La transición energética, una prioridad inaplazable

El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece que antes del año 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado en fuentes de generación de origen renovable.

 

La emergencia climática es una realidad innegable y los expertos insisten en que hay que afrontarla con una visión estratégica compartida, ya que solo así se conseguirá alcanzar el ambicioso Pacto Verde Europeo, que apuesta por una economía baja en carbono, a través de una estrategia industrial europea y un plan de acción en materia de economía circular.

 

El Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó en abril, por unanimidad, la declaración de emergencia climática, estableciendo cinco retos transversales para hacerle frente y que incluyen acciones concretas. Muchas de ellas están incluidas en el paquete de medidas que el organismo ha presentado para optar a los fondos europeos Next Generation. En total son 11 los proyectos exhibidos, que engloban 34 actuaciones y que tienen un impacto de 2.716 millones de euros.

 

El primer gran reto transversal, y al que se quiere dar un fuerte impulso con los fondos europeos, es el de la transición energética, que  consiste en transformar el modelo de generación y consumo de energía, abandonando progresivamente los combustibles fósiles, reduciendo el consumo energético e impulsando el uso de las energías renovables.

 

De hecho, el AMB tiene previsto triplicar la potencia fotovoltaica propia a finales de este año. Para ello, se pondrán en marcha 16 nuevas instalaciones en cubiertas de edificios y 12 nuevas fotolineras. De este modo, se pasará de una potencia instalada en la metrópolis de 800 KWp a una de 1.314 KWp, con el objetivo de que en 2023 la potencia supere los 5.000 KWp, que equivalen al consumo de casi 2.100 hogares, a 286 vueltas al mundo en coche diesel en un año o a la plantación anual de 69.000 árboles.

 

Paralelamente, el organismo metropolitano continúa diseñando planes personalizados para que cada municipio pueda conocer su potencial de generación de energía solar fotovoltaica y, de este modo, definir los proyectos y priorizar las inversiones. La finalidad es que a finales de año los 35 ayuntamientos metropolitanos (se excluye Barcelona) hayan elaborado su plan de cubiertas verdes y cuenten con una fotolinera y una nueva instalación fotovoltaica en cubierta.

 

“Todas ellas son acciones enmarcadas en el plan denominado Ayuntamientos 100% renovables”, remarcaba recientemente el vicepresidente de Ecología, Eloi Badia, y el objetivo final es garantizar que en el año 2030 “la totalidad de los consumos energéticos de los edificios municipales y del alumbrado público sean 100% renovables”, apuntaba.

 

Para ello será necesario instalar hasta 100 MWp de producción fotovoltaica, pero también reducir el consumo municipal a la mitad del actual. El reto de generación para los próximos años requiere la hoja de ruta que suponen los planes de cubiertas, pero también de financiaciones importantes. En esta línea, el ente supramunicipal ha aprobado el Plan de Sostenibilidad Ambiental (PSA), que amplía la capacidad inversora del AMB en 110 millones de euros mediante acciones de eficiencia energética y de movilidad sostenible. Las nuevas instalaciones fotovoltaicas, que los ayuntamientos podrán utilizar para incrementar la potencia instalada, son una de las actuaciones previstas en este plan.

 

El segundo reto es el uso y gestión eficiente de los recursos hídricos En la metrópolis, el cambio climático agravará la falta de disponibilidad de recursos hídricos y para evitarlo, el AMB está elaborando el Plan director estratégico del ciclo integral del agua (PDECIA), que, entre otras medidas, incluye fomentar el uso del agua regenerada y los acuíferos, continuar incentivando la reducción del consumo doméstico e identificar las situaciones de pobreza hídrica y trabajar para minimizar su impacto en la población.

 

La movilidad sostenible es el tercer reto recogido en la declaración de emergencia climática. El tráfico de vehículos es la principal causa de contaminación del aire y cada año provoca 3.500 muertes prematuras en el área metropolitana. “Por eso, y porque el potencial de reducción de emisiones en este ámbito es muy grande, es uno de los principales sectores en los que hay que incidir en los próximos años para alcanzar los objetivos que marca la UE”, remarcan desde el AMB.

