Crecer sin miedo

Se acabó el silencio, se acabó la soledad. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia marca un antes y un después en la defensa de los derechos y la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a ser pionero en la conquista de derechos de las personas más vulnerables, en este caso los niños, niñas y adolescentes. Y lo ha hecho desde la construcción colectiva con las diferentes organizaciones de infancia, y con la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias. Sin complejos, priorizando el interés superior del menor por encima de las siglas políticas.

Muchos son los nuevos derechos conquistados: el niño o niña podrá denunciar de manera personal y directa; se mejoran las posibilidades de reparación de las víctimas de abusos sexuales y violaciones, contando el plazo de preinscripción a partir de que la víctima cumpla 35 años; y se protege a los menores de 14 años para que testifiquen en una única ocasión mediante la obligatoriedad de la prueba preconstituida.

La ley también incide en las diferentes formas de violencia machista que sufren niñas y niños desde la infancia. Por eso suspende la custodia compartida o el régimen de visitas cuando un padre tiene interpuesta una orden de protección por violencia de género, pone punto y final al uso del falso Síndrome de Alienación Parental, y sus diferentes mutaciones; y reconoce la violencia vicaria como una forma de violencia machista que se realiza contra los menores y a través de ellos contra sus madres. Además, conscientes de la aparición de nuevas formas de violencia surgidas en el entorno digital (el 40% de nuestras adolescentes han sufrido ya acoso sexual online), la norma categoriza el mundo virtual en cuanto a los riesgos que supone especialmente para los y las adolescentes.

El 15 de abril de 2021 será recordado siempre. Ese día conseguimos que nuestro país fuese un poco más democrático, más humano, más justo. Desde ese día, nuestro país sitúa en el centro de la agenda política a todas y cada uno de los los 38.000 menores víctimas de violencia (según datos de 2018, los últimos recogidos por el Ministerio del Interior). Les protege, les acompaña y les atiende para que dejen de sufrir en soledad y silencio el amargo peso de la violencia. Un avance que, como rezaba la primera campaña institucional vinculada con esta ley, les ayude a crecer sin violencia y a vivir sin miedo.