EDITORIAL. Envejecer con dignidad es un derecho a garantizar

Es ya un hecho innegable el envejecimiento de la población tanto en países desarrollados como en los no desarrollados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1980 se ha duplicado el número de personas mayores de 60 años, y se espera que alcance los 2.000 millones en 2050. En España, y según la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2061 habrá más de 16 millones de personas de edad mayor o igual a 65 años, lo que representará el 38,7% del total de la población.

Nos encontramos, pues, ante un grupo de personas mayores que crece y lo seguirá haciendo en las próximas décadas, fruto del bajo índice de natalidad y del aumento de la esperanza de vida, lo que llevará a que la actual pirámide poblacional se invierta, convirtiéndose, las personas de la tercera edad, en uno de los grupos de mayor presencia en nuestro país, por lo que cada vez tendremos que destinar a este colectivo más recursos de todo tipo.

Ante estos datos, no queda otra que ocuparse –y preocuparse- de los problemas asociados al envejecimiento, y afanarnos por construir comunidades más inclusivas, solidarias y cohesionadas. Y para ello es requisito imprescindible que no se practique el edadismo, es decir, que no se discrimine por motivo de la edad.

Vivimos en una sociedad donde todo lo joven y nuevo se sobrevalora, mientras que aquello que es más viejo tiende a despreciarse, incluidas –en muchas ocasiones- las personas. Existen innumerables mensajes sobre cómo sentirse bien o parecer más joven, cuando la realidad es que todos deberíamos poder vivir con plenitud de derechos y obligaciones las etapas de la vida, sin sufrir ningún tipo de discriminación.

Pero, tristemente, la realidad es muy distinta. El maltrato (tanto físico como psicológico); el aislamiento o la soledad no deseada; la brecha digital; el expolio económico; una atención sanitaria inadecuada; la vulnerabilidad alimentaria; la falta de alternativas residenciales para envejecer de manera comunitaria, el trato poco sensible de las entidades bancarias o el sentimiento de inseguridad, son algunas de las problemáticas que sufren los más longevos.

Por eso ha llegado el momento de poner en la agenda pública la situación de vulnerabilidad que sufren muchos de nuestros mayores. Y también urge aprobar de una vez por todas la Llei de la Gent Gran de Catalunya, una norma impulsada precisamente desde el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat y que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. Recordemos que a día de hoy no existe en nuestra legislación ninguna norma de obligado cumplimiento que les proteja y favorezca, dejando sus derechos diluidos entre un gran número de normativas y en declaraciones de buenas intenciones. Un agravio comparativo con respecto a otros colectivos, como la infancia o la juventud, que sí disponen de leyes específicas aprobadas con gran consenso en el Parlament.

No hemos de olvidar que las personas mayores son uno de los principales pilares de nuestra sociedad. Su contribución ha sido, y sigue siendo, esencial. Los seguimos necesitando para crecer como personas y como comunidad. Por eso se merecen que les garanticemos sus derechos y una buena calidad de vida, respondiendo a sus necesidades y velando para que puedan disfrutar de un envejecimiento digno. Se lo han ganado con creces.