EDITORIAL. Solventar un déficit histórico

La patronal catalana Foment del Treball sitúa en 35.000 millones de euros el déficit acumulado en 12 años en la inversión en infraestructuras en Catalunya. En comparación con los países más desarrollados de la Eurozona, la institución considera que esta cifra es “alarmante” en términos de competitividad, por lo que reclama a las administraciones (Estado, Generalitat y ayuntamientos) “una decidida apuesta por la inversión en infraestructuras”. Para ello, recomienda que al menos se triplique, desde los 1.500 millones invertidos en licitaciones en 2020, hasta unos 5.000 millones de euros.

En definitiva, se trata de invertir en infraestructuras o perder oportunidades y competitividad. Por eso hay que llevar a cabo una apuesta rotunda por la inversión pública, que actúa a su vez como catalizador de la inversión privada, ambas generadoras de puestos de trabajo y de riqueza.

El Baix Llobregat, pese a ser una de las comarcas catalanas con mayor peso económico, ha sido durante años uno de los territorios más marginados en cuanto a la inversión pública procedente de las administraciones estatal y autonómica, sobre todo en las épocas en las que éstas han estado presididas por gobiernos de derechas. Nuestros municipios representan el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya, una aportación que no ha sido proporcional a las inversiones destinadas para que la comarca disponga de las infraestructuras y servicios adecuados, que ayuden a cohesionar el territorio y que permitan impulsar otros proyectos de futuro.

Han sido años, incluso décadas, de eternas promesas y de un preocupante olvido, que han dejado en el cajón muchas actuaciones cruciales para nuestro desarrollo social y económico. Es de justicia reconocer que con la llegada del gobierno liderado por Pedro Sánchez a La Moncloa, y el aterrizaje de la exalcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, en el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se están empezando a desencallar algunos de estos proyectos esenciales y urgentes que estaban paralizados tras la ineficacia de anteriores ejecutivos.

El año pasado, por ejemplo, se inauguró el aclamado enlace entre la AP-7 y la A-2, poniendo fin a la friolera de 14 años de obras; y también se levantaron definitivamente las barreras del peaje de Martorell, materializándose así una de las reivindicaciones históricas de los usuarios que consideraban suficientemente amortizadas las inversiones realizadas en la autopista. Y en este 2022 ya se ha dado un empujón a otros proyectos cruciales como la variante de la C-245 en Sant Boi, una vía que unirá la Ronda Litoral con la C-32; o la prolongación de la R3 de Rodalies, una actuación que lleva más de una década desatendida y que conectará Castelldefels con Cornellà, mejorando de esta manera la movilidad de un gran número de ciudadanos.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, la dotación económica para inversiones en Catalunya es de 2.230 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 11,6% respecto a las cuentas del 2021 y que nos sitúa como la segunda comunidad con más peso sobre el total de inversiones presupuestadas, justo por detrás de Andalucía.

Sin embargo, las cifras todavía se encuentran por debajo del peso económico de Catalunya en el PIB del Estado, que es del 19%, un indicador de referencia que se contempla en una disposición del Estatut d’Autonomia, y que tenía como objetivo corregir el déficit de infraestructuras en la comunidad. Vamos por buen camino, pero todavía es necesario un mayor compromiso y esfuerzo para que nuestro territorio tenga los servicios que se merece y pueda mirar al futuro con optimismo, dejando atrás años de frustraciones.

El Baix Llobregat necesita una inversión decidida para continuar siendo uno de los motores económicos de Catalunya y del resto de España, y hacer crecer así nuestras posibilidades de desarrollo. Un territorio clave como el nuestro debe recibir unas inversiones justas y solidarias.