La propuesta de Aena de ampliar el aeropuerto de El Prat genera controversia en el territorio

Los planes de Aena de ampliar el aeropuerto de El Prat han abierto estas últimas semanas un intenso debate sobre la conveniencia o no de llevar a cabo la actuación. A favor de ella se encuentra la mayoría de los sectores económicos y empresariales, que consideran “inaplazable” e “imprescindible” esta intervención. Y, en contra, entidades ecologistas, Unió de Pagesos y ayuntamientos como el de Barcelona o El Prat. Otros, como el de Gavà, Castelldefels, Sant Boi y Viladecans, piden un debate a fondo y un diálogo constructivo con el territorio.

Ante estas posiciones enfrentadas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocó el lunes la primera mesa institucional para abordar con todas las administraciones implicadas el futuro del aeropuerto. En ella se anunció la creación de una comisión técnica que se encargará de evaluar los informes que presente Aena, que quiere resolver el tema antes del verano porque el documento de regulación aeroportuaria del periodo 2022-2026, que incluye los planes de inversiones, debe pasar por el Consejo de Ministros en septiembre. El documento tiene carácter vinculante y es básico para que la ampliación esté a pleno rendimiento en 2031.

De hecho, el gestor aeroportuario comenzó a poner el proyecto sobre la mesa a finales de 2019, pocos meses antes del estallido de la pandemia. Considera que con 53 millones de pasajeros ese año se estaba a punto de tocar techo en cuanto a la capacidad operativa del aeródromo. El objetivo es convertir El Prat es un hub internacional y para ello prevé una inversión de 1.700 millones de euros, que iría destinada principalmente a la ampliación de la tercera pista en 500 metros de longitud y la construcción de una terminal satélite. De esta manera, el aeropuerto podría alcanzar los 80 millones de usuarios anuales.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, en una reciente entrevista en TV3, insistía en que el futuro del aeropuerto como hub internacional depende de que se dé luz verde a la ampliación y advertía que en las conexiones europeas ya está llegando al límite y que lo que ahora demandan las aerolíneas es operar vuelos de largo radio.

El mundo empresarial y económico estima que “con la situación actual y el déficit histórico de infraestructuras denunciado por la sociedad civil catalana, no se puede renunciar a una inversión de 1.700 millones de euros en una infraestructura que contribuye al 7% del PIB de Catalunya y que, con la ampliación, llegaría al 9%”. Así queda recogido en un manifiesto conjunto, que ya cuenta con más de 200 adhesiones, y que fue presentado el pasado 2 de junio en ESADE. Además, remarcan que la inversión prevista generaría 83.000 nuevos empleos directos y 356.000 indirectos.

Los firmantes del texto consideran que la ampliación del aeropuerto “responde a un imperativo de interés público general, de carácter social y económico”, por lo que reclaman un acuerdo entre Aena, el Govern, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Barcelona y del Baix Llobregat cercanos al aeropuerto “que sirva para enviar a las instituciones europeas un mensaje claro y contundente de consenso”.

En el texto, advierten que sería “sencillamente inaceptable” que se rechazara la ampliación “en momentos de tanta necesidad de recuperación económica” y alertan de que “el coste de oportunidad y de imagen de no llevar a cabo esta inversión sería altísimo para la economía de Catalunya, en el que se perdería competitividad y conectividad”.

Según las entidades económicas, otro de los motivos que justifica la ampliación es que permitiría situar Barcelona y Catalunya como “un destino de turismo sostenible” y a la vez “dinamizar la actividad económica generando empleo, atracción y retención de talento e inversión internacionales”, aspectos que consideran “necesarios” para la nueva economía verde y azul. También serviría, continúan, para atraer actividades de alto valor añadido “que exigen, en un mundo cada vez más global y urbanita, la necesidad de un aeropuerto de primer nivel”.

Por último, manifiestan que los planes de Aena tienen que ser “perfectamente compatibles con la protección de la biodiversidad, mediante la adopción de las medidas compensatorias adecuadas y proporcionadas”. En este sentido, solicitan al ente aeroportuario la creación de un nuevo espacio natural del Delta del Llobregat, con un incremento de la superficie protegida superior al 25% de la actual. “La ampliación del aeropuerto debe llevarse a cabo con pleno respeto al ordenamiento jurídico catalán, español y europeo en general y especialmente de protección de la biodiversidad, con plena seguridad jurídica”, reitera el texto.

De hecho, uno de los argumentos esgrimidos por los contrarios a los planes de ampliación del aeropuerto es la afectación que provocaría en la Ricarda, una laguna de 800 metros de longitud y 100 de ancho. La prolongación de la tercera pista (la que transcurre paralela al mar), implicaría sacrificar buena parte de esta zona húmeda, clasificada como zona especial de protección para las aves (ZEPA) y que forma parte de Natura 2000, la red europea para la preservación y conservación de los hábitats y las especies de los espacios naturales. Según los expertos, se trata de la laguna más natural del Delta del Llobregat y conserva importantes zonas de vegetación propia de las marismas y aves protegidas.