 

 

La financiación de fondos europeos podría acelerar las estrategias que el AMB tiene en marcha en este ámbito, como el impulso al uso de la bicicleta, para pasar del 1,5% de usuarios diarios a más del 4%, reforzando la red Bicivia de vías pedalables y la de aparcamientos seguros, y ampliando el servicio de bicicletas públicas.

 

Las inversiones también pondrán énfasis en la renovación y electrificación de la red de transporte público, ya que el objetivo del AMB es que en el año 2030 un 40% de la flota del servicio de autobuses sea de cero emisiones y un 50% sea de motorización híbrida. En este sentido, con los recursos de la UE se prevé la adquisición de 194 vehículos limpios. Para poder cumplir con estos compromisos, también se ejecutarán actuaciones de infraestructura eléctrica, como la instalación de pantógrafos para cargar autobuses en la vía pública, y puntos de carga nocturna en las dos cocheras de titularidad pública.

 

Los programas Next Generation del AMB también incluyen actuaciones en la red de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y en la de Metro. Todas ellas se completarán con medidas como la creación de nuevas zonas de bajas emisiones de ámbito local, la ampliación de la red de aparcamientos de intercambio en las estaciones de ferrocarril y más electrolineras distribuidas por la metrópolis.

 

El cuarto eje transversal reflejado en la declaración es el de los recursos, la economía circular y los cambios en los modelos de producción y consumo. Ante la emergencia climática, el AMB quiere dar impulso a un modelo de desarrollo de economía circular, que reduzca la extracción de materias primas y convierta los residuos en recursos, para introducirlos de nuevo en el ciclo de producción.

 

El PREMET25 es la nueva estrategia de gestión de los residuos metropolitanos. En primer lugar, promueve la prevención con la filosofía de que el mejor residuo es el que no se llega a generar; y, en segundo término, busca aumentar significativamente los índices de recogida selectiva en la metrópolis, que actualmente se encuentran estancados en torno al 37%, por debajo de la media de Catalunya (42%).

 

“Este cambio de escala se conseguirá con la implantación, el apoyo y el acompañamiento del AMB en los nuevos sistemas de recogida, como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes”, señalan desde el organismo. La meta es cumplir los objetivos europeos de lograr una recogida selectiva del 55% en 2025 y del 60% en 2030.

 

Finalmente, por lo que hace referencia al tratamiento de residuos, el plan establece el abandono progresivo del modelo actual, basado en los ecoparques y la valorización energética, en favor de plantas más modernas y versátiles y centradas, sobre todo, en el tratamiento de la materia orgánica. Los fondos europeos podrían financiar, por ejemplo, el futuro centro de biofertilizantes y adobos, una instalación pionera en Europa que aprovechará los nutrientes presentes en estos residuos para satisfacer las necesidades del Parque Agrario del Baix Llobregat.

 

Desde el organismo también insisten en la importancia de hacer un cambio de modelo productivo que fomente la reducción de emisiones. En este sentido, se identifican acciones dirigidas al tejido industrial y productivo, como la aplicación de medidas de fiscalidad climática, impulsar la contratación pública con criterios hipocarbónicos o potenciar las empresas del sector de las energías renovables.

 

Por último, el quinto eje transversal es el de los nuevos modelos urbanos. De hecho, el Plan Director Metropolitano (PDU), que está definiendo el futuro urbanismo de la metrópolis de Barcelona, en todo momento tiene en cuenta la situación de emergencia climática global.

 

Parque tecnológico de la madera y del bosque

 

La protección de la infraestructura verde es otra de las grandes apuestas estratégicas del organismo metropolitano, con acciones encaminadas a mejorar la conexión y calidad de los espacios naturales y urbanos.

 

En este ámbito toma especial relevancia la estabilización del frente litoral, que con 25 kilómetros de playas supone el activo natural más importante de la metrópolis, y que está gravemente amenazado por el cambio climático. Las intervenciones se centrarán en evitar la regresión de la arena de las playas, que se ve agravada por los temporales, cada vez más frecuentes y violentos.

 

Otro proyecto destacable es la creación del Parque Tecnológico Metropolitano de la Madera y del Bosque. Este centro, que se ubicará en el límite urbano del Parque Natural de la Sierra de Collserola, en el término municipal de Molins de Rei, será un espacio de innovación, formación, investigación y producción sostenible, para revalorizar los productos forestales a la vez que se genera un beneficio y se consigue que aumente la resiliencia de los bosques.

