix Llobregat), Ramon Carbonell, remarca que “la principal consecuencia derivada de la pandemia ha sido la pérdida del trabajo”. Según un estudio realizado por la entidad, al inicio de la crisis sanitaria un 36% de las personas que atendían contaban con un empleo, un porcentaje que ha bajado hasta el 23% durante este año. “El descenso todavía es mayor en las personas que trabajaban en la economía informal donde a finales de 2020 solo tenían trabajo el 12% de las personas”, afirma.

 

Desde la entidad aseguran que los hogares que no tienen ningún ingreso económico se han multiplicado por 2,6 en comparación con anterioridad a la crisis sanitaria. En estos momentos las principales demandas hacen referencia a la cobertura de las necesidades más básicas, como son la alimentación, los pagos de vivienda y suministros, y la demanda de trabajo.

 

En L’Hospitalet, por ejemplo, se han multiplicado por cuatro las personas que han recibido alimentos en especie, y por cinco las que han percibido ayudas económicas para pagar los suministros de su casa, el alquiler o el realquiler de la habitación donde viven. Desde Cáritas explican que en la actualidad están trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento y Creu Roja para implementar un nuevo modelo de entrega de ayuda para alimentación, basado en tarjetas solidarias de prepago, que contarán con una cantidad económica que se establece en función de los miembros de cada familia, y que podrá usarse en cualquier establecimiento. Asimismo, en esta ciudad también han impulsado, conjuntamente con la Fundació Formació i Treball y la parroquia de Santa Eulàlia de Mérida, un nuevo modelo de tienda donde las personas pueden ir, previa derivación de su trabajadora social, a recoger aquella ropa que precisen.

 

 

Pero también se han incrementado las demandas relacionadas con el apoyo educativo o el refuerzo para niños y adolescentes, concretamente en todo lo que hace referencia al ámbito digital y al acompañamiento psicológico y emocional. Desde Cáritas reconocen que les preocupa especialmente la afectación que esta pandemia puede tener en las familias con niños, ya que en el 43,1% de los hogares atendidos por la entidad se vive el conocido como apagón tecnológico, es decir, que no tienen conexión o dispositivos electrónicos o no saben cómo utilizarlos. “Durante el confinamiento, disponer de un ordenador o tener conexión a internet ha sido esencial, y aunque hemos repartido tablets y portátiles, lo cierto es que detectamos que el rendimiento escolar ha bajado”, aseguran desde Cáritas.

 

Las previsiones de la entidad para este año no son nada buenas. “Antes de la pandemia ya partíamos de una situación muy complicada para muchas personas, que al final han acabado sufriendo aún más las consecuencias”, manifiesta Carbonell, quien asegura que la situación ya era muy frágil para un porcentaje elevado de la población, que aún no se había recuperado de la anterior crisis de 2018. “El ascensor social no funcionaba y seguían creciendo las desigualdades”, lamenta.

 

Cáritas denuncia que los instrumentos básicos para paliar los efectos de esta nueva crisis, como son el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Básica de Ciudadanía, no están llegando de manera efectiva a las familias. “Primero de todo, por un exceso de trámites burocráticos y, después, por una falta de encaje entre las dos prestaciones que deja a muchas personas al margen”, detalla Carbonell. “Si a eso le añadimos el elevado precio de la vivienda y la situación a nivel de oportunidades laborales, no vemos que se pueda producir una recuperación a corto plazo”, alerta. Desde la entidad abogan por trabajar “hacia un horizonte que sitúe a la persona en el centro, que garantice los derechos y reduzca las desigualdades”.

 

Desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) también reconocen que “la emergencia social derivada de la pandemia ha agravado muchos de los problemas que ya existían y que se han hecho más visibles, como la economía sumergida, el sinhogarismo o la pobreza estructural”. Un ejemplo del impacto de la pandemia en las entidades sociales de la metrópolis es el análisis de personas atendidas durante el mes de marzo de 2020 y la comparación con el año anterior: un 49,20% de incremento. 