Aunque Aena se ha comprometido a compensar cada hectárea perdida de zona protegida por diez nuevas, las entidades ecologistas tachan de inadmisible el grave perjuicio que ocasionaría a la laguna de la Ricarda, al tratarse de un ecosistema que no se puede reproducir. Además, recuerdan la actual situación de emergencia climática y el toque de atención que la Comisión Europea dio a España en febrero respecto a la desprotección y continuo deterioro del Delta del Llobregat.

Una opinión compartida por el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. “El futuro del aeropuerto no puede pasar por la destrucción de espacios naturales, agrícolas y patrimoniales irremplazables, sino por un desarrollo respetuoso con el entorno y dentro de un sistema aeroportuario catalán equilibrado”, señala el edil pratense. Tras el debate abierto estas últimas semanas, los cinco grupos municipales con representación plenaria (El Prat En Comú, PSC-CP, Esquerra Republicana, Ciudadanos y Podemos) han vuelto a reiterar la posición que ya expresaron en la declaración institucional aprobada por unanimidad en el pleno municipal del mes de marzo del año pasado y con la promoción del manifiesto Preservem el delta. Protegim el clima. No a l’ampliació de l’aeroport, que ha recogido hasta ahora el apoyo de unas 5.200 personas a título individual y de más de 250 entidades del territorio.

La declaración insta Aena a abandonar “unas políticas desarrollistas que no obedecen al actual contexto de emergencia climática” y que tampoco se ajustan a las normativas medioambientales europeas. Como alternativa a la propuesta del ente gestor aeroportuario, la declaración urge al gobierno catalán y español a diseñar un “verdadero sistema aeroportuario catalán, que pase por convertir Girona en la cuarta pista del aeropuerto de El Prat”. En este sentido, exigen inversiones en transporte ferroviario, que faciliten la conexión entre el Prat y Girona y entre estas infraestructuras y Barcelona. Además, el manifiesto constata que el aeropuerto es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en el Delta del Llobregat y en el área metropolitana de Barcelona y que, por tanto, debe ser un actor clave en la reducción de dichas emisiones.

El texto también reclama a todas las administraciones reforzar la protección de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat, así como del Parque Agrario, apoyando a la agricultura que trabaja y fomentando de esta manera la “soberanía alimentaria en nuestros pueblos y ciudades”.

Mijoler asegura que “la ciudad seguirá defendiendo la naturaleza, la biodiversidad y la agricultura de proximidad y no un crecimiento empresarial que ya se ha visto que no tiene ningún sentido”. El edil insiste en que el crecimiento del aeropuerto “no es compatible” con el equilibrio territorial del espacio metropolitano y reitera que “el modelo aeroportuario se ha de repensar y más aún después de esta pandemia”. Mijoler tiene claro que se trata de “una lucha complicada” porque “el enemigo está muy bien armado y tiene mucha fuerza y poder”, pero confía en salir victoriosos.

Por su parte, la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, persiste en su desacuerdo con cualquier propuesta que vaya en detrimento de la calidad de vida de la zona de influencia. “No pasaremos por una modificación del aeropuerto que ponga en riesgo el consenso al que se llegó en su día para que el funcionamiento de esta infraestructura fuera compatible con la calidad de vida de los vecinos, muy en concreto los de Gavà Mar, y de una parte importante de Castelldefels”, subraya.

Según Sánchez, es una “realidad innegable” que el aeropuerto es una “infraestructura capital para el crecimiento económico y la competitividad del país”, pero recalca que su desarrollo no puede pasar por delante de las personas ni del entorno natural. “Nos mantendremos firmes en nuestra oposición a una operativa de pistas independientes, y exigimos que esta opción se descarte definitivamente para no tener que volver a sufrir las graves afectaciones sufridas en el pasado”, afirma.

Sánchez considera “imprescindible” que cualquier proyecto de ampliación vaya precedido de los informes técnicos que evalúen el impacto acústico real y reclama que éstos sean producto de un consenso previo con el territorio, con el objetivo de que todos los municipios afectados puedan tener un papel activo en el proceso de elaboración. De esta manera, se quiere evitar que la voz de los ayuntamientos afectados solo se escuche en periodos de alegaciones.

Asimismo, solicita que todos estos estudios se acompañen de un plan de compensaciones para el territorio que padece directamente el impacto del aeropuerto. “Ya hace tiempo que Gavà sufre este impacto y, por tanto, hay que abrir un debate en paralelo al de la ampliación sobre las medidas compensatorias que se deben poder articular en los municipios que están en el radio de influencia de la infraestructura”, resalta.

