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Lunes, 03 de Abril de 2023
COMARCA

Los ayuntamientos reclaman a la Generalitat el diálogo prometido sobre el futuro de los espacios naturales del Delta

Las alcaldesas de Gavà y Sant Boi y el alcalde de Viladecans piden la suspensión del proyecto de ampliación de las ZEPA, que ya ha sido rechazado por el Parlament

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Las alcaldesas de Sant Boi, Lluïsa Moret; de Gavà, Gemma Badia, y su homólogo en Viladecans, Carles Ruiz, han vuelto a reclamar a la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, que se inicie el diálogo al que se había comprometido con todos los agentes que tienen incidencia en el Delta. Los responsables municipales también instan a que se suspenda el proyecto de ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat después de que la Comisión de Agricultura del Parlament de Catalunya lo haya rechazado.

 

Los máximos representantes municipales ya habían denunciado que la ampliación excesiva de las zonas de protección de aves que proponía la Generalitat "ponía en peligro" la actividad agrícola de una zona que supone el 70% de la huerta del Parque Agrario, el cual representa un 30% de la superficie hortícola de Catalunya. Moret, Badia y Ruiz creen que el problema no es la falta de espacio protegido, sino la "mala gestión" del que hay ahora. "Existe una indefinición del territorio y una falta de financiación por parte de la Generalitat que han provocado la denuncia de la Comisión Europea", aseveran.

 

Los ediles consideran que hay que iniciar el diálogo que se acordó en la reunión que ellos mismos mantuvieron  con la consellera el pasado mes de julio. En ese encuentro se pactó la creación de tres mesas conjuntas de trabajo: una que buscara un nuevo modelo de gestión y funcionamiento del Consorcio de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat, otra para conseguir un consenso sobre la definitiva delimitación de las ZEPA, y una tercera mesa que debía concretar el plan de gestión de los espacios naturales, señalando cuáles son las inversiones que deben realizarse en el territorio, y cómo se quieren gestionar para respetar la normativa europea y garantizar la convivencia entre todos los agentes que conviven, teniendo especial cuidado de la pagesia y de las necesidades en materia de infraestructuras hidráulicas.

 

"Pese a que la consellera expresó entonces su voluntad de actuar e ir solucionando problemas a partir de un trabajo conjunto y compartido, ninguna de estas comisiones se desarrollaron", lamentan desde los consistorios. Los tres alcaldes consideran ahora que, "a pesar de que se ha perdido un tiempo esencial, todavía puede empezar el diálogo prometido".

 

Los ayuntamientos del Delta piden un nuevo modelo de gestión y protección debidamente presupuestado, con un plan de inversiones que recoja las necesidades de la zona, y una regulación y gobernanza coordinadas con los distintos agentes que inciden en el territorio. Asimismo, reclaman que "se implementen medidas concretas de protección de los espacios naturales, en estos momentos claramente insuficientes".

 

Gavà, Sant Boi y Viladecans consideran que debe abordarse la redacción de una normativa única para todo el ámbito que forme parte de la ZEPA del Delta que recoja la zonificación correspondiente a las características del espacio, definiendo claramente las zonas de núcleo de la actividad productiva agrícola para garantizar la viabilidad económica; los núcleos de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación de hábitats y especies, y las zonas tampón o amortiguadores para reducir los conflictos de frontera entre la zona agrícola y los espacios naturales.

 

En el marco de la elaboración y tramitación previa de estos planes y/o programas y de la revisión de la propuesta de modificación de la ZEPA, también abogan por realizar la evaluación ambiental correspondiente, así como estudios científicos solventes y contrastados que valoren y analicen la situación de deterioro de los hábitats y la biodiversidad, y las causas que la han provocado. Y en la misma dirección, piden que se lleve a cabo una "evaluación exhaustiva" de las afectaciones sobre los espacios agrarios, conforme a la legislación agraria, y las valoraciones de indemnización.

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