El Baix Llobregat ampliará su parque de vivienda protegida

La vivienda es una necesidad básica a cubrir y uno de los grandes retos es mejorar las respuestas públicas a las situaciones de vulnerabilidad que se dan en el territorio en materia habitacional. Para ello es necesario y primordial aumentar el parque de vivienda protegida en el Baix Llobregat.

En esta línea, y ante la escasez de pisos de alquiler asequible, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lleva a cabo diferentes estrategias para aumentar el parque público de vivienda en el territorio metropolitano. El organismo supramunicipal suscribió en 2020 un protocolo de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Generalitat de Catalunya, para fomentar la construcción de vivienda de alquiler asequible, que se concreta en el fomento de la promoción de 1.206 pisos por parte del IMPSOL.

En base a este protocolo, el AMB recibió en 2021 la notificación por parte del ministerio de la primera transferencia de 5,4 millones de euros, que contribuirá a financiar el coste de explotación de las primeras 327 viviendas de titularidad pública, que se distribuirán en un total de ocho promociones, las cuales deberán estar finalizadas antes de año 2025.

“Esta contribución económica es un reconocimiento a la solvencia y experiencia del AMB en la promoción y gestión de vivienda protegida” , destaca su vicepresidente ejecutivo, Antonio Balmón, quien remarca que “en los últimos 30 años hemos construido más de 5.000 viviendas de protección oficial en el territorio metropolitano”. Asimismo, también pone en valor la colaboración interadministrativa “como musculatura imprescindible para impulsar políticas públicas de esa magnitud”.

Desde Mitma remarcan que el área metropolitana de Barcelona “es un ámbito en el que el mercado del alquiler se encuentra especialmente tensionado” y que, por este motivo, el ministerio “realiza esfuerzos adicionales para incrementar el número de viviendas disponibles para alquiler asequible”.

 La mayoría de la oferta de pisos nuevos proyectados por el AMB en el Baix Llobregat se articula a través del IMPSOL, que construye una tipología de vivienda que se adecua a las necesidades y demandas de la ciudadanía después de la crisis del COVID-19: sostenibles, inclusivas y flexibles. “Así, los edificios que el IMPSOL desarrolla en la comarca reducen la huella ecológica y minimizan las emisiones de CO2 y posterior demanda energética”, aseguran desde el AMB. Para ello, incorporan materiales reciclados y reciclables, sanos y saludables, refuerzan los aislamientos térmicos y la ventilación cruzada, apuestan por el sistema de aerotermia para calefacción y producción de agua caliente e incentivan la producción de electricidad con placas fotovoltaicas para servicios comunitarios.

Por otro lado, los interiores de las viviendas se han diseñado teniendo en cuenta tanto el modelo tradicional de familia como las nuevas formas de vivir, que rompen las jerarquías espaciales y los repartos de roles y poder tradicionales. Por eso, la cocina se convierte en un espacio central, se eliminan pasillos y todas las estancias tienen dimensiones similares. “Además, las promociones tienen una fuerte vinculación con el paisaje urbano, y se han marcado como objetivos generar una ciudad con mayor calidad urbana y mejor integrada con su entorno natural”, remarcan desde el AMB.

De las 1.080 viviendas en diferentes fases que el IMPSOL promueve en el Baix Llobregat, con la colaboración de los ayuntamientos, 885 (es decir, un 82%) están destinadas a alquiler asequible, y únicamente 195 a la venta. Actualmente, el AMB tiene 554 en fase de redacción de proyecto, de licitación o de construcción en los municipios de Cornellà, Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu, Viladecans, Sant Just Desvern, Castelldefels y Sant Andreu de la Barca.

En cuanto a las viviendas restantes, los ayuntamientos de Cornellà, Molins de Rei, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts y Viladecans, ya han cedido al IMPSOL el suelo donde se ubicarán y están a la espera de la redacción de los proyectos.

Sociedad público-privada de vivienda de alquiler asequible

A estos proyectos hay que añadir las 110 viviendas de alquiler ubicadas en el Saló Central de Sant Boi, que se encargará de construir Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), un nuevo operador mixto de alquiler asequible participado en un 50% por el sector público (25% el AMB y 25% el Ayuntamiento de Barcelona) y el otro 50% por la empresa privada NICRent Residencial SL.

