El AMB declara la emergencia climática en la metrópolis

El Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó en su última sesión, por unanimidad, la declaración de emergencia climática, un paso decisivo para la aplicación urgente de varios objetivos estratégicos del ente supramunicipal: políticas destinadas a la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica, acceso garantizado y justo de la población al agua y el logro de una economía circular.

Además, con esta declaración, el AMB se compromete asumir el objetivo de la UE de reducir un 55% de emisiones de gases de efecto invernadero para el próximo 2030 y de lograr la neutralidad en carbono en el año 2050.

Según los últimos datos disponibles, las emisiones se redujeron en 2018 un 33,5% en relación a las del 2005, aunque se observa un repunte en los últimos años analizados, "lo que demuestra que las emisiones del área metropolitana de Barcelona están muy ligadas al crecimiento económico", aseguran desde el AMB en un comunicado.

El gráfico siguiente muestra los porcentajes de emisiones difusas (las que no forman parte del mercado de derechos de emisiones) por sectores. Se observa que hay sectores que han disminuido el peso (como el de los residuos) y centra las prioridades de mejora futura en sectores como la movilidad y el transporte, los servicios, el sector doméstico y los procesos ligados a la industria.

El diagnóstico también incorpora las emisiones correspondientes al sector industrial, que tiene sus emisiones incluidas en el mercado de derechos de emisiones. Este sector ha aumentado un 8% desde 2005: de los 4.616.018 millones de toneladas en 2015 a 4.982.647 en 2018.

En el sector de las emisiones difusas, y según los resultados observados, a fin de reducir las emisiones un 55% en 2030 y poder hacer frente a la emergencia climática, las acciones prioritarias que deben llevarse a cabo son descarbonizar la demanda energética en todos los sectores e invertir, al mismo tiempo, en energías renovables para cubrir esta demanda en el ámbito local; propiciar un cambio modal en el sector del transporte, facilitar la conexión de flujos intermunicipales y optimizar la distribución urbana de mercancías; e impulsar la rehabilitación de la edificación en el ámbito residencial y terciario con criterios de eficiencia energética.

"La reducción de emisiones debe abordarse desde todos los sectores, también desde el sector privado empresarial e industrial, pero el papel del AMB es especialmente importante para reducir las emisiones derivadas de la gestión de residuos, el agua y la movilidad, que son las materias sobre las que tiene competencia por ley", explican desde el organismo. "Por tanto, es en la prestación de estos servicios donde concentra más esfuerzos para llevar a cabo un verdadero cambio de modelo", apuntan las mismas fuentes.

En 2018, las emisiones totales del territorio metropolitano fueron de 13.052.125 toneladas de CO2, es decir, ya tuvo lugar una reducción del 33,5% respecto al 2005, considerando todos los sectores. Para alcanzar los objetivos marcados por la UE, hay que reducir 2.280.592 toneladas de CO2 adicionales hasta 2030. La reducción prevista en los diferentes planes metropolitanos, como el de movilidad urbana, el de prevención y gestión de recursos y residuos municipales o el de energía y clima, es de 1.063.470 toneladas de CO2.

Medidas urgentes en cinco ámbitos clave

El AMB ha establecido cinco retos transversales para hacer frente a esta emergencia, y cada uno de ellos cuenta con medidas concretas.

El primero es el de la transición energética, que  consiste en transformar el modelo de generación y consumo de energía, abandonando progresivamente los combustibles fósiles, reduciendo el consumo energético e impulsando la energía renovable.

El organismo metropolitano quiere lograr este cambio global mediante diversas actuaciones, recogidas en el Programa Marco de Actuaciones en Clima y Energía (PMEC). Por ejemplo, pretende rehabilitar equipamientos con clave de eficiencia energética, reducir los consumos actuales e impulsar programas de rehabilitación en el que la variable energética sea clave.

En este mandato también impulsará la producción fotovoltaica y desarrollará los planes de cubiertas, que ya están a disposición de los ayuntamientos "y que permitirán dar un salto de escala en la producción energética municipal y metropolitana", aseguran. Con la introducción de tecnologías innovadoras como las fotolineras bidireccionales, no solo se generará energía renovable, sino que se podrá almacenar para disponer de ella en momentos de necesidad. Además, el establecimiento de comunidades energéticas permitirá el intercambio de energía entre comunidades de vecinos, equipamientos públicos e industria mediante la digitalización de la red.

El resultado esperado de este reto es que los equipamientos y alumbrados municipales sean 100% renovables en 2030 y alcancen la neutralidad de carbono, y que el territorio cuente con un mínimo de 300 comunidades energéticas que generen, consuman y compartan energía en condiciones justas.

El AMB también trabaja en la innovación en el ámbito energético. De hecho, forma parte de tres proyectos de investigación europeos H2020 en el ámbito de la generación y el almacenamiento de energía, así como de rehabilitación energética de edificios públicos municipales (proyectos ProcuRE, V2Market y Up-Stairs), que suponen cerca de dos millones de euros de presupuesto para los próximos cuatro años.

El segundo reto transversal es el uso y gestión eficiente de los recursos hídricos En la metrópolis, ​​el cambio climático agravará la falta de disponibilidad de recursos hídricos y para evitarlo, el AMB está elaborando el Plan director estratégico del ciclo integral del agua (PDECIA), que, entre otras medidas, incluye fomentar el uso del agua regenerada y los acuíferos, continuar incentivando la reducción del consumo doméstico e identificar las situaciones de pobreza hídrica y trabajar para minimizar su impacto en la población.

La movilidad sostenible es el tercer reto. El tráfico de vehículos es la principal causa de contaminación del aire y cada año provoca 3.500 muertes prematuras en el área metropolitana de Barcelona. "Por eso, y porque el potencial de reducción de emisiones en este ámbito es muy grande, es uno de los principales sectores en los que hay que incidir en los próximos años para alcanzar los objetivos que marca la UE", remarcan desde el AMB.

El Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) es una herramienta esencial en este sentido. Los aspectos clave son mejorar el transporte público fuera de Barcelona, articulando ejes de transporte público de alta capacidad para potenciar la intermodalidad entre municipios y aumentar la oferta de bus interurbano para facilitar los flujos de movilidad por motivos laborales y personales; reforzar la red ferroviaria como eje vertebrador de la movilidad metropolitana, completarla con nuevas líneas, interconectarla y hacerla menos radial y completar la red de tranvías; equilibrar la oferta de puestos de trabajo con la población ocupada residente, para reforzar la autocontención y disminuir las distancias de los desplazamientos; reducir la necesidad de movilidad obligada mediante la promoción del teletrabajo y el uso de medios digitales como las teleconferencias; y optimizar el modelo logístico de distribución urbana de mercancías (DUM) y la distribución de último kilómetro, para incrementar su eficiencia y reducir su impacto.

Desde el organismo supramunicipal también señalan la necesidad de abordar la reducción del impacto del puerto y el aeropuerto. Ambas infraestructuras, que emiten cuatro veces más CO2 que el total de la ciudad de Barcelona, ya trabajan en planes para impulsar energías renovables y electrificar al máximo sus operaciones, así como para acelerar los accesos ferroviarios al puerto y potenciar su uso en el aeropuerto.