Marín pedirá que se archive la causa que la implica en el caso del Consell Esportiu

La alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha asegurado que pedirá que se archive la causa por la que se la investiga en relación a las presuntas irregularidades en la contabilidad del Consell Esportiu. Lo ha hecho en una breve intervención sin preguntas en el edificio de los medios de comunicación municipales, al que se ha trasladado después de prestar declaración hoy en calidad de investigada ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, que instruye la causa.

Según ha explicado Marín, en su comparecencia ante la juez, que ha durado cerca de una hora, ha contestado a todas las preguntas que le han hecho las partes y ha defendido que "siempre he actuado dentro de la legalidad y con el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento".

También ha avanzado que espera poder presentar en las próximas semanas la petición para que se archive la causa contra ella, y ha añadido que "confío plenamente en la justicia y que, a partir de mi declaración y de la de todas las que se han realizado, se puedan esclarecer los hechos".

El abogado de Marín, Fermín Morales, ha asegurado que no harían más valoraciones "por respeto a la investigación", y sobre al volcado del contenido del teléfono móvil de Marín, ha asegurado que no se han encontrado aspectos relevantes a aportar a la causa.

Una veintena de personas investigadas

Marín ha cerrado hoy la semana de comparecencias judiciales en relación al caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet, que investiga la supuesta trama del desvío de subvenciones en la entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la promoción del deporte escolar y en la que hay cerca de una veintena de personas investigadas entre funcionarios, cargos políticos y miembros de la junta directiva. En el caso se investigan presuntos delitos de falsedad documental, desviación de subvenciones públicas, malversación y blanqueo de capitales.

Marín ya declaró el 10 de diciembre de 2020 frente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), en relación a este caso. Entonces salió en libertad con cargos después de que la policía le atribuyera los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión de persecución del delito. Ese mismo día la alcaldesa ya anunció a los medios de comunicación, en rueda de prensa, que pediría declarar ante la justicia lo antes posible para aclarar su papel en el caso.

Marín ha podido declarar finalmente hoy como investigada tras ser citada por la titular del juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet, en la Ciutat de la Justícia. La alcaldesa ha llegado al edificio judicial sobre las 10.30 horas. Antes, han prestado declaración la jefa de gabinete de la alcaldía, Montse Pérez, y el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras (JxCAT), quien ha asegurado a la prensa a la salida del juzgado que las subvenciones que ha recibido el Consell Esportiu por parte de la Generalitat están "bien justificadas". El primer secretario del PSC de L’Hospitalet y teniente de alcalde, Cristian Alcázar, exconcejal de Deportes y expresidente del Consell Esportiu, estaba citado sobre las 13 horas.

Aprovechando la citación de Marín, se han manifestado frente al edificio judicial los sindicatos de la Guardia Urbana en demanda de mejoras laborales, asi como comitivas del formaciones políticas como Vox y el Partit Comunista dels Comitès Catalans, o el colectivo Alternativa d'Esquerres de L'Hospitalet que han pedido la dimisión de la alcaldesa.

En esta semana de comparecencias, el primero en declarar, el pasado miércoles, en calidad de testigo, fue el concejal que denunció el caso, el socialista Jaume Graells, quien antes de entrar a los juzgados aseguró a los medios de comunicación sentirse “decepcionado” con el partido, ya que “me han perseguido y solo han protegido a los acusados”. Asimismo, lamentó que Marín no depurara responsabilidades después de que le informara de las irregularidades.

El 3 de febrero de 2020 Graells puso en conocimiento de la alcaldesa las presuntas irregularidades en la contabilidad del Consell Esportiu aportando documentación que evidenciaría estas supuestas prácticas ilícitas.

Marín encargó entonces una auditoría interna que quedó paralizada posteriormente por la pandemia y por el registro policial de la entidad el 10 de junio, después de que Graells denunciara finalmente el caso. Tras ese registro fueron detenidos y puestos en libertad con cargos el propio Alcázar, que hoy ha tenido que declarar por segunda vez, el concejal socialista Cristóbal Plaza, que dimitió a raíz del caso, y el director de la entidad, Eduard Galí. Los tres formaban parte de la junta directiva de la entidad.

Según explicaron fuentes jurídicas, Graells, que tras destapar el caso dimitió como teniente de alcalde pero que no ha dejado su acta ni el grupo municipal, en su comparecencia ante la magistrada el pasado miércoles cargó contra Marín, a la que acusó de "innacción" y "pasividad" a la hora de investigar su denuncia.

Ese mismo día estaban citados a declarar una decena de testigos. La jueza, la fiscal y la acusación popular se centraron en intentar aclarar el papel que jugó Marín desde que Graells le alertara sobre las presuntas irregularidades, y si ésta mantuvo una conducta “omisiva o pasiva”, tal y como sostiene la juez en el auto del pasado 22 de diciembre en el que autorizó el acceso al contenido del teléfono móvil de la alcaldesa. En dicho auto, la magistrada ve indicios de que los investigados, en su actividad “aparentemente ilícita”, habrían contado con la “connivencia” de otras personas, entre ellas de la propia alcaldesa.

Entre la decena de testigos que declararon el miércoles se encontraba el auditor encargado de revisar las cuentas del Consell Esportiu, quien aseguró que solo pudo revisar el 30% de la documentación antes de que la Policía Nacional se hiciera cargo del caso, y que en ella ya pudo comprobar pagos sin justificar, aunque no pudo aclarar otras presuntas irregularidades que se investigan relacionadas con una doble contabilidad (una supuesta diferencia de 500.000 euros entre las cuentas presentadas a la asamblea de la entidad y las entregadas a la secretaria de Deportes de la Generalitat) o la contratación irregular de personal.

Las comparecencias continuaron ayer jueves. Prestó declaración como investigado José Antonio Montoya, el actual tesorero del Consell Esportiu, así como otros representantes de los órganos de dirección de la entidad.