Nace una nueva red de municipios para garantizar los servicios bancarios básicos

El Prat acogió el viernes la presentación de la nueva Red de Municipios por el Derecho a los Servicios Bancarios Básicos, que nace con el objetivo de estudiar la creación de entidades bancarias de ámbito municipal que garanticen el derecho ciudadano en el acceso a los servicios bancarios básicos.

A esta red, se han adherido hasta ahora 12 localidades y sigue abierta a las entidades municipales o comarcales que quieran hacerlo a partir de ahora. Los municipios que se han sumado hasta ahora son El Prat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Feliu, Castellbisbal, Corbera d'Ebre, El Pinell de Brai, La Sènia, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda y Sant Iscle de Vallalta.

"Cuando está creciendo la exclusión financiera, por efecto de los oligolopis bancarios, desde los municipios, desde la proximidad, impulsamos alternativas para garantizar el derecho a los servicios bancarios básicos de la ciudadanía desde la gestión pública", manifestaba el alcalde de El Prat, Lluïs Mijoler.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, remarcaba que el proceso de digitalización "no se puede convertir en una excusa" para dejar fuera de los servicios bancarios a una parte de la población y puso en valor que los municipios "hagan un paso adelante para combatir la exclusión financiera, porque juntos llegaremos más lejos”.

La red nace en un momento en que este derecho ciudadano está en riesgo, frente al aumento de la exclusión financiera que está comportando la concentración de la actividad bancaria, especialmente desde la crisis de 2008 y el posterior proceso de bancarización de las cajas de ahorro y de concentración del sector. Según CCOO, España es el estado europeo en el que más se ha reducido la red bancaria: si en 2007 contaba con 88 entidades; en 2019 esta cifra ya se había reducido a 12.

Este proceso de concentración ha ido seguido del cierre de cerca de la mitad de las 45.000 oficinas bancarias que había en España en 2008, que ha comportado que más de 4.000 municipios se hayan quedado sin ninguna y que se hayan despedido o prejubilado a más de 100.000 trabajadores del sector, según la Plataforma por una Banca Pública. "Esto está poniendo en peligro el derecho ciudadano a los servicios bancarios básicos, especialmente entre las personas mayores y otros colectivos que sufren la brecha digital", remarcan desde el consistorio pratense. "Se trata de una situación que la red de municipios considera insostenible, y más teniendo en cuenta que las entidades financieras fueron rescatadas con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos, de los que no se ha devuelto la mayor parte", apuntan las mismas fuentes.

La reciénte constituida red ha avanzado que estudiará cómo aprovechar la figura de las Fintech como herramienta para facilitar la creación de herramientas financieras locales. El término Fintech proviene de las palabras en inglés Finance y Technology y hace referencia a cualquier actividad que utilice la innovación o aplicaciones tecnológicas para ofrecer productos y servicios financieros. Las aplicaciones y formas que pueden adoptar las Fintech son múltiples: asesoramiento, gestión automatizada -y más eficaz- de las finanzas personales, mecanismos de financiación participativa para poner en contacto a inversores con empresas, sistemas de préstamos rápidos de pequeños importes, etc...

A nivel local, también pueden contribuir al desarrollo de servicios bancarios de ámbito municipal dirigidos a cubrir las necesidades básicas de los vecinos y del tejido económico de cada territorio.

"Los municipios se plantean recurrir a esta figura, porque sus costes son mucho menores que los 18 millones de euros que supondría al menos la creación de una caja de ahorros", explican desde el Ayuntamiento de El Prat. El coste de una Fintech de ámbito local, que aportara servicios financieros básicos al conjunto de vecinos de un municipio, sería de unos 350.000 euros.

En el ámbito local, podría aprovecharse el potencial de las Fintech, figuras que están sometidas al control del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante dos instrumentos diferentes. Uno de ellos, el que se dirigiría al conjunto de vecinos de una localidad, serían las EDE (entidades de dinero electrónico).

Las EDE permitirían a los vecinos realizar la operativa corriente y cubrir sus necesidades bancarias básicas sin tener un número de cuenta en un banco convencional. La propia EDE le genería una tarjeta de débito, con la que podría sacar dinero en efectivo en una red de cajeros y también de comercios con la que se establecerían acuerdos a tal efecto. También les permitiría realizar pagos por Internet y con móvil o recibir transferencias. Esta figura no necesita necesariamente una oficina física, pero se recomienda a los ayuntamientos que tengan una para informar a los vecinos sobre esta herramienta y cómo pueden adherirse si tienen interés.

Otra figura, más dirigida al tejido económico local, son las PFP (Plataformas de Financiación Participativa). Estas plataformas hacen de intermediarias entre empresas del municipio e inversores, que pueden ser o no de la misma localidad, para que los segundos ayuden a aportar capital y préstamos a los primeros. En ese caso, el coste de implementación sería menor que el del EDE y está cifrado en unos 50.000 euros.

Involucrar a la ciudadanía y consenso político

A partir del estudio de estas alternativas, los municipios integrantes de la Red acabarán de definir su instrumento financiero de ámbito local e iniciarán el proceso para su puesta en marcha. Esto exigirá el cumplimiento de varios requisitos, dada la complejidad y el reto que implica aporta servicios financieros a la población. Por un lado, habrá que realizar un estudio económico minucioso para su implementación y promover el consenso político en el municipio para desplegar una herramienta de estas características, además de pedir el correspondiente permiso al Banco de España y la CNMV.

También es fundamental divulgar y dar a conocer las herramientas financieras creadas entre la población, para que, a partir de la generación de confianza, cada vez más gente recurra a sus servicios financieros.

Más allá de la creación de los servicios financieros de ámbito local, la Red de Municipios también pide al gobierno del Estado y la Generalitat que impulsen una regulación que exija que las entidades financieras tengan que garantizar los servicios bancarios básicos a toda la población. También reclama que las autoridades competentes en materia de consumo controlen la actividad de las entidades financieras y abran los pertinentes expedientes informativos o apliquen las correspondientes sanciones en caso de que estén llevando a cabo prácticas irregulares y abusivas.