La Generalitat se compromete a multiplicar por dos los espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat

La Generalitat multiplicará por más de dos los espacios naturales protegidos como zonas ZEPA en el Delta del Llobregat. De las 935 hectáreas protegidas actuales, se pasará a 2.372. Así lo anunciaba ayer jueves, 16 de junio, la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler.

Esta ampliación, que quiere dar respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea donde se instaba a reforzar la protección del Delta ante el impacto negativo que las ampliaciones del puerto y del aeropuerto han provocado en la zona, vendrá acompañada de una batería de medidas con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros hasta 2026 “para conseguir un espacio natural y con biodiversidad, un sistema agrario tecnificado y sostenible a largo plazo y un sistema hídrico de calidad”, según afirman desde la conselleria.

En este sentido, Jordà manifestaba que “por primera vez en muchos años visualizamos y proponemos a todos los actores trabajar por un futuro a largo plazo por el Delta, que preserva sus valores ambientales y vinculados a su gestión agrícola y huye de la amenaza persistente de mayor especulación urbanística que lo condene definitivamente”.

Estos espacios son la mayor infraestructura verde y la zona con más biodiversidad del área metropolitana. Están integrados por diferentes ámbitos: las zonas naturales protegidas (935 hectáreas), los últimos tramos del río Llobregat, el litoral (500 metros), la plataforma marina (31.000 hectáreas) y el Parque Agrario del Baix Llobregat.

Una vez aprobada la ampliación de las zonas ZEPA, arrancará la redacción del plan de gestión de los espacios, que preverá medidas para hacer compatible la protección ambiental con la actividad del Parque Agrario. “En este sentido, el plan incorporará una política de acompañamiento a los agricultores para potenciar su actividad productiva y facilitarles avanzar hacia una agricultura sostenible y de valor añadido”, aseguran desde el Ayuntamiento de El Prat.

Asimismo, se prevé una revisión del plan especial del Parque Agrario para facilitar la instalación de invernaderos. “El objetivo final es que el Delta del Llobregat sea un referente a la hora de encontrar un equilibrio sostenible entre una producción agroalimentaria de proximidad y la preservación del medio natural”, apuntan las mismas fuentes.

Unió de Pagesos rechaza la propuesta

Sin embargo, tras conocerse el anuncio de ampliación de las zonas ZEPA, Unió de Pagesos mostraba su rechazo y comunicaba que presentará alegaciones para asegurar que la propuesta del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural no tenga afectación sobre la agricultura del Parque Agrario.

El sindicato censura que se sitúen sobre espacio agrario la ampliación de las zonas de protección y apunta a la “dejadez y mala gestión histórica” por parte de las distintas administraciones como causa de un “cuidado ineficiente” del Delta del Llobregat. Asimismo, también critica que la Comisión Europea utilice el inventario elaborado por una entidad privada, SEO Birdlife, como referencia para la delimitación de las ZEPA y subraya que la IBA 140, que recae mayoritariamente sobre el Parque Agrario, “no está actualizada y contiene falsedades”.

Mejorar la calidad del agua de estanques y canales

El alcalde Mijoler y la consellera Jordà también se han comprometido en crear una comisión que permita, antes del mes de octubre, articular una propuesta que supervise la ejecución de las inversiones previstas por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para mejorar la calidad de las aguas de los estanques y canales de los espacios naturales y el drenaje de la llanura deltaica.

En este sentido, en el período 2022-2025, el ACA prevé movilizar 9,34 millones en prevención de inundaciones y mejora de la red de drenaje y 2,7 millones en mejora de zonas húmedas y cursos fluviales. Por otro lado, el departamento invertirá 35 millones hasta el 2026 para mejorar las infraestructuras de regadío.

El sindicato Unió de Pagesos sí ha celebrado que finalmente se ponga sobre la mesa un presupuesto para ejecutar unas inversiones que, a su parecer, “ya deberían haber sido realizadas hace años, ya que los déficits en infraestructura de riego y drenaje son históricos”.

El Institut Agrícola tacha de "ataque al sector agroalimentaria" la ampliación de la ZEPA

"El diseño de ampliación del espacio natural protegido del Delta del Llobregat, unido a la modificación del Plan Especial del Parc Agrari presentado por el Govern, supone condenar al sector agroalimentario a la irrelevancia y la ruina a medio plazo, ya que la consecuencia práctica más importante que tiene la ZEPA es congelar la actividad productiva con multitud de prohibiciones y limitaciones para los empresarios agrícolas". Así de contundente se ha mostrado el Institut Agrícola tras conocerse la propuesta. La entidad considera que esta figura especial de protección de las aves "es incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada debido a las restricciones que impone, sin que estas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental".

En este sentido, opinan que "el Govern miente al asegurar que el único camino posible para recuperar ecológicamente la zona, y, con ello, cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea, sea ampliar la actual superficie protegida de una manera indiscriminada: más de 400 hectáreas sobre el planteamiento original y 1.200 hectáreas con respecto a la superficie actual". Creen que si la solución fuera verdaderamente ésta, bastaría con proteger todo el territorio de Catalunya.

Asimismo, señalan que el hecho de plantear un plan de inversiones en infraestructuras hídricas "clarament4e insuficiente" sujeto a la aprobación de la ZEPA es "un chantaje" al territorio.. "El Govern sabe perfectamente que lo que está planteando no es posible ponerlo en marcha si el territorio se declara zona ZEPA, pero también es consciente de que llega tarde y pretende ejecutar un plan que es urgente en un tiempo demasiado dilatado", apuntan desde el Institut Agrícola.

"La irrisoria cantidad de 450.000 euros para el año 2023, postergando las inversiones necesarias tres años más como mínimo, supone un insulto difícilmente tolerable cuando año tras año se producen inundaciones que provocan la ruina de esos cultivos que el Govern pretende “modernizar” con un plan indefinido que no es posible ejecutar en una zona de especial protección natural", denuncian desde la entidad.

Las mismas fuentes consideran que hay otros elementos que constituyen "un ataque al sector agroalimentario", siendo el más destacado de ellos el procedimiento que el Govern está siguiendo. "No es lo mismo el proceso de consulta pública que el proceso participativo previo que sirve para diseñar tanto las bases de la nueva normativa como también el acuerdo con la mayoría del territorio para generar un plan que tenga aceptabilidad social", afirman. Las conversaciones, declaraciones públicas y privadas, y presentaciones realizadas por parte de los responsables políticos y técnicos del departamento de Acción Climática en los últimos meses "han ocultado una parte sustancial de la propuesta finalmente presentada, lo cual supone falsear la información e incurre en un grave vicio de todo el proceso", remarcan.

A pesar de todo ello, el Institut Agrícola confía en que en el proceso de consulta pública se escuche verdaderamente a todos los actores implicados, y exige a la Generalitat la "flexibilidad necesaria" para aceptar otras propuestas alternativas frente a su “solución única”. En este sentido, la entidad exige la publicación de los estudios preceptivos, así como una auditoría independiente de éstos y de las evaluaciones que se deberían haber realizado de la actual zona ZEPA vigente desde hace más de 20 años, "de manera que se infiera claramente que la solución está en la ampliación de la zona".

El Institut Agrícola teme que la "verdadera intención" de la Generalitat sea "abocar a la economía catalana al decrecimiento y, por tanto, a un empobrecimiento masivo de los agricultores en favor de otras clases sociales que sí pueden permitirse comprar alimentos de mayor calidad a precios mucho más altos"..