Un maltratador nunca puede ser un buen padre

“¿Y si son inocentes?”. La pregunta resuena en mi cabeza sin cesar. Sin contextualizar, podría parecer carente de maldad; contextualizada, es una muestra más de lo peligroso que puede llegar a ser banalizar el mal. El interrogante lo lanzaba al aire Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el pasado 3 de septiembre, justo el día que la mayoría de demócratas celebrábamos que los padres acusados de violencia de género ya no podrán visitar a sus hijos. ¡Por fin!

A estas alturas no sorprenderé a nadie cuando afirmo que los valores fundacionales de VOX se basan fundamentalmente en el enaltecimiento del franquismo, los discursos de odio contra los inmigrantes y la negación de la violencia machista. Una negación que las filas de los de Casado han decidido aceptar, sin ningún complejo, para mantener pactos en diferentes gobiernos autonómicos. Como si 1.111 mujeres no hubiesen sido asesinadas desde 2003. Como si 320 niños y niñas no hubiesen quedado huérfanos de madre desde 2013.

“¿Y si son inocentes?”. La pregunta retuerce ahora mis entrañas. ¿Qué fuentes consulta la Presidenta de la Comunidad de Madrid para posicionarse con los verdugos y cuestionar a las víctimas? Según datos del Poder Judicial, desde 2009 se han puesto 1.743.680 denuncias por violencia de género. La tasa de denuncias falsas es del 0,01%. En cambio, desde 2013, 42 menores han sido víctimas de violencia vicaria durante el proceso de divorcio de sus progenitores o cuando su madre iniciaba una nueva relación sentimental.

Un maltratador nunca puede ser un buen padre. Los y las defensoras de la igualdad lo hemos gritado en las calles hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reformado el Código Civil para evitar que los violentos disfruten de custodias compartidas y/o régimen de visitas con sus hijos o hijas. Así lo ha recogido la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Ayuso apunta y VOX dispara. Los de Abascal han decidido recurrir al Tribunal Constitucional la prohibición de las visitas a los padres acusados de maltrato. Pero los y las demócratas no podemos olvidar que el derecho protegido, como bien jurídico superior, es y debe seguir siendo el de los y las menores, a quienes la Ley de Infancia refuerza la protección frente a la violencia de género, de la que también son víctimas directas. Teniendo en cuenta este contexto, y a la luz de los datos aportados, parece evidente que centrar el debate en las presuntas denuncias falsas es cuanto menos interesado y perverso. Por lo tanto la pregunta no debería ser “¿Y si son inocentes?” Sino si estamos protegiendo suficiente a los niños y niñas. Y tenemos respuesta, gracias a la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia: Sí.