EDITORIAL. Por un nuevo modelo energético justo, sostenible y democrático

La primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2021, se marca retos concretos como, por ejemplo, que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable en el año 2050, o que las emisiones de gases de efecto invernadero se han de reducir al menos un 23% con respecto a los niveles de 1990.

Objetivos contundentes y apremiantes, teniendo en cuenta la emergencia climática en la que nos encontramos inmersos. Ya no estamos hablando de una amenaza, sino de un grave problema y de una realidad innegable. Por este motivo, son necesarias acciones eficaces que aceleren la necesaria transformación hacia una energía limpia y un futuro descarbonizado. No podemos -ni debemos- perder más tiempo, porque no existe un planeta B; y si no actuamos con celeridad y rotundidad, las consecuencias a medio plazo pueden ser devastadoras.

Ha llegado el momento de pasar de una economía de carbono, la cual provoca gases de efecto invernadero, que dañan irremediablemente el planeta, a otra que no ocasione consecuencias nocivas. En definitiva, una transición energética que, además, supone una gran oportunidad para democratizar la economía, ya que hasta el momento se ha impuesto el modelo energético de oligopolio, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas. Ahora tenemos la ocasión de avanzar hacia una soberanía energética real, potenciando los proyectos de comunidades locales, las experiencias público-comunitarias y las instalaciones de fuentes renovables que contribuyan, a su vez, al equilibrio territorial y que garanticen el acceso básico de la energía a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

El despliegue de energías renovables es clave para encarar con éxito esta transición energética y para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, así como con la hoja de ruta que marca el Pacto Verde Europeo. Son fuentes de energía limpias e inagotables; y se diferencian de los combustibles fósiles por su abundancia y por su potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo porque no producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, ni emisiones contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de los precios de los combustibles fósiles es totalmente la opuesta.

Pero para que este despliegue sea un éxito, es necesario facilitar al máximo el autoconsumo, despejando los posibles obstáculos administrativos que puedan dificultar o retrasar, por ejemplo, la instalación de placas solares fotovoltaicas o la creación de comunidades energéticas locales. En este sentido, es una buena noticia que el PSOE haya presentado una proposición no de ley en el Congreso para fomentar el impulso de comunidades de energías renovables en España mediante medidas de apoyo que incentiven tanto su constitución como su desarrollo e implementación. Los socialistas consideran que este sistema presenta importantes ventajas en el esquema energético, como es su incidencia en la democratización del mismo, su contribución en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de la pobreza energética que afecta a los colectivos más vulnerables.

En este gran reto de hacer frente a la emergencia climática, y de limitar sus efectos devastadores, también juega un papel fundamental la rehabilitación energética de los hogares y edificios plurifamiliares. Unas actuaciones totalmente imprescindibles que ayudarán no solo a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, sino también a ahorrar dinero en las facturas de los suministros, en un momento en el que el aumento desmesurado del precio de la energía ha perjudicado gravemente la economía de la ciudadanía.