  

Lo mismo sucede en muchos Servicios Sociales de los ayuntamientos de la comarca, que tras el estallido de la crisis sanitaria han visto cómo se disparaba el número de peticiones, sobre todo las referentes a las ayudas en alimentación y vivienda. En L’Hospitalet, por ejemplo, de las 29.306 demandas telefónicas desde los Servicios Sociales, del 23 de marzo al 18 de diciembre de 2020, cerca de 12.000 corresponden a solicitudes de ayuda alimentaria y necesidades básicas. 

 

Este incremento sustancial de la demanda de alimentos ha hecho aumentar inevitablemente el gasto municipal, pasando de los 922.000 euros en 2019 a 1,8 millones en 2020. En cambio, en la atención socioeducativa en actividades de ocio de verano, los datos son similares a la media de los últimos años, pese al incremento de la demanda. En 2020, el gasto global en ocio de verano fue de 368.632 euros y dio cobertura a 2.271 niños de la ciudad. Unas cifras un poco por debajo en comparación directa con 2019 (415.000 euros y una cobertura de 2.611 menores). “La tendencia ha sido de mantenimiento a nivel presupuestario, pese a la limitación de las plazas por las medidas impuestas por el Procicat, la no oferta para educación especial y los confinamientos, aislamientos y cuarentenas”, señalan desde el consistorio.

 

En Gavà, si se suma la atención telefónica con la presencial, el 2020 se inició con una media de 1.258 personas al mes atendidas; de marzo a junio se llegaron a las 2.825 por mes, y actualmente están en las 717 personas atendidas. “Esta estabilización es debida fundamentalmente a que antes la mayor parte de la consultas eran para realizar trámites y ahora, una vez adquirida la experiencia, la atención se centra más en entrevistas de seguimiento o de primera acogida”, explican desde el Ayuntamiento.

 

Un indicador especialmente relevante para ver la magnitud de la crisis social provocada por el COVID-19 es el de personas beneficiarias del Banco de Alimentos de Gavà, que pasó de las 1.053 en enero de 2020 a las 1.993 en junio, cerrando 2020 con una media de 1.560 personas al mes. Desde el consistorio gavanense destacan que el aumento más notable de personas beneficiarias ha sido en mujeres, concretamente un 46% más con respecto a principios de 2020. “Nuestra percepción confirma lo que diferentes estudios publicados recientemente afirman: que la pobreza tiene rostro de mujer”, lamentan desde el Ayuntamiento. “Concretamente, de una mujer de mediana edad, con pocos estudios y con cargas familiares, que suele sobrevivir con ingresos inferiores a los 600 euros al mes provenientes de un trabajo precario”, detallan.

 

A nivel presupuestario, el gobierno municipal de Gavà dedicó a los Servicios Sociales más de 3,2 millones de euros (600.000 euros más que en 2019); y para este ejercicio la previsión es de 3,6 millones. Desde el consistorio recuerdan que el presupuesto es una “herramienta viva”, y que cuando se detecta una situación de necesidad o emergencia se hacen las modificaciones necesarias para ajustarlo y atender a las personas más vulnerables.

 

El Ayuntamiento de El Prat también ha constatado un aumento de las necesidades de atención social en el contexto de la crisis del COVID-19. Para dar una adecuada respuesta en mayo de 2020 se puso en marcha una nueva oficina integral que ofrece atención social; gestiones de información y orientación para tramitar las ayudas de las diferentes administraciones, asesoramiento en salud mental y seguimiento de las personas mayores, de los menores en riesgo o de mujeres víctimas de violencia machista. Asimismo, la oficina da cobertura a las necesidades alimentarias y básicas, mediante la tramitación de tarjetas monedero para la compra de alimentos o la derivación al Punto Solidario Municipal.