 

 

El proyecto plantea las capacidades del sector público para la gestión forestal y la promoción de la construcción sostenible con actores privados que aporten eficiencia e innovación en el modelo de explotación. El parque contará con una planta piloto de paneles de CLT, talleres para co-creadores, laboratorios y una escuela de formación profesional relacionada con la industria forestal, entre otras actividades.

 

Esta instalación se complementará con el Living Lab, que se ubicará en una finca pública de 140 hectáreas propiedad del Consell Comarcal del Baix Llobregat y situada en Sant Climent. La iniciativa consiste en poner en marcha un plan de valorización de la finca mediante el aprovechamiento agroforestal, experimentando con métodos basados en la economía circular. Se incluye también la posibilidad de realizar procesos de primera transformación para obtener más valor añadido y se complementará con formación y programas de investigación.

 

Por último, el AMB también quiere que los fondos europeos den un impulso definitivo a la rehabilitación del parque de viviendas, con un plan que mejore la eficiencia energética de hasta 12.971 hogares para reducir hasta 13.295 toneladas de CO2. Estas actuaciones también tendrán efectos positivos sobre la ocupación, ya que el organismo metropolitano calcula que se crearán más de 2.600 puestos de trabajo en cuatro años, a razón de 20 empleos por millón de euros invertido en rehabilitación.

 

Implicación de los municipios

 

Muchas de las acciones del AMB se han trabajado de forma conjunta con la Diputación de Barcelona y con los ayuntamientos del territorio. Pero éstos, además, lideran otras iniciativas propias a favor de la sostenibilidad.

 

Es el caso de Viladecans donde la transición ecológica es desde hace años un tema prioritario en el marco de la política municipal. El Ayuntamiento, en su afán por encontrar una forma de asegurar una gestión energética más eficiente, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con capacidad para combatir la pobreza energética, creó el Vilawatt, un proyecto que ha impulsado la creación de un operador energético local con una estructura conjunta integrada por ciudadanía, empresas y consistorio.

 

El proyecto Vilawatt fue seleccionado en 2016 por la Unión Europea por su carácter innovador, participativo y de comunidad, y recibió el impulso financiero de la UIA (Urban Innovative Actions). Durante estos años, la iniciativa ha permitido crear una empresa público-privada para el suministro de electricidad y el desarrollo de diferentes proyectos, como la rehabilitación de edificios, la creación de comunidades de aprendizaje en cultura energética y la puesta en marcha de una nueva moneda local vinculada a la transición energética. El proyecto cuenta con una inversión total de 5,3 millones de euros, de los cuales la UE aporta 4,2 millones, el 80% del total.

 

En Viladecans también hay otras actuaciones en marcha como la constitución de una red de refugios climáticos en equipamientos y espacios públicos; la eliminación de plantas exóticas y plantaciones de especies autóctonas en las áreas naturales; la creación de una infraestructura verde para aumentar el confort climático y para mejorar la conexión de los corredores biológicos para favorecer la biodiversidad, o la utilización de agua freática para el riego de las calles y la limpieza viaria.

 

 

La transición hacia un nuevo modelo energético es una de las principales prioridades de Sant Boi dentro de su estrategia global por una ciudad saludable y sostenible. La hoja de ruta que orientará a partir de ahora este cambio, a 10 años vista, será el Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima, actualmente en fase de elaboración.

 

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue desplegando medidas concretas hacia este nuevo modelo. Una de ellas es la apuesta por convertir el área de servicios para el transporte de Can Calderon, gestionada por la empresa local Claus, en la instalación con la más amplia gama de combustibles disponibles en todo el entorno, como el AutoGas o el gas licuado de petróleo. Recientemente, además, ha entrado en funcionamiento una estación de suministro de gas natural comprimido (GNC), gracias a la cual la flota municipal de vehículos de limpieza y recogida de residuos reducirá cada año 160 toneladas de CO2; y en breve entrará en servicio el primer punto de recarga rápida del municipio.

