EDITORIAL. La bicicleta cobra protagonismo

Los ayuntamientos del Baix Llobregat, en estrecha colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hace ya mucho tiempo que están impulsando actuaciones para afrontar los actuales retos de movilidad y gestionar los nuevos modelos que se van produciendo.

El objetivo no es otro que apostar por una movilidad mucho más sostenible, ideando propuestas y proyectos para promover aquellos desplazamientos que sean más respetuosos con el medio ambiente e ir concienciando a los ciudadanos de la necesidad de ir utilizando cada vez menos el vehículo privado para intentar reducir la contaminación acústica y ambiental. Algo imprescindible si tenemos en cuenta los últimos datos aportados por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que cifra en 33.200 las personas que mueren prematuramente cada año en España a causa de la mala calidad del aire.

La bicicleta es, sin duda, un medio de transporte eficaz para conseguir todos estos objetivos marcados por las administraciones y por muchos otros organismos y entidades, que desde hace años luchan por conseguir que este vehículo de dos ruedas tenga un peso específico dentro del sistema de transporte metropolitano.

Bajo esta premisa, son numerosas las acciones que se están llevando a cabo y que, sin duda, están favoreciendo que la bicicleta se abra camino de forma imparable en nuestros municipios. Entre ellas destaca la apuesta decidida por crear una extensa red de infraestructuras para promover su uso, constituida principalmente por carriles bici y zonas pacificadas. De esta manera, el usuario que opta por su utilización ve recompensando su cambio de hábito y de conducta.

Un cambio que contribuye claramente a dar fluidez a la densa movilidad urbana y a avanzar hacia una mucho más respetuosa y sostenible. Los fondos Next Generation EU, gestionados en este caso por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), están ayudando a impulsar esta necesaria transformación. Una transición que ya no tiene marcha atrás y que en breve se verá también respaldada por la Ley de Movilidad Sostenible en la que trabaja el Gobierno central, la cual ha de constituir el marco normativo que permita a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades reales de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI.

Según explicó la ministra socialista Raquel Sánchez durante la presentación del proyecto de ley, el texto legislativo reconoce por primera vez la movilidad como un derecho del ciudadano y como un elemento de cohesión social, que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. Y, por este motivo, obliga a los poderes públicos a garantizarlo.

En definitiva, la nueva norma, cuya aprobación y entrada en vigor se prevé para el último trimestre de este año, buscará contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, así como con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo.

La descarbonización de nuestras ciudades es uno de los grandes retos que tenemos por delante y requiere de un trabajo conjunto entre todos los agentes implicados.