El nuevo edificio de Sant Boi está incluido en la primera de las cuatro fases del despliegue del proyecto de la nueva sociedad, que se iniciará a finales de 2023. En total, se construirán en la metrópolis, en un período de ocho años, 4.500 viviendas de alquiler permanente y por debajo del precio de mercado, con una inversión de 116 millones de euros.

El vicepresidente ejecutivo del AMB afirma que “la constitución de esta sociedad mixta es la culminación de un esfuerzo firme por impulsar políticas metropolitanas de vivienda de alquiler asequible que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y hagan frente a la emergencia habitacional”. Balmón destaca el valor de HMB como “un ejemplo de colaboración de los sectores público y privado: una fórmula valiosísima para poder ofrecer a la ciudadanía políticas públicas de vivienda digna y asequible”.

Los pisos se adjudicarán de acuerdo a los mecanismos habituales de las dos administraciones públicas. Estas personas pagarán el precio de alquiler de VPO vigente en cada momento, que actualmente es como máximo de 8,95 euros el metro cuadrado. En caso de personas con dificultades para pagar el alquiler por motivos socioeconómicos, las administraciones podrán subvencionar sus cuotas.

Impulso desde los ayuntamientos

Pese a que los ayuntamientos no tienen competencias directas en este ámbito, hace muchos años que trabajan en la promoción de vivienda pública, tanto de venta como de alquiler.

Sant Boi, por ejemplo, ha presentado recientemente a la ciudadanía la promoción de viviendas protegidas que la cooperativa Llar Unió Catalònia comenzará a construir el mes de marzo en la avenida Aragó, en el distrito de Camps Blancs, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento. El consistorio, UGT Catalunya y la cooperativa firmaron en abril del año pasado el convenio de colaboración que hará posible desarrollar esta promoción, comercializada con el nombre de Sant Boi La Muntanyeta. Serán 85 viviendas: 77 de protección oficial y ocho de renta libre. El Ayuntamiento destinará 10 de estos pisos al alquiler asequible.

En los próximos meses también está prevista la construcción de otras 255 viviendas protegidas en Sant Boi. Durante el primer trimestre de este año se prevé se inicien las obras de las 110 viviendas de alquiler que construirá el operador HMB y que el INCASOL haga lo propio con otras 42 de alquiler dotacional para jóvenes, en el Saló Central. Este emplazamiento también albergará en un futuro próximo otras 55 viviendas protegidas, cuyas obras podrían iniciarse en 2023.

Por otra parte, en el Camí del Llor, el Ayuntamiento tiene pensado construir 48 viviendas VPO de alquiler dotacional para gente joven y personas mayores. En este caso, el inicio de las obras está previsto para el primer trimestre de este año.

En Esplugues hay planificadas dos promociones de vivienda protegida a corto plazo, en Ca n’Oliveras y Can Clota, y la construcción de 1.059 pisos (795 de alquiler) en el sector Área Residencial Estratégica (ARE) Montesa, a medio plazo. Concretamente, en Ca n’Oliveres (en la calle Sant Mateu) se construirán 132 viviendas, de las cuales 70 serán de alquiler; mientras que en Can Clota (calle Oriol-Lleialtat) se levantarán 50 pisos. Las previsiones son iniciar ambas promociones durante el primer trimestre de este 2022.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí acaba de aprobar la convocatoria del concurso para la construcción de 115 viviendas con protección en los dos bloques a medio edificar que hay en la avenida Barcelona. Éstos estaban destinados a acoger pisos de alto standing, que comenzaron a levantarse en 2008. Pero la crisis financiera hizo que dos años después los propietarios desistieran de continuar las obras, abandonándolas.  

Después de un largo proceso en el que se ha tenido que litigar con los propietarios desde diferentes frentes, dado el abandono de la construcción, a principios de 2019 el Ayuntamiento de Sant Joan Despí inició los trámites para expropiar estos dos bloques, con el objetivo de poner fin a la situación en la que estaban y convertirlos en vivienda protegida.