 

El Ayuntamiento también trabaja para crear diferentes comunidades energéticas mediante autoconsumo compartido que deben confluir en una comunidad energética global de ciudad, actualmente en fase emergente. El objetivo es disminuir el uso de energía eléctrica convencional y sustituirla progresivamente por energía fotovoltaica generada en las cubiertas de los edificios públicos y privados (tanto en el casco urbano como en la zona industrial), promoviendo la instalación de placas solares y contando con un sistema inteligente de monitorización, seguimiento y control de los niveles de producción y consumo que ya funciona en forma de prueba piloto en el edificio municipal Sant Boi Centreserveis, en la carretera C-245. De esta manera, se quiere configurar en la zona industrial un polo especializado en el autoconsumo de energía, aprovechando las inversiones que muchas empresas están haciendo ya para mejorar la eficiencia de sus consumos.

 

Sant Boi también está integrando las tecnologías smart en los proyectos para la construcción de nuevos equipamientos públicos o la renovación de los actuales. Es el caso del Parc d’Aigües de la Muntanyeta, que abrirá sus puertas en junio, de las nuevas naves de los servicios técnicos de mantenimiento o del hub de transición energética y ecológica de la economía local que se configurará en la masía Torre Figueres. Además, para ese próximo otoño está prevista la entrada en funcionamiento, en el área de equipamientos de La Parellada, de una red de calor con biomasa, un proyecto que prevé aprovechar los excedentes generados por la poda, por las franjas de protección contra incendios y por el conjunto de la gestión forestal sostenible del municipio para generar astilla para la red de calor y alimentar con energía renovable el complejo polideportivo, los vestuarios del campo de fútbol y el colegio. “En este sector de equipamientos están confluyendo proyectos relevantes en cuanto a la eficiencia energética, el autoconsumo fotovoltaico y la biomasa, por lo que será el primer sector climáticamente neutro del municipio”, aseguran desde el consistorio.

 

Esplugues también se encuentra inmersa en la redacción del Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (PAESC), un documento que ha de definir tanto la estrategia de mitigación como de adaptación. Sin embargo, ya se están llevando a cabo acciones en este ámbito, como la implementación de sistemas de telegestión en edificios y equipamientos municipales; la realización de auditorías energéticas regulares; el cambio global de la iluminación pública con implantación de sistemas led; la renovación progresiva de la flota de vehículos municipales por otros más sostenibles; la promoción de vehículos compartidos; las bonificaciones fiscales a vehículos híbridos o eléctricos; la pacificación de los barrios siguiendo la estrategia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible; la creación de hubs de distribución de mercancías centralizado; la creación de comunidades energéticas; el aumento y mejora de la infraestructura de recogida selectiva; la constitución de una Mesa de Emergencia Climática a escala local; la implementación de sistemas de retención de aguas en edificios públicos; mejora de la eficiencia del riego urbano; seguimiento y monitoraje de la recogida y tratamiento de los residuos, mejora de la conectividad ecológica, entre otras.

 

El Prat acaba de aprobar en sesión plenaria, por unanimidad, la Ordenanza Municipal de Autoconsumo con Energía Fotovoltaica, que servirá para regular el desarrollo en la ciudad de un "modelo energético limpio, sostenible y democrático", basado en el autoconsumo energético, es decir, en la capacidad de la ciudadanía de producir la energía que consume mediante placas fotovoltaicas.

 

Para facilitar su instalación, el Ayuntamiento de El Prat es el primero de toda España que ha llegado a un acuerdo con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que cada persona, empresa u organización que quiera instalar placas fotovoltaicas en la azotea del edificio correspondiente no tenga que pedir individualmente un permiso a esta agencia. Por norma general, éste es un requisito necesario en el caso de las localidades con un aeropuerto en su término municipal, pero, a fin de simplificar y facilitar el trámite, este acuerdo permitirá que se puedan instalar placas fotovoltaicas en la azotea únicamente realizando una comunicación previa al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, siempre y cuando el edificio cumpla las demás condiciones necesarias para hacerlo.

 

Además, la ordenanza contempla diversas bonificaciones para las personas que instalen placas fotovoltaicas, como el 50% del IBI durante tres años o la exención del 95% de la cuota del impuesto sobre construcciones y obras. En el marco de la estrategia de transición ecológica de El Prat, la Casa de la Energía, que abrió sus puertas el pasado mes de enero, también está dando asesoramiento a la ciudadanía y al tejido social y comercial en esta materia.