 

En este municipio, las atenciones sociales realizadas por el Ayuntamiento durante el año pasado se incrementaron con respecto a 2019 en un 50% más de nuevos expedientes. Concretamente, entre mayo y diciembre se realizaron 20.600 atenciones de este tipo. Este aumento de la demanda ha comportado que se haya triplicado el importe destinado a las diferentes ayudas otorgadas, pasando de los 301.800 euros en 2019 a los 950.000 euros en 2020. En concepto de alimentación y en alojamientos de urgencia, por ejemplo, se han asignado 377.000 y 307.000 euros más, respectivamente, en solo un año.

 

Por su parte, los Servicios Sociales Municipales de Sant Boi atendieron a lo largo de 2020 a un total de 12.925 personas, y el 20% de ellas no habían sido usuarias anteriormente. Mientras, el importe de las ayudas concedidas ascendió a 1,4 millones de euros (200.000 euros más que el año anterior), una cifra que incluía ayudas para los pagos relacionados con la vivienda (750.000 euros, lo que supuso un incremento del 31%), para manutención (480.000 euros y un incremento del 62%) y para suministros del hogar y atención socioeducativa. El número de familias que hicieron uso de la Botiga Aliments Solidaris también aumentó un 20%, pasando de las 750 a las 900 familias atendidas al mes.

 

La tendencia en el inicio de este año es muy similar y para dar una respuesta más efectiva a las nuevas necesidades generadas por la pandemia, el Ayuntamiento de Sant Boi ha decidido adelantar la puesta en marcha de un nuevo modelo de Servicios Sociales en la ciudad, con el objetivo de ofrecer una atención más específicamente centrada en las personas. “Se trata de priorizar el acompañamiento para el desarrollo personal y familiar, la potenciación de capacidades y el empoderamiento mediante un apoyo individual, grupal y comunitario”, explican fuentes municipales.

 

El nuevo modelo, que se pondrá en marcha a partir del 6 de abril, tiene como consecuencia una reorganización de los equipos de Servicios Sociales, que conlleva la separación de las tareas de atención social y las labores de gestión vinculadas a la concesión de ayudas y prestaciones.

 

Para gestionar estas ayudas (sociales, alimentos solidarios, pobreza energética y, en el futuro, aquellas relacionadas con la vivienda) y simplificar los procesos administrativos se crea la Oficina de Suficiencia Material, que estará atendida por personal especializado en Cal Ninyo. Mientras, la atención social irá a cargo de los Servicios Sociales Básicos de los diferentes distritos, desde la proximidad, con nuevas metodologías de intervención y con la incorporación de nuevas tecnologías. La atención a la infancia en riesgo será uno de los objetivos prioritarios.

 

En el caso de Sant Joan Despí, la partida destinada a Servicios Sociales creció más de un 26% en 2020 con respecto al año anterior, pasando de los 1,27 millones de euros a los 1,74 millones. Un incremento necesario para dar respuesta al número de personas atendidas, que aumentó un 15%. El servicio de atención domiciliaria, por ejemplo, registró una subida de un 26%, tanto en lo que respecta al presupuesto como al de ciudadanos atendidos; mientras que las partidas de alimentación y ropa han supuesto un aumento del 133% del presupuesto asignado; y las destinadas a vivienda y a prestaciones de urgencia han crecido un 143%.

 

Además de la entrega de 480 tarjetas monedero correspondientes a las becas comedor del Consell Comarcal, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, a medias con la Generalitat, también ha proporcionado 129 becas a niños y jóvenes de guarderías, infantil, primaria y secundaria para complementar las ayudas.

 

En este municipio, tras el estallido de la pandemia se habilitó un circuito entre farmacias, ambulatorios, Servicios Sociales y Creu Roja para la entrega de medicamentos entre las personas que no se podían mover de casa; y se puso en marcha el proyecto Àpats a domicili, que atiende a 38 personas mayores.

 

Además, se creó la Butlleta solidària, impulsada por las entidades de la ciudad en colaboración con la Taula Social, con el objetivo de vender papeletas para la recogida de dinero para que las familias puedan adquirir producto fresco y otros enseres. Una campaña que todavía sigue abierta.