“La expropiación se convirtió en una operación innovadora y compleja dado que la propiedad era de diferentes sociedades y, además, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) tenía derechos hipotecarios”, recuerdan desde el consistorio.

En 2021, el Ayuntamiento completó el proceso de expropiación y los dos bloques ya constan registrados como de titularidad municipal, por lo que ya puede proceder a su transmisión para que se promueva vivienda pública.  

En total, se construirán un máximo de 115 pisos de venta. El 30% del techo residencial se destinará a viviendas de protección de régimen general y el 70% a viviendas de protección de régimen concertado. Además, la adjudicataria del concurso también tendrá que urbanizar el espacio público y el vial que quedó pendiente.

Estos 115 pisos se sumarán al Plan Municipal de Vivienda, que continúa dotando a la ciudad de pisos protegidos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Actualmente, en Sant Joan Despí hay más de 430 viviendas de protección en construcción o en tramitación, tanto de venta como de alquiler. Así, se están levantando 18 viviendas en la avenida Barcelona (sector Metalarte), 64 en el barrio de Les Begudes (estadio Johan Cruyff) y 83 en dos promociones en la avenida Barcelona-calle Fontsanta. Estas dos últimas serán en régimen de derecho de superficie, una modalidad que permite a la persona solicitante adquirir el piso por 75 años, ampliables a cinco años más.

A estas promociones, hay que añadir la tramitación de 50 viviendas de compra y de 27 viviendas de alquiler en el sector Bellavista y de otras 80 de alquiler en la calle Torreblanca.

Gavà cuenta con un ambicioso Plan Local de Vivienda, que prevé la construcción, en los próximos seis años, de cerca de 2.300 pisos, un 40% de los cuales serán de protección oficial.  Las nuevas viviendas se levantarán en tres sectores estratégicos, con una disponibilidad de suelo muy amplia: Ponent (757 pisos públicos y 832 privados), Espai Roca (192 y 223, respectivamente) y Llevant Mar (237 privados).

Los pisos de protección oficial tendrán diferentes modalidades, tanto de compra y de alquiler como residenciales, “para dar respuesta a diferentes situaciones habitacionales, como la de las personas mayores, que no necesitan tantos metros cuadrados pero sí disponer de servicios cercanos y un entorno agradable donde relacionarse y combatir la soledad”, apuntan desde el consistorio.

Actualmente, están en construcción 134 viviendas de venta y de alquiler a precios asequibles en el barrio de Can Ribes.

El Prat también se ha dotado recientemente de un nuevo Plan Local de Vivienda, que define los principales retos para garantizar este derecho social durante el periodo 2021-2027 y que prevé una inversión de 25 millones de euros.

Se han definido cuatro grandes ejes de actuación, que engloban un total de 38 acciones concretas. La promoción del parque de vivienda asequible se llevará la mayor parte de la inversión prevista, 16,5 millones de euros. Y entre las actuaciones que se realizarán destaca la construcción de cerca de 300 pisos de alquiler y de alojamientos sociales para personas con especiales dificultades de acceso a la vivienda, con una inversión de 2,2 millones de euros, en el suelo urbanizable donde se está desarrollando la ARE Sud. Actualmente, hay 329 pisos en El Prat de alquiler social y asequible, por lo que, con esta ampliación, se llegará a más de 600.

Las nuevas promociones estarán gestionadas por la empresa municipal Prat Espais y por la Cooperativa Obrera de Viviendas, que realizará el primer bloque cooperativo de la ciudad en un solar del que el Ayuntamiento ha cedido el derecho de superficie para hacer más de un centenar de pisos de alquiler asequible.

En este ámbito también destaca el impulso que se quiere dar a los cambios normativos para poder establecer reservas obligatorias para vivienda protegida dentro de suelo urbano ya consolidado; así como la adquisición, por parte del consistorio, de 70 pisos a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto (que da preferencia a la administración a la hora de adquirir pisos en venta), que se sumarán a las 21 viviendas que ya son de propiedad municipal en la actualidad; y la creación de un registro local de solicitantes de viviendas de protección oficial, que gestionaría directamente Prat Espais, ganando así en agilidad y proximidad, ya que actualmente el registro es de ámbito catalán.