 

Por otra parte, el Ayuntamiento de El Prat ha puesto en marcha, con la cofinanciación de los fondos europeos FEDER, un proyecto pionero para que una veintena de equipamientos municipales (que se encuentran entre los de mayor consumo eléctrico) puedan producir y autoconsumir la energía fotovoltaica que generen, así como compartirla mutuamente. A través del autoconsumo compartido, cuando se generen excedentes de energía fotovoltaica en uno de estos equipamientos, éstos se podrán derivar a otros edificios integrados al sistema que los necesiten. Para ello, se están instalando placas fotovoltaicas para el autoconsumo en los tejados de estos equipamientos, con la previsión de generar en conjunto 1 megavatio de potencia.

 

Entre las acciones previstas a corto y medio plazo destaca la creación de una comunidad local de energía y la articulación del primer barrio de emisiones cero del área metropolitana en el sector Seda-Paperera.

 

La estrategia municipal de Gavà contra el cambio climático abarca diferentes líneas de intervenciones. Una de ellas es la transición hacia la economía circular, apuesta que la ha convertido en una ciudad referente. Uno de los proyectos destacados para avanzar hacia el nuevo modelo económico es Gavà Circular, fruto de la colaboración público-privada con Aigües de Barcelona y el Centro Tecnológico del Agua, Cetaqua, para la implantación de sistemas más eficientes en el reaprovechamiento de los recursos.

 

En marcha desde 2016, el proyecto se encuentra ahora en la fase de implementación de 10 medidas, entre ellas el uso de aguas regeneradas de la EDAR de Gavà, la creación de un gestor energético compartido para las empresas del parque empresarial, el diseño circular del nuevo sector de Els Joncs o la modificación de las ordenanzas fiscales para incentivar que empresas y ciudadanía mejoren su gestión energética, de residuos y del agua. Es precisamente este proyecto que ha hecho que Gavà haya sido la primera ciudad española en suscribir los principios Water Wise Cities, promovidos por la Internacional Water Association, para un uso racional de los recursos hídricos.

 

El municipio también lidera el Hub ECCUS-Economía Circular y Ciudades Urbanas Sostenibles, un espacio de colaboración público-privado que permitirá acelerar la recuperación económica tras la pandemia de la mano de la implementación de diferentes acciones bajo el prisma del nuevo paradigma económico. Además del Ayuntamiento de Gavà, integran el hub otros ocho municipios de España: Gijón, Las Rozas, Riba-roja del Túria, San Fernando, San Cugat, Sestao, Sevilla y Valladolid. El hub ha sido escogido como uno de los 20 proyectos finalistas de la Copa España Creativa, que se otorgará este mes de mayo.

 

Otro de los proyectos estratégicos de Gavà que contribuirá a promover la transición hacia el nuevo modelo económico será el ECOpèdia, un espacio donde se trabajará la prevención y gestión de residuos, la economía circular y la simbiosis industrial desde la innovación y una relación diferente con la ciudadanía, empresas y expertos.

 

Además, el Ayuntamiento trabaja actualmente en nuevas intervenciones para avanzar en la transición energética. Una de ellas es el proyecto Comunidad energética local, que contempla la colocación de placas fotovoltaicas en cinco edificios municipales, y la creación de una instalación que funcione con biomasa para el suministro de agua caliente para la calefacción en la escuela Jacme Marc, así como en las instalaciones de la Zona Deportiva Diagonal.

 

L’Hospitalet es otra de las ciudades que tiene en marcha iniciativas para promover la economía circular. Una de ellas consiste en reutilizar, por parte de la brigada municipal, el material reemplazado de bancos, farolas o señales de tráfico para hacer reparaciones del mobiliario urbano. Asimismo, también se reutiliza el césped artificial de los campos de fútbol y los restos de las obras públicas.

