EDITORIAL. Cuenta atrás hacia la descarbonización de la metrópolis

La Agencia Europea del Medio Ambiente asegura que aproximadamente 33.200 personas mueren prematuramente cada año en España a causa de la mala calidad del aire. Sin duda, una cifra alarmante que hace imprescindible tomar cartas en el asunto y avanzar hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente y la salud, que además contribuya a mejorar el bienestar de las personas.

La descarbonización de las ciudades es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y éste es, precisamente, el objetivo de la futura Ley de Movilidad Sostenible en la que trabaja el Gobierno central y que ha de constituir el marco normativo que permita a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI, como son la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Estamos ante lo que la ministra socialista Raquel Sánchez ha denominado como un “cambio radical de enfoque en las políticas de transporte”. La exalcaldesa de Gavà explicó hace unas semanas, durante la presentación del anteproyecto de ley, que el texto legislativo reconoce por primera vez la movilidad como un derecho del ciudadano y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. Y, por este motivo, obliga a los poderes públicos a garantizarlo.

La nueva norma, cuya aprobación y entrada en vigor se prevé para el último trimestre de 2023, busca contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, así como con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo.

Para ello se quiere dar una nueva visión a las ciudades, que priorice la movilidad activa, es decir, caminar o ir en bici, y al transporte público colectivo. La ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como son los sistemas de transporte público a la demanda o los servicios de movilidad compartida. Asimismo, busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones y abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en estas áreas “libres de humos y congestión”.

Las metrópolis están llamadas a jugar un papel clave en la transición hacia una movilidad sostenible. La nuestra ya hace tiempo que empezó a hacer los deberes, con la puesta en marcha de diferentes acciones para reducir los altos niveles de contaminación. Una de ellas fue la implantación, en el año 2019, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Rondes-BCN, una medida que esta misma semana ha recibido un varapalo judicial, ya que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) ha anulado la ordenanza municipal que regula la ZBE en Barcelona al entender que faltan informes que avalen algunas restricciones. Esta decisión, de momento, tiene efectos limitados, ya que se ciñe a la capital catalana y excluye al resto de municipios que también forman parte de la ZBE: L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià del Besòs.

Ahora, la metrópolis ha puesto sobre la mesa más de 70 nuevos proyectos encaminados a este fin y que serán impulsados con la ayuda de los fondos europeos Next Generation. Concretamente, el AMB y una quincena de municipios metropolitanos recibirán 158 millones de euros para acometer un conjunto de actuaciones relacionadas con el transporte público de cero emisiones; la bicicleta; las ZBE locales, la digitalización y la transformación urbanística necesaria para que nuestro espacio público se adapte a la nueva movilidad, que ya ha pisado el acelerador.

En definitiva, mecanismos para fomentar otros comportamientos en los desplazamientos por el territorio y conseguir así unas ciudades orientadas a las personas, que recuperen el transporte público como servicio esencial, que favorezcan las empresas con políticas de movilidad sostenible y que mantengan un aire limpio y saludable. Todo un cambio de paradigma que requiere de un trabajo conjunto entre todos los agentes implicados.