EDITORIAL. Derecho constitucional y una necesidad básica

La dificultad de gran parte de la población para acceder a una vivienda digna a un precio asequible es uno de los principales problemas que actualmente afectan a la metrópolis de Barcelona. La escasez de vivienda construida y el aumento de los precios hacen imposible que muchas personas puedan alcanzar este derecho básico.

Las entidades que trabajan con los más desfavorecidos alertan del efecto del coste de la vivienda en la pobreza, por lo que reclaman medidas de emergencia. Se trata de un problema endémico que hace más necesario que nunca la actuación conjunta, y urgente, de las administraciones, con el objetivo de que nadie se quede atrás. Si queremos favorecer la cohesión, la igualdad de oportunidades y la justicia social es imprescindible situar las políticas de vivienda en el centro de la agenda pública e incrementar el presupuesto destinado a esta materia.

Y esto es lo que pretende, precisamente, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, que acaba de aprobar la nueva Ley de Vivienda que, en líneas generales, busca dejar atrás los pelotazos urbanísticos, las burbujas inmobiliarias y los desahucios. En definitiva, garantizar en mayor grado el acceso a una vivienda digna y que ésta deje de ser un bien de mercado y comience a tratarse como lo que realmente es: un derecho constitucional y una necesidad básica del ser humano. Y, como tal, se ha de considerar un pilar fundamental del Estado de Bienestar, ya que éste es inexistente sin un techo digno.

El parque público de vivienda es actualmente irrisorio y dista mucho del existente en otros países vecinos de la Unión Europea, como Austria, Dinamarca, Francia o Países Bajos. Por este motivo, el nuevo marco legal pone el foco en impulsarlo, tanto en propiedad como en alquiler ya que se exige una reserva de suelo para esta última modalidad. Un hecho a aplaudir dado que la falta de vivienda de alquiler asequible en la mayoría de municipios de nuestro territorio es alarmante.

Además, establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de 30 años para su descalificación. De esta manera, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social impidiendo las operaciones con fondos buitre realizadas en el pasado.

Con la nueva ley, las comunidades autónomas también podrán gestionar los precios de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas. Desde el Gobierno recuerdan que entre los años 2015 y 2020 los precios de los alquileres han subido un 50% en España, algo inasumible para amplias capas de la población y que solo ha beneficiado a los fondos de inversión y a los grandes propietarios de viviendas que viven de rentas. Además, se establecen deducciones fiscales de hasta el 90% para que los pequeños propietarios se animen a rebajar el precio del alquiler y se permitirá a los ayuntamientos subidas del IBI de hasta el 150% para estimular la entrada en el mercado de pisos vacíos.

Otra buena noticia que nos trae la nueva ley es que las exigencias para ejecutar desahucios aumentarán y si éstos se producen, se realizarán con una mayor coordinación con los jueces. Pero lo más importante es que será imprescindible, además, ofrecer alternativas habitacionales para poder llevarse a cabo los desahucios, con el fin de proteger, en la medida de lo posible, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.