 

 

Además, desde el Área de Promoción Económica se han trabajado dos proyectos que están pendientes de recibir el apoyo económico de la Diputación de Barcelona para poder ver la luz. El primero, bajo el nombre de LH economia verda i circular, tiene como objetivo acompañar al municipio en la transición de un modelo económico lineal a otro circular en el desarrollo de su sector industrial. Y el segundo se denomina L’H a peu per a la transició energética i la gestió intel·ligent dels polígons, que ha sido presentado en colaboración con la patronal Aeball con la finalidad de reactivar la economía a partir de la transición energética.

 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet lleva años trabajando con otras administraciones, y gracias a esta labor conjunta la ciudad cuenta con diferentes programas como el Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire, el Plan de Movilidad Urbana, el Plan de Gestión del arbolado o el Plan Director del Verde Urbano. Todos ellos tienen un denominador común: mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

 

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí está trabajando en la elaboración de un plan de emergencia climática para fomentar la transición ecológica del municipio y definir actuaciones que aumenten la resiliencia del territorio ante los efectos del cambio ambiental global.

 

“El objetivo es que este plan sea una herramienta para permita integrar y coordinar las políticas y planes locales para hacer frente a los riesgos que se han identificado relacionados con el cambio global, especialmente con el cambio climático”, explican desde el consistorio. La previsión es que este plan se pueda aprobar a lo largo de este año después de un proceso participativo.

 

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo para mejorar la eficiencia  energética en los equipamientos y en la actualidad se trabaja en un plan sobre la viabilidad de instalar en ellos paneles solares fotovoltaicos, así como en la implantación de electrolineras y fotolineras que no solo permitan cargar los vehículos sino también producir energía.

 

Además de las intervenciones realizadas para reducir el consumo energético, y por tanto, las emisiones, en los equipamientos municipales, desde hace años las nuevas urbanizaciones incorporan la tecnología led en el alumbrado. De hecho el 75% del sistema semafórico ya lo utiliza.

 

En la actualidad, el Ayuntamiento está desarrollando un plan por fases con el objetivo de que toda la iluminación de las tres guarderías municipales y de las cinco escuelas de primaria e infantil sea de tecnología led.

 

Asimismo, también se han llevado a cabo acciones en el ámbito de la movilidad sostenible, como la renovación de la flota de vehículos municipales con criterios de eficiencia energética y menos contaminantes, el préstamo de bicis eléctricas entre los jóvenes y la creación de nuevos carriles bici.

 

Cornellà cuenta con una Oficina de Eficiencia Energética, un servicio municipal ofrecido a partir de un convenio marco firmado entre el Ayuntamiento y el AMB, ​​con el objetivo de descentralizar el conjunto de acciones necesarias en el ámbito de la reducción del consumo energético en la ciudad, así como para atender los casos de pobreza energética.

 

La Oficina ofrece ayuda, asesoramiento y acompañamiento tarifario en caso de recibir un aviso de corte de agua, luz o gas, un servicio de promoción de la eficiencia energética en los hogares con el fin de no malgastar los recursos del planeta y otro de intervención en los hogares en situación de grave ineficiencia energética.

 

La ciudad también ha incorporado iluminación de bajo consumo en viales, semáforos y edificios; se han instalado placas térmicas en equipamientos deportivos y escolares; se han colocado pérgolas fotovoltaicas en la deixalleria y en la plaza de Sant Ildefons, así como placas fotovoltaicas en las piscinas de Can Mercader y Can Millars, se realizan auditorías energéticas y se han incorporado vehículos eléctricos a la flota municipal.

 

Los entes locales piden al Gobierno más recursos

 

El Prat, Sant Boi, Sant Feliu y Viladecans son cuatro de los 50 entes locales de España que han pedido al Gobierno más capacidades y recursos para fomentar la transición energética desde el ámbito municipal. Todos ellos han presentado alegaciones conjuntas a la consulta pública que abrió el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático sobre la composición y gestión de las comunidades energéticas. En líneas generales, reivindican "mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, que las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático, en oposición al actual".

 

Los 50 entes locales, entre los que también se encuentran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación, han respondido así a la consulta pública plateada por el Ministerio y cuya finalidad era recabar la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de comunidades energéticas, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y de energías renovables.

 

Estas directivas establecen que los países de la UE deben garantizar en su ordenamiento estatal el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la comunidad de energías renovables y la comunidad ciudadana de energía.