 

En Viladecans, los Servicios Sociales atendieron en 2020 a 12.683 personas (2.145 más que en 2019) y se otorgaron ayudas por un importe superior a los 180.000 euros (36.200 euros más que el año anterior). Desde el Ayuntamiento señalan que las principales demandas han sido las relacionadas con la subsistencia y la manutención (alimentación, ropa e higiene); vivienda (deudas de alquiler, hipoteca u alojamientos alternativos); gastos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social (dentista, gafas, audífonos…); suministros de luz, agua y gas, becas de comedor escolar y ayudas para la compra de libros, material o actividades extraescolares.

 

En Viladecans destaca un proyecto innovador, puesto en marcha con la colaboración del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, para dar atención psicológica a las personas con problemáticas de salud mental derivadas de la crisis económica sobrevenida, la pérdida repentina del trabajo o el aislamiento social.

 

En estos primeros meses de año, están apareciendo casos nuevos con demandas económicas y laborales, y también otros que fueron atendidos hace años, que se recuperaron económicamente, pero que ahora vuelven a solicitar la ayuda de los Servicios Sociales.

 

El pleno municipal aprobaba ayer aprobaba ayer por la tarde la reedición del Plan de Reactivación Local (PRL), que recoge 36 nuevas medidas, a las que se destinarán 4,8 millones de euros. Desde el punto de vista social, el PRL 2021 servirá para dar un apoyo especial a personas en situación de vulnerabilidad, que no puedan cubrir las necesidades básicas, y para ayudar al pago de estudios o de alquileres. También se llevará a cabo una labor de prevención de la pobreza energética y de lucha contra la soledad de las personas y de ayuda a las que tienen diversidad funcional. Asimismo, se trabajará para que entidades y ciudadanía puedan acceder a la digitalización y a los estudios vía telemática en todo momento; se facilitará que los profesionales puedan realizar tareas de acompañamiento a la población en situaciones psicosociales vulnerables derivadas de la pandemia, y se facilitará que se dé apoyo emocional a quien lo necesite, en especial a las personas mayores, a las mujeres y al colectivo LGTBI.

 

En Esplugues, el total del gasto destinado a emergencias sociales pasó de los 226.000 euros en 2019 a los 320.000 en 2020, siendo las partidas asignadas a vivienda (incluidos el pago del suministro o los alojamientos alternativos de urgencia) y alimentación las más destacadas: cerca de 100.000 euros y 72.000 euros, respectivamente.

 

De hecho, 600 familias fueron atendidas el año pasado en el Centro Municipal de Distribución de Alimentos, que se puso en marcha ante el elevado incremento de personas que requerían ayuda en alimentación a raíz de la crisis del coronavirus. Ante esta realidad, y con el objetivo de profesionalizar la gestión y coordinación del servicio, el Ayuntamiento decidió reconvertir unas antiguas dependencias municipales en el nuevo centro y garantizar así este derecho básico a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aún así, sigue contando con la colaboración de las entidades que hasta entonces gestionaban el banco local de alimentos: Cáritas y la Asociación Cristiana Vida.

 

 

Las personas beneficiarias reciben un lote mensual de víveres, mayoritariamente producto seco (legumbres, arroz, cereales…), aceite y conservas, así como productos lácteos y verduras. Las entregas se hacen con cita previa para evitar al máximo posible las colas y facilitar así el cumplimiento de las medidas sanitarias. A causa del aumento exponencial de las familias atendidas en el Centro Municipal de Distribución de Alimentos, y con el objetivo de abastecer el servicio, el Ayuntamiento puso en marcha el año pasado dos campañas solidarias de recogida, en las que se consiguieron recaudar más de 12.000 kilos de alimentos.

 

Cornellà también cuenta con un servicio similar. Se trata de la Botiga Solidària, un proyecto comunitario que reparte cestos de alimentación básica tres días por semana: las tardes de lunes, miércoles y jueves. Cada día de reparto, 62 familias derivadas por los Servicios Sociales municipales se acercan al local de Can Bagaria, lo que supone 744 familias atendidas al mes.