El Ayuntamiento de Cornellà creará cerca de 3.200 viviendas sociales protegidas en la próxima década, según se recoge en el Pla d’Habitatge 2020-2030, “con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda como derecho básico de la ciudadanía, y con el fin de potenciar la cohesión social, disminuir los desequilibrios territoriales y mejorar la calidad de vida de los y las cornellanenses”, explican desde el consistorio.

Del total de viviendas que se crearán, 2.943 serán de nueva construcción, a las que hay que sumar 100 pisos más de la Bolsa de Alquiler Social, más un aporte de 50 viviendas por convenio con la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH), y 94 pisos que forman parte del incremento de reservas producidas al margen del planeamiento. En total, 3.187 viviendas, el 61% del total del suelo residencial y el equivalente a un techo de 259.177 metros cuadrados.

Desde el consistorio remarcan que este nuevo planeamiento urbanístico se ha diseñado y definido de acuerdo con las circunstancias y realidades de crecimiento territorial de la ciudad, “teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad ambiental y social y con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables y a los jóvenes”.

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de vivienda, impulsará el nuevo plan a través tanto de sus recursos propios, como a partir de la colaboración con otras administraciones, principalmente el Consorci Metropolità de l’Habitatge, y de alcanzar acuerdos con otros promotores públicos y privados.

Las diferentes actuaciones contempladas en el planeamiento urbanístico se estructuran en cinco ámbitos territoriales a partir de los cinco ejes verdes que ordenan la ciudad según el proyecto Cornellà Natura. Por ámbitos, la mayor de parte de los pisos protegidos estarán situados en la zona de Ribera Salines (1.569 viviendas), Pedró-Gavarra (420), Suris-Fontsanta (320), Almeda-Famades (359) y La Gavarra (275).

El proceso de construcción de las primeras 43 viviendas de alquiler protegido en el barrio Almeda ya se ha iniciado. Éstas irán dirigidas a los jóvenes y serán levantadas por la Fundació Privada Salas per l’Accesibilitat, aunque el sorteo de los futuros inquilinos y el precio de alquiler estarán gestionados por el Ayuntamiento de Cornellà.

En Viladecans, durante el período 2015-2019 se construyeron 236 viviendas en cuatro promociones inmobiliarias, el 75% de las cuales tuvieron algún tipo de protección. En la actualidad, están aprobados diferentes planes urbanísticos que suman 3.280 nuevas viviendas, de las que el 46% (1.502) tendrán protección oficial.

En el nuevo barrio de Llevant se levantarán 2.986 pisos, de los que 1.585 (53%) serán de venta libre. De los 1.401 restantes (47%), 343 serán de precio concertado, 1.028 serán de régimen general o especial y 30 serán dotacionales.          

    
Por otra parte, en la Torre-roja se construirá una promoción de 70 pisos dotacionales, y en la calle Comerç se levantarán 31 viviendas de protección (10 concertadas y 21 de régimen general o especial).

En Castelldefels también está previsto que comience en breve la construcción, por parte del IMPSOL, de 72 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Pietat, en el barrio de Can Vinader. La promoción está dirigida a los colectivos que tienen más dificultades para acceder a una vivienda, como el caso de los jóvenes, pero también a otros colectivos vulnerables.

Sant Vicenç dels Horts también aprobó el pasado mes de diciembre el Plan Local de Vivienda 2021-2026, un documento que incluye medidas específicas dirigidas a cubrir las necesidades de vivienda de diferentes colectivos, a promover la construcción de nueva vivienda pública de alquiler, ahora mismo inexistente, y a mejorar y rehabilitar el actual parque de viviendas.

"Es una herramienta muy valiosa para encaminar los proyectos y optar a recursos y subvenciones de otras administraciones", aseguraba la regidora de Vivienda Social, María Peláez, quien añadía que "la ciudadanía reclama y exige vivienda digna, a un precio razonable”.

El pleno de diciembre también aprobó un convenio con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la construcción de vivienda dotacional en una parcela de la calle Lucena, en el barrio de Can Costa. Se trata de un espacio destinado a equipamientos que también ofrecerá oportunidades habitacionales a personas empadronadas en Sant Vicenç dels Horts que se encuentren en situación de vulnerabilidad.