Sánchez cree que hay tiempo suficiente para abordar de forma consensuada la ampliación del aeropuerto. Además, hace notar que las cifras actuales de operaciones diarias están muy lejos de las registradas antes de la pandemia y que las previsiones apuntan a que el volumen de tráfico no se restablecerá hasta el año 2024. “En este sentido, Gavà se ofrece desde ya, como ha hecho siempre, a establecer un diálogo franco y constructivo con todas las partes, con el objetivo de alcanzar soluciones adecuadas y equilibradas”, concluye.

El Ayuntamiento de Castelldefels también condiciona la ampliación del aeródromo a que se garantice por ley que se mantendrá el actual sistema de pistas segregadas, la configuración que más limita el impacto acústico sobre la población. Al igual que su homóloga de Gavà, la alcaldesa, Maria Miranda, señala que “el crecimiento del aeropuerto no puede ir en detrimento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

En este sentido, el Ayuntamiento se opone frontalmente a la implantación de la configuración de pistas independientes y, en general, a cualquier vía que implique alterar el actual sistema de uso de pistas ni las configuraciones y horarios en vigor. Desde el consistorio recuerdan que este sistema es fruto de un consenso entre el territorio y el aeropuerto “que ha demostrado en todos estos años su eficacia y que sigue siendo plenamente vigente y compatible con un crecimiento futuro y sostenible, que nunca debe perder de vista la actual situación de emergencia climática”. Miranda aboga por seguir trabajando “en una configuración y un crecimiento sostenible de consenso con el territorio”.

Mientras, el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, considera que la ampliación del aeropuerto “es uno de los retos más importantes” que tiene Catalunya para recuperar competitividad e impulsar el empleo, pero advierte que “no se pueden repetir los errores del anterior plan director”. Por este motivo, subraya la importancia de actuar sobre los diferentes impactos que esta intervención supondrá en los municipios del entorno.

Ruiz no duda de que se garantizarán los valores medioambientales de los espacios protegidos, y confía en la colaboración entre las autoridades europeas y españolas para preservar la importancia y valor de los mismos, “que, sin duda, han de ser incrementados a partir de la ampliación”, destaca.

Otro aspecto importante que resalta el edil socialista es el impacto sobre la actividad agrícola y el Parque Agrario, en el que, asegura, se está desarrollando un programa de impulso al sector agroalimentario. “Pensamos que el aeropuerto ha de ser una oportunidad y no un freno”, apunta. En todo caso, para el alcalde de Viladecans es “indudable” el impacto positivo que la actuación tendría para los ciudadanos, con la creación de empleo directo, y sobre la economía de Catalunya.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, afirma que el  proyecto de ampliación “supondría una importante mejora de una infraestructura clave para el país", y que "tendría efectos beneficiosos sobre la economía y el tejido productivo catalanes”. Para Moret se trata de una “actuación con un claro valor estratégico” que “contribuiría a la reactivación económica del Baix Llobregat y a la generación de nuevos puestos de trabajo”.

Por sus implicaciones medioambientales, económicas y sociales, la alcaldesa de Sant Boi insiste en la necesidad de abordar el proyecto “en el marco de la concertación y del diálogo entre las instituciones y los agentes económicos y sociales afectados” porque “solo así será posible encontrar consensos que sirvan al interés general”. En este sentido, remarca que los gobiernos locales, por su profundo conocimiento del territorio y por el impacto que la ampliación del aeropuerto tendrá en sus municipios, han de jugar “un papel relevante” en un proceso negociador “que precisará de imaginación y pragmatismo a partes iguales”.

Por último, Moret exige que la actuación suponga la “mínima afectación posible sobre el entorno natural de la zona” y prever medidas compensatorias “suficientes”. A la vez, reclama que se analicen y atiendan las necesidades del sector agroalimentario del territorio. “A la vista de los retos que este proyecto nos plantea, es deseable que en los debates y trabajos en torno a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto se avance hacia una concertación que haga viable un acuerdo basado en un necesario equilibrio medioambiental, económico y social”, concluye Moret.

Ante la importancia de la actuación que quiere llevar a cabo Aena en el territorio, los ayuntamientos de Viladecans, Gavà y Sant Boi, conjuntamente con el Instituto Agrícola y las cooperativas de los respectivos municipios, y la patronal Aeball, han acordado constituir una mesa de trabajo, “que se quiere presentar como un interlocutor válido y competente para gestionar la oportunidad que supone la ampliación del aeropuerto, junto con la mejora de la economía y del ejercicio de la actividad agroalimentaria en el Baix Llobregat”, aseguran.