 

Estas personas tienen perfiles diferentes, pero en su gran mayoría, son familias con niños pequeños que viven en una situación de vulnerabilidad, según explican desde el Ayuntamiento. Es por este motivo que los productos para lactantes y para los menores son de los más solicitados por los usuarios de la Botiga Solidària.

 

“La colaboración de la población local es constante, especialmente entre el tejido comercial”, aseguran desde el consistorio. Los mercados municipales, así como otros establecimientos de alimentación, cooperan ofreciendo sus excedentes para que en las cestas que se reparten también haya productos frescos como carne, pescado o fruta.

 

 

Cornellà puso en marcha en junio de 2020 un Plan de Protección Social, con el consenso de todos los grupos políticos municipales. La mayoría de acciones acabaron a finales de año y unas pocas continúan en curso, integradas en los presupuestos aprobados para 2021. “Unas cuentas que se han elaborado muy conscientes de la situación actual de incertidumbre que vivimos y con la previsión de actuar ante las necesidades que puedan surgir, así como de reactivar la economía lo más pronto posible”, aseveran desde el consistorio. Ahora, el Ayuntamiento acaba de aprobar este mes un nuevo plan de medidas sociales, económicas y fiscales, dotado con seis millones de euros.

 

La dotación para el primer paquete de medidas fue de tres millones de euros, de los cuales un millón se destinaron a un fondo social de contingencia y cerca de 1,4 millones a contrarrestar los efectos de la crisis en los ciudadanos más desfavorecidos, especialmente de aquellos colectivos que ya vivían una situación de desigualdad antes del coronavirus.

 

En este contexto, se reforzó con 57.500 euros la Botiga Solidària, que atendió a 3.234 personas; se destinaron 222.760 euros para dar alimentación a menores, personas mayores y dependientes; y se otorgaron 293 ayudas excepcionales y 815 kits de alimentación (91.800 euros) a vecinos afectados por ERTEs y otras situaciones derivadas del COVID-19.

 

También se desplegaron programas de refuerzo escolar y de apoyo digital para los alumnos de primaria y secundaria que no disponían de conexión o de los dispositivos necesarios para seguir su formación. Además, se potenció la atención social desde la Oficina de Eficiencia Energética y la colaboración con el Gremio de Instaladores del Baix Llobregat para atender los hogares más vulnerables, así como la mediación desde la Oficina Local de Vivienda, entre inquilinos y propietarios, para facilitar el pago del alquiler los meses posteriores al confinamiento.

 

La vivienda, ámbito prioritario de actuación

 

De hecho, la vivienda es otro de los ámbitos de actuación que más preocupa. En Molins de Rei, por ejemplo, se ha tenido que hacer un importante aumento de las ayudas e importes respecto al 2019, ya que se pasó de las 19 a las 70 ayudas y de los 6,6 millones de euros a los 30,9 en un año, dato que representa un 472,23% más del gasto realizado por el consistorio. En este municipio también resaltan el ligero aumento de las peticiones solicitadas para hacer frente al pago de suministros. Concretamente, en 2020 se incrementó un 27,18% el número de ayudas y un 14,92% el gasto realizado respecto al año anterior.

 

Esplugues, por su parte, ha alcanzado un acuerdo con la compañía Agbar para constituir una mesa social que trabaje de una manera más eficiente en la respuesta a los colectivos vulnerables que tienen dificultades para asumir el coste del suministro de agua en su domicilio. “Esta propuesta se basa en tres pilares: la solidaridad para no dejar a nadie atrás, la ocupación de calidad y la reconstrucción verde”, aseguran desde el consistorio.

