Para la igualdad de las personas LGTBI: legislación y educación

El 28 de junio de ahora hace 52 años se llevó a cabo una redada policial en un bar de Nueva York frecuentado por personas LGTBI, conocido como Stonewall. Durante los años 60 la legislación estadounidense penalizaba la homosexualidad e incluso una persona adulta podía ser acusada de crimen por mantener relaciones consentidas con otra de su mismo sexo. Aquel día, y tras enésimas redadas, la revelación de las personas que en aquel bar se encontraban ocasionó unos disturbios que, posteriormente, supusieron los catalizadores del movimiento a favor de los derechos LGTBI.

En España, permanecía vigente la Ley de Vagos y Maleantes (1954), que ordenaba internar a homosexuales en establecimientos de trabajo y colonias agrícolas, consideradas campos de concentración.

En los años 70, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social condenaba a las personas del colectivo a penales en los cuales se llevaban a cabo terapias de reconversión.

Actualmente tenemos un sistema legislativo que protege a las personas LGTBI y que garantiza sus derechos. Sin embargo, decir que el Día del Orgullo LGTBI es innecesario en mitad de esta oleada de agresiones violentas a parejas homosexuales que pasean por la calle es insultante. Aunque vemos la atroz lógica si observamos que quienes dicen esas palabras son los mismos que ejercen, justifican o incitan esa violencia, a veces, hasta desde una tribuna.

El peligro del auge de las ideologías de ultraderecha, apoyadas por las de derecha, es real y, lo peor, peligrosamente contagioso.

Hungría, país gobernado por Viktor Orbán, del partido Unión Cívica Húngara (ideología conservadora nacionalista) junto con el Partido Popular Demócrata Cristiano, aprobó la semana pasada una ley que prohíbe mostrar contenido LGBTI en escuelas y en la televisión.

España cuenta ya con su propia Hungría en la capital del país. Isabel Diaz Ayuso aceptó la condición de VOX de derogar las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI (paradójicamente aprobadas cuando Cristina Cifuentes, del PP, era presidenta), a cambio del apoyo parlamentario para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. El partido de ultraderecha le dijo desde la tribuna: “son leyes de género, propias de la izquierda más radical”. Un ejemplo claro y alarmante de cómo la incidencia del partido de ultraderecha en las instituciones es ya un hecho, y, por tanto, supone una amenaza para muchos derechos que han tardado siglos en conquistarse.

No hablar de la amenaza que suponen estos partidos ni los hace desaparecer ni hace que dejen de sumar votos. Debemos unir fuerzas las personas y organizaciones políticas tolerantes y progresistas, creando un cordón sanitario para no permitir que entren en las instituciones y ocupen un espacio mediante el cual esparcir su discurso de odio. Pero también, advertir del peligro real que suponen es el deber de cualquier demócrata. Al odio hay que señalarlo para poder combatirlo.

Cuando se amenazan los derechos de libertad y dignidad no vale estar de lado, se debe estar de frente. La única forma, en este caso, de acabar con la violencia hacia el colectivo LGTBI es a través de la educación (que tanto quieren limitar), con pedagogía social y con una legislación que no solo garantice los derechos y libertades del colectivo, sino que también no deje impune a quién trate de violarnos.

En Catalunya tenemos una ley que fue pionera tanto en España como en Europa. La ley 11/2014 aprobada por el Parlament, tiene aún, siete años después de su aprobación, una parte esencial de la misma pendiente de desarrollar en su totalidad: el reglamento del régimen sancionador. Sí existe un régimen de sanciones, pero no un reglamento que las regule. Los ataques lgtbifóbicos vulneran los derechos humanos y deben ser sancionados como tal y así se recoge en la misma ley. Pero actualmente está en vigor únicamente el reglamento generalista de 1993, inadecuado para regular dichas vulneraciones de derechos puesto que en su mayor medida regula actividades o medidas comerciales, como puede ser el aforo de locales de ocio.

Mientras tanto, y a falta de un marco que regule las sanciones, multas o inhabilitaciones correspondientes por ataques o agresiones lgtbifóbicas, la impunidad parece campar a sus anchas. Este vacío legislativo deja cifras como que en 2019 solo se interpusieron 10 multas, cuando el número de ataques rondó los 160.

Es incompatible lucir banderas multicolor y no ser consecuente con los compromisos que implican las mismas, el primero de ellos, defender el derecho a ser y estar y no dejar que otro/a lo vulnere.

Es imprescindible un marco legislativo que defienda el derecho de las personas a amar a quien quieran amar y a ser como deseen ser, desarrollando su vida con total plenitud y garantías, y a no consentir que otro/a atente contra esa libertad individual.

Los indicadores nos dicen que España es el sexto país más avanzado en materia legislativa de protección internacional al colectivo LGTBI+.

En 2005, durante el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndonos entonces en el tercer país del mundo en hacerlo. Dos años después, entraba en vigor la Ley de Identidad de Género. Actualmente, se está trabajando en el gobierno en la futura, y parece que inminente, Ley para la Igualdad de Personas LGTBI.

Pero toda legislación, debe, una vez más y de forma imprescindible, ir acompañada de educación. Leemos noticias continuamente de acoso y agresiones homófobas en centros educativos. Niñas, niños y adolescentes que en pleno 2021, siguen compartiendo clase con otros/as que han aprendido que la palabra “maricón” señala al que no es como ellos/as y sirve como insulto y modo de hacer daño.

La pandemia ha disparado los índices de acoso a través de las redes sociales y ha convertido internet en otra arma, casi imparable, para un tipo de bullying que arroja a sus víctimas a sufrir un doble silencio.

A la vez que esto ocurre y el sistema legislativo y educativo sigue trabajando para inculcar valores de diversidad y tolerancia en una sociedad plural y democrática, aparecen propuestas como el veto/pin parental, que pretende privar a las niñas y niños de recibirlos.

La infancia tiene derechos y, entre otros, lo recoge la Constitución Española. Uno de estos derechos es la educación integral y global, que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Ningún/a niño o niña debe tener que renunciar al derecho a ser tratado con dignidad y tolerancia, ni tampoco renunciar a recibir estos valores libres de homofobia. Debemos proteger los derechos de la infancia, también en esta materia.

Hace cuarenta años no existía la libertad de ser y amar que hoy existe. Tampoco se hablaba como se habla actualmente de feminismo, ni se ponía nombre a la violencia de género. El acoso a las mujeres era normal y el acoso escolar cosa de niños/as. Las personas negras, en la mayoría de países del mundo, no tenían los mismos derechos que las blancas. Ni tampoco existían los mismos derechos laborales o sindicales.

Hace unas décadas los derechos que protegen y garantizan nuestra libertad y dignidad eran mucho más reducidos que hoy.

Los avances sociales, logrados gracias a una legislación y educación valiente, definen nuestro presente. Nuestra legislación y educación actual, definirán nuestro futuro.

Los derechos del colectivo LGTBI, unos de los más vulnerados durante el transcurso de la historia, requieren de un gran blindaje y protección.

Las ciudadanas y ciudadanos debemos tener derechos, pero no olvidar nuestras obligaciones. Una de ellas debe ser nuestro compromiso democrático a seguir construyendo una sociedad que siga defendiendo nuestros derechos y libertades, y a no permitir que grupos las quiebren.  Sigamos ampliando derechos.