EDITORIAL. Rentrée escolar y política

El 13 de septiembre arrancó el nuevo curso escolar, el tercero marcado por la pandemia. Tras haber demostrado con creces el año pasado que mantener las escuelas abiertas era posible, las aulas han retomado su actividad con el 100% de presencialidad y con unos protocolos más relajados y flexibles. Aunque éstos, como sucede con el resto de ámbitos de la sociedad, se irán revisando de manera periódica y adaptándose a la evolución de la situación sanitaria, ya que no hay que olvidar que el COVID-19 sigue siendo una realidad.

Aunque la campaña de vacunación y la mejora de los datos epidemiológicos abren un escenario diferente para este curso escolar, no hay que bajar la guardia. Es imprescindible seguir manteniendo medidas de prevención y protección para evitar nuevas olas. Y, sobre todo, es importante avanzar en la inmunización de los jóvenes y adolescentes, ya que a día de hoy es el grupo donde se concentra el mayor número de positivos. Si conseguimos el máximo número de personas vacunadas, se lo pondremos más difícil al virus y los centros escolares serán aún más seguros.

Lo que no ha cambiado con respecto al curso escolar son las críticas de los sindicatos hacia el departamento de Educación de la Generalitat. Una vez más acusan a la conselleria de “falta de previsión, opacidad y pasividad”, y exigen que se destinen más recursos a rebajar las ratios en las aulas, mantener las líneas educativas y crear una oferta suficiente de Formación Profesional de calidad. Las sobrecargas que sufren los centros, recuerdan, no son solo fruto de la pandemia, sino de los efectos de los recortes y de la continua desinversión que padecen desde hace años.

Septiembre también ha traído consigo el inicio de un nuevo curso político, que ha arrancado de una forma convulsa tras el anuncio efectuado por la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que el Gobierno central suspendía sus planes de invertir 1.700 millones de euros en la ampliación del aeropuerto de El Prat. El motivo principal esgrimido por la exalcaldesa de Gavà fue claro: la pérdida de confianza con el Govern de la Generalitat tras romper el consenso que se había alcanzado a principios de agosto.

La suspensión del proyecto de Aena, que pretende convertir el aeródromo barcelonés en un hub internacional, ha sido aplaudido por algunos sectores y lamentado por otros. Los primeros celebran la paralización de un plan que consideran que supondría un gran impacto ambiental en el Delta del Llobregat y que provocaría la desaparición de la laguna de la Ricarda, zona protegida por la Unión Europea (UE) e incluida en la Red Natura 2000. Y, los segundos, advierten de que se trata de una oportunidad perdida para generar nuevos puestos de trabajo, captar inversiones de relieve e internacionalizar la actividad de las empresas del territorio.

Todos –partidarios y detractores- de la ampliación del aeropuerto esgrimen motivos de peso. Eso es incuestionable. Como lo es también la obligación de los interlocutores de sentarse para negociar de forma sensata. Hay que exigirles responsabilidad y altura de miras para llegar a un nuevo acuerdo y construir los consensos necesarios para abordar cuestiones tan vitales como ésta, dejando de lado las batallas políticas partidistas.

Pero, afortunadamente, también hay noticias positivas en materia de infraestructuras. Tras décadas de agravio, el pasado 1 de septiembre se levantaron definitivamente las barreras de peaje para 472 kilómetros de autopistas en Catalunya. El histórico peaje de Martorell fue uno de ellos, materializándose así una de las reivindicaciones históricas de los usuarios que consideraban suficientemente amortizada las inversiones realizadas en la AP-7.

La decisión del ejecutivo de Pedro Sánchez de no prorrogar la concesión para explotar esta vía va a suponer un gran alivio para la economía de los conductores y transportistas, quienes también se pueden beneficiar ya de la entrada en servicio del ansiado enlace entre la AP-7 y la A-2, tras la friolera de 14 años de obras.

La ministra Raquel Sánchez fue la encargada de inaugurar esta nueva infraestructura, que permite evitar un rodeo de 12 kilómetros por carreteras comarcales, por las que se calcula que circulan cada día unos 200.000 vehículos. Las previsiones apuntan a que la nueva conexión será utilizada por 40.000 de ellos diariamente.

Durante el acto, Sánchez también realizó otro anuncio de especial relevancia para la comarca, asegurando que en breve se someterá a información pública el proyecto para terminar las obras de la variante de la C-245 en Sant Boi, una vía que debe unir la Ronda Litoral con la C-32 y que es otra de las eternas reivindicaciones del territorio.

Esperemos que ahora que la exalcaldesa de Gavà está al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se desencallen a corto plazo proyectos esenciales y urgentes para el territorio, como este último o la prolongación de la R3 de Rodalies, una actuación que lleva más de una década paralizada y que debe unir Castelldefels con Cornellà, mejorando de esta manera la movilidad de un gran número de ciudadanos.