 

En Sant Boi, una treintena de entidades vecinales y sociales presentaron en el pleno del mes de febrero una moción para la creación de un programa de atención a las personas sin hogar, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales. “Se trata de dar respuesta de una manera personalizada, integral e integrada a los santboianos que viven en la calle y en condiciones de infravivienda, para conseguir que vivan en un hogar digno y seguro”, explican desde las entidades. Además, piden que se implementen un conjunto de servicios que tengan por objetivo prevenir estas situaciones, cubrir necesidades vitales básicas y trazar itinerarios de inclusión que permitan la recuperación de la autonomía personal y los vínculos sociales de las personas más vulnerables.

 

La moción también insta al gobierno municipal a estudiar la posibilidad de abrir un equipamiento municipal de inclusión con un carácter permanente “que deberá ofrecer una oferta adecuada y diversificada de servicios para las personas sin hogar: acogida diurna socioeducativa de carácter abierto, acogida residencial y servicios de higiene y alimentación, que esté dotado de los recursos de atención psicosocial y sociosanitaria, apoyando su acceso a una vivienda digna y a su inserción sociolaboral”.

 

Las malas perspectivas económicas y la dificultad por la que están pasando los sectores económicos donde tradicionalmente es más fácil inserir laboralmente a los más vulnerables (restauración y hostelería) no auguran buenas perspectivas para este año.  

 

Por este motivo, algunos ayuntamientos ya han decidido incrementar las partidas destinadas a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Éste es el caso de Esparreguera, que asignará 138.000 euros más al programa de alimentos con el objetivo de hacer frente al aumento de la demanda. Desde el consistorio explican que actualmente hay 127 familias que ya tienen otorgada la ayuda y 79 solicitudes que están en trámite, “pero se prevé que a lo largo del año vayan llegando nuevas peticiones fruto de la situación económica”.

 

Al aumento de la demanda se le suma, además, el incremento de la cantidad económica que, vía tarjetas monedero, reciben las familias, que en junio pasado ya se modificó estableciendo una asignación de 50 euros por persona y mes con un tope de 200 euros mensuales por unidad familiar. Asimismo, también se incrementará la partida de ayudas sociales en 50.000 euros más, llegando así a los 90.000 euros.

 

Servicios Sociales adaptados a la nueva realidad

 

“La crisis del COVID-19 ha obligado a los Servicios Sociales a repensar las estrategias de atención a los usuarios y ha forzado, en un tiempo récord, la digitalización y automatización de los sistemas y procedimientos”, remarcan desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet. “En un nuevo contexto donde las necesidades y las demandas ciudadanas aumentan, la prioridad es siempre la atención a las personas y la garantía de las prestaciones y servicios a través de la implementación de nuevos métodos y herramientas”, apuntan las mismas fuentes.

 

Las limitaciones a la movilidad y las medidas de distancia física han convertido la atención telefónica en una herramienta primordial de comunicación con la ciudadanía en un sistema donde la atención presencial era antes de la pandemia casi del 100%. En L’Hospitalet, el 93% del total de las entrevistas realizadas por psicólogas, trabajadoras y educadoras sociales en 2019 fueron presenciales (un total de 40.866), mientras que el año pasado el 72% (32.634) se hicieron telefónicamente. En 2020, en total, se llevaron a cabo 45.377 entrevistas de atención a nuevos usuarios de los Servicios Sociales y de seguimiento a los que ya tenían un expediente abierto.

 

Desde Gavà también reconocen que se tuvo que mejorar “a marchas forzadas” la digitalización de los servicios municipales y “muchas veces sin tener los medios necesarios”. El hecho de tener que empezar a relacionarse con la ciudadanía de forma telemática “tuvo un gran impacto en los colectivos a los que atendemos desde Servicios Sociales, entre los que destacamos las personas mayores y con discapacidad”, asegura el asesor de coordinación de Educación e Inclusión Social en el Ayuntamiento, Jordi Tudela. “No podemos negar que ha sido complicado y difícil por ambas partes, y que ha supuesto un gran esfuerzo”, señala. En el caso de Gavà, antes de la pandemia había una media de 500 llamadas mensuales; mientras que entre los meses de marzo y junio del año pasado se contabilizaron más de 2.800 al mes.