El Prat, Viladecans y Sant Boi exigen a la Generalitat más financiación y capacidad de gestión para el Delta del Llobregat

Los alcaldes de El Prat y Viladecans, Lluís Mijoler y Carles Ruiz, respectivamente, y la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, han reclamado esta mañana tanto a la Generalitat como al Gobierno central que aceleren los planes, medidas e inversiones para cumplir con las exigencias europeas de salvaguardar los espacios naturales del Delta del Llobregat. Dos meses después de la advertencia que lanzó la Comisión Europea (CE) a las instituciones estatales para aumentar su protección, los tres ediles denuncian que no se ha avanzado en el logro de los requerimientos exigidos por la CE, quien alertó de que el caso podía acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Mijoler, Ruiz y Moret han lamentado que, a pesar de los anuncios realizados, la Generalitat no prevea la presentación inmediata del Plan especial de protección del medio natural y del paisaje del Delta del Llobregat, para que pueda empezar a implementarse “con la máxima celeridad”. Según los alcaldes, este plan, cuyo desarrollo está pendiente desde al año 1994, “es fundamental para garantizar la conservación de la biodiversidad del Delta, ya que debe delimitar la superficie de los espacios naturales protegidos, establecer sus figuras de protección, redactar la normativa aplicable y definir el programa de actuación e inversiones”.

En cuanto al Parque Agrario del Baix Llobregat, los ediles apuestan por “potenciar de manera decidida” la implicación de las administraciones miembros (Generalitat de Catalunya, Diputación, Área Metropolitana de Barcelona y ayuntamientos) en el refuerzo de la estructura y la dotación económica de su órgano gestor. 

“Hemos decidido unir fuerzas y defender una vez más nuestro compromiso con el Delta”, ha asegurado Mijoler. El alcalde de El Prat ha insistido en la necesidad de “entender el territorio en su totalidad” y proteger esta “infraestructura verde de carácter estratégico”, sobre todo ahora, en el actual contexto de emergencia climática y con el COVID-19 como telón de fondo. “La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la proximidad y de dotar a las ciudades de entornos saludables”, ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Viladecans ha denunciado la falta de recursos económicos destinados a esta zona por parte de la Generalitat. “Es una preocupación que tenemos desde hace muchos años, porque ha habido una desidia e insuficiencia en la gestión”, ha aseverado, tras añadir que son los ayuntamientos los que están complementando con recursos propios este déficit de financiación por parte del Govern. “Aún así siguen siendo insuficientes y más si tenemos en cuenta la previsión de ampliar los espacios naturales”, ha apuntado.

Ruiz también ha pedido una “visión conjunta” del territorio al tratarse de un “entorno muy complejo” donde coinciden espacios naturales y actividad agrícola y económica. “La gestión se está haciendo parcialmente, adoptándose medidas en los diferentes ámbitos, pero sin una visión global que permita tener una estrategia conjunta”, ha explicado, tras volver a exigir un “compromiso firme” para incrementar los recursos y mejorar la capacidad de gestión.

Mientras, la alcaldesa de Sant Boi ha lamentado “la falta de estrategia y de gestión de las administraciones competentes, sobre todo de la Generalitat”, un hecho que a su parecer “ha provocado impactos negativos” en el territorio deltaico. Moret ha resaltado la necesidad de que los desarrollos “sean sostenibles” desde una triple mirada: social, económica y ambiental.

La edil socialista ha recordado que se trata de un “entorno diverso y complejo”, y por este motivo solicita “un compromiso especial de trabajo conjunto” con todas las instituciones, entidades y agentes sociales y económicos para elaborar una hoja de ruta que indique cómo gestionar y proteger estos espacios.

Documento conjunto de propuestas

Los ediles lamentan la “inactividad” de las administraciones autonómica y estatal, y han anunciado que los tres ayuntamientos están trabajando un documento de propuestas “para avanzar hacia una gobernanza global” del Delta del Llobregat y del Parque Agrario que “garantice la mejor protección y proyección de estos espacios”.

Los consistorios proponen impulsar las inversiones necesarias para avanzar en este sentido. Una de las acciones que consideran prioritarias es la de cumplir con los compromisos anteriores realizando las actuaciones de compensación ambiental previstas y que todavía no se han desarrollado, así como revertir el aparcamiento de taxis cercano a la T1 construido sobre el conector biológico de Can Sabadell, tal y como reclama la CE. 

Asimismo, solicitan que se realice una evaluación ambiental global que fiscalice la precisión en la identificación de los impactos ambientales específicos y acumulados detectados en procesos de evaluación previos sobre el impacto de las obras incluidas en el Plan Delta; y que se amplíen los espacios protegidos para garantizar la biodiversidad.

Los alcaldes también reclaman que se descarte cualquier ampliación de infraestructuras como el aeropuerto y el puerto que suponga pérdida de espacios naturales o agrícolas protegidos. 

Además, también abogan por definir un conjunto de propuestas para poner fin a la regresión del litoral deltaico. En este sentido, se apuesta por dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental en cuanto a la reposición de arena en las playas del Delta, pero se remarca que hay que encontrar soluciones de carácter más estructural. 

Impulsar urgentemente la recuperación de la calidad y cantidad de las masas de agua, sobre todo para los estanques de la Ricarda, Cal Tet y el Remolar; garantizar una mayor aportación de las administraciones a los Consorcios de Gestión de los Espacios Protegidos y del Parque Agrario; definir los planes e inversiones necesarias para proteger los conectores biológicos internos y externos que garanticen la continuidad de las comunidades biológicas; e incorporar en los compromisos de actuación para la preservación de los espacios naturales del Delta la visión y las necesidades de los agricultores como principales agentes del Parque Agrario, son otras de las acciones y medidas que los tres ayuntamientos consideran más apremiantes.

Actualmente los espacios naturales del Delta del Llobregat comprenden una superficie de 969,4 hectáreas y están gestionados por un consorcio que dispone de un presupuesto anual de 438.000 euros y siete empleados. El Parque Agrario del Baix Llobregat, por su parte, se extiende sobre una superficie de 3.332 hectáreas. El consorcio que lo gestiona dispone de 959.095 euros anuales y cinco trabajadores.