 

Las alegaciones reclaman disponer de un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, al tiempo que pretenden dar todas las garantías para que las comunidades energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.

 

Dos de las reivindicaciones incluidas son que estas comunidades puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.

 

A fin de mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que dichas comunidades puedan facilitar el bono social o las ayudas que existan en materia de pobreza energética, al igual que deberían poder hacerlo todas las comercializadoras y no solo las de referencia.

 

Se propone también crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad. También se prevé que las comunidades energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.

 

A su vez, estas comunidades podrán operar en la red de distribución; y para que este procedimiento se dé con todas las garantías, se entiende que se debería hacer de la mano de una distribuidora. Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y otros países, que reporte beneficios para el municipio y sus vecinos, así como para el tejido comercial e industrial.

 

Algunas de las propuestas incluidas en las 15 páginas de alegaciones municipales, se inspiran en iniciativas existentes en otros países de la UE, como es el caso de Alemania, Portugal, Irlanda o Polonia, que o bien ya han transpuesto estas directivas, o bien han avanzado en la creación de comunidades energéticas sin disponer de un articulado concreto.

 

Las capacidades y requisitos que se establezcan ahora en la transposición de las directivas determinarán la utilidad de estas comunidades energéticas y su capacidad de transformar el actual modelo energético oligopólico, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas, en un modelo distribuido, donde la energía pueda ser gestionada por un tejido social, administrativo y empresarial diverso y local.

 

Las empresas, pieza clave

 

Las empresas también tienen un papel fundamental, tanto las grandes compañías como las pymes. Conscientes de esta realidad, la asociación empresarial y la Unión Patronal Metalúrgica de L'Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL/UPMBALL), de la mano de instituciones y entidades públicas y privadas del territorio, han presentado recientemente Transforma Industria, un innovador proyecto tractor de transformación industrial que facilitará a las empresas del sector del metal y la automoción nuevas oportunidades en el mercado de la movilidad eléctrica, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

 

En este proyecto se elabora un mapa de las cadenas de valor, buscando oportunidades de negocio y posibilidades de innovación. Por ejemplo, empresas del mercado de la movilidad eléctrica y la eficiencia energética hacen de tractoras de empresas metalúrgicas y de la automoción con el objetivo de crear un hub de proveedores, para conseguir multiplicar la producción. El proyecto culmina con una implantación piloto en polígonos de actividad económica, que se convertirán en parques industriales smart, con infraestructuras energéticas inteligentes y de origen verde, con una cooperación empresarial efectiva, movilidad sostenible y gestión smart integral del polígono.

 

La iniciativa, que tiene un presupuesto de partida de 170 millones de euros y se ha presentado a los fondos europeos, cuenta con la participación y apoyo de centros tecnológicos y proveedores de conocimiento expertos en los mercados, que acompañarán en la transformación de las industrias. Según la patronal, los proyectos y agrupaciones ya están en marcha y ahora se están concretando “las posibilidades de cooperación empresarial, las alianzas y las implantaciones con fórmulas de colaboración público-privada”.

 

Por otra parte, la dirección de AEBALL y UPMBALL también ha creado la Agrupación de Empresas de Movilidad Eléctrica (AEME), que "promueve la transformación de la industria mediante la innovación y la cooperación empresarial, entre otros, fomentando las oportunidades en el mercado de la movilidad sostenible y la eficiencia energética", aseguran desde de la patronal.

 

AEME está formada por empresas fabricantes de productos o proveedoras de servicios necesarios para la movilidad eléctrica o sostenible (infraestructuras de carga, vehículos, software, ingeniería, automatización, etc.), y la eficiencia energética (productos e instalaciones de energías renovables, comunidades energéticas, almacenamiento de energía, optimización del consumo, etc.).

 

Con el impulso que proporcionan AEME y el proyecto Transforma Industria, se pretende la transición industrial del territorio aprovechando las nuevas oportunidades que presenta la movilidad sostenible.

 

“La comarca tiene que seguir siendo un referente haciendo la transformación a la movilidad eléctrica y sostenible”, señala la directora general de AEBALL, Rosa Fiol “Y para ello hay que contar con un sector de movilidad eléctrica potente, competitivo, innovador, referente a nivel internacional y que sea sostenible”, añade.