Gavà, Viladecans y Sant Boi denuncian que la ampliación de las zonas ZEPA pondrá en peligro la agricultura

Los ayuntamientos de Gavà, Viladecans y Sant Boi han presentado diferentes alegaciones a la propuesta de la Generalitat de aumentar la Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat, que el ejecutivo catalán ha elaborado en respuesta al requerimiento de la Comisión Europea que denuncia, bajo amenaza de sanción, la pérdida de biodiversidad en la zona por el impacto generado por las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y el Puerto de Barcelona.

Los ediles de estas ciudades del Baix Llobregat, Gemma Badia, Carles Ruiz y Lluïsa Moret, respectivamente, los tres del PSC, han reclamado de forma unánime la suspensión de la tramitación del acuerdo. Los tres alcaldes exigen que, antes de llevarse a cabo la ampliación prevista, se redacte la planificación pendiente del conjunto de los espacios naturales actualmente incluidos en la Red Natura 2000.

Badia, Ruiz y Moret consideran que la propuesta de ampliación de las ZEPA pondrá en peligro la actividad agrícola de una zona que supone el 70% de la huerta del Parque Agrario del Baix Llobregat, el cual representa un 30% de la superficie hortícola de Catalunya. Y, sobre todo, lamentan la “falta de diálogo y de consenso” por parte de la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural.

El pasado mes de julio, los tres alcaldes se reunieron con la consellera Teresa Jordà, días después de que ésta presentara en El Prat una propuesta de ampliación de las zonas ZEPA sin el conocimiento de estos tres municipios. En dicho encuentro, los ediles socialistas le trasladaron su malestar por haber llevado a cabo dicha presentación sin tenerles en cuenta y acordaron generar, a partir de entonces, un espacio de diálogo para abordar la cuestión con todos los agentes implicados.

“Salimos muy contentos porque pedimos diálogo y se nos ofreció diálogo. Pero el 29 de julio se produjo un acuerdo de gobierno donde ese diálogo no estaba y nos sorprendió muchísimo”, reconocía Badia el viernes antes los medios de comunicación. La alcaldesa exigía que “se anule ese acuerdo de gobierno” y que “se vuelva a hacer una apuesta constructiva desde el diálogo para dar respuesta a lo que no se ha hecho hasta ahora”. Asimismo, declaraba que “antes de tomar una decisión unilateral como es ampliar las zonas ZEPA debería haberse hablado con el territorio" y que es "imprescindible, antes de ampliar los espacios de protección, planificar y ordenar la gestión de los espacios naturales”. En este sentido, Badia reclamaba “un entendimiento de verdad”.

“Este espacio no es una postal. Es una zona productiva, con mucho futuro y que en un momento de emergencia climática como el actual, puede dar una gran capacidad alimentaria al área metropolitana”, remarcaba, por su parte, el alcalde de Viladecans. “Defendemos que se tome en consideración esta importancia del espacio agrícola del Baix Llobregat y de su potencial para seguir aumentando la capacidad productiva de sus tierras e incrementar la creación de empleo y de actividades vinculadas a la agricultura en nuestro entorno”, apuntaba Ruiz.

De hecho, los tres consistorios están trabajando conjuntamente en la creación de un hub de la innovación agrícola y alimentaria, con el objetivo único de fortalecer un sector económico esencial en el territorio. Lo que se pretende, en líneas generales, es explorar proyectos innovadores para hacer del Parque Agrario un centro de innovación agroalimentaria basado en un modelo circular y respetuoso con el medio natural. “Además, los tres ayuntamientos queremos incorporar más hectáreas al Parque Agrario, y por eso estamos descalificando terrenos programados como urbanizables para que dejen de serlo; y, trabajamos, a su vez, en generar un modelo de gestión diferente que ayude a un crecimiento de la agricultura, porque pensamos que se puede incrementar esta capacidad productiva y de alimentación al área metropolitana”, insistía Ruiz.

El alcalde de Viladecans resaltaba que “no se entiende el Delta del Llobregat sin la agricultura, como no se entiende sin sus playas o las zonas naturales” y aseveraba que “todo forma parte de la misma biodiversidad”. Por este motivo, reclamaba un replanteamiento del modelo de gestión y del modelo de trabajo. “Pensamos que se ha hecho una gestión demasiado política, poco científica, poco técnica y poco estratégica en el mantenimiento de los espacios naturales”, manifestaba. “Es un debate de entender el territorio en su conjunto, como un modelo de biodiversidad que incluye todo”, concluía.

“Creemos firmemente que no es incompatible la protección del medio natural con la actividad agraria”, manifestaba en esta misma dirección la alcaldesa de Sant Boi, quien considera que ”antes de ampliar, se ha de planificar”. Según Moret, la respuesta al requerimiento de la Comisión Europa “no puede ser ampliar sistemáticamente”, sino que “se ha de evaluar desde el rigor científico y técnico, diagnosticar y planificar estratégicamente”. Y, en este sentido, la edil socialista puntualizaba que “la planificación significa un modelo de gestión adecuado” y también “un modelo de financiación”.

Y es que, de hecho, en la zona también hay un profundo malestar por la falta de inversiones por parte de la Generalitat, lo que provoca que las infraestructuras existentes se hayan quedado obsoletas en el momento actual. “Necesitamos de la capacidad inversora de la Generalitat”, zanjaba Ruiz.

Al igual que sus homólogos, Moret también lamentaba la falta de entendimiento con la Generalitat. “Estos ayuntamientos siempre hemos apostado por el consenso y la lealtad institucional, porque creemos que solo así podemos proteger el territorio y actuar de una forma efectiva y eficiente. Y nos entristece que la devolución no haya sido en esta misma dirección”. No obstante, la alcaldesa de Sant Boi se mostraba abierta a “recuperar este espacio de debate, diálogo, negociación y acuerdo para que se nos tenga en cuenta a todos, incluidos los agentes locales, como son las cooperativas agrarias y el sindicato de payeses”.

En líneas generales, los ayuntamientos del Delta piden a la Generalitat que, antes de ampliación alguna de la ZEPA, también se garantice un plan de inversiones que recoja las necesidades de la zona, un modelo de gestión y protección adecuado debidamente presupuestado, y una regulación y gobernanza coordinada con los distintos agentes que inciden en el territorio.

Los tres municipios quieren que se aborde la redacción de una normativa única para todo el ámbito que forme parte de la ZEPA del Delta del Llobregat que recoja la zonificación correspondiente a las características del espacio, definiendo claramente las zonas de núcleo de la actividad productiva agrícola para garantizar su viabilidad económica, los núcleos de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación de hábitats y especies, las zonas tampón o amortiguadores para reducir los conflictos de frontera entre la zona agrícola y los espacios naturales.

Paralelamente, los ayuntamientos piden que, en el marco de la elaboración y tramitación previa de estos planes y/o programas y de la revisión de la propuesta de modificación de la ZEPA, se realice la correspondiente evaluación ambiental, estudios científicos solventes y contrastados que valoren y analicen la situación de deterioro de los hábitats y la biodiversidad, y las causas que la han provocado.

Y en la misma dirección, que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las afectaciones sobre los espacios agrarios, de conformidad con la legislación agraria, así como las valoraciones de indemnización.

Los tres ayuntamientos son partidarios de la existencia de un organismo único de gestión del territorio que incluya tanto el Parque Agrario como el Consorcio del Delta y aquellos agentes relacionados con el desarrollo del territorio.

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