EDITORIAL. La inclusión fortalece nuestra democracia

Afortunadamente quedan ya muy lejos aquellos tiempos en los que una discapacidad, ya fuera física o psíquica, era motivo de vergüenza por parte de quien la padecía o de sus familiares y allegados. La sociedad ha evolucionado mucho en este sentido gracias no sólo a una mayor sensibilización de la ciudadanía sino al trabajo de muchas asociaciones y entidades que, con más o menos recursos, velan por el bienestar de este colectivo, así como de las propias personas con discapacidad, que demuestran a diario su empoderamiento para alcanzar la plena equidad y su inclusión en este mundo.

Pero, desgraciadamente, aún queda mucho camino por recorrer y, por ende, muchas barreras que derribar. El desconocimiento, la indiferencia, la sobreprotección, los estereotipos o los prejuicios siguen todavía arraigados en el imaginario social. Y eso impide que las personas con discapacidad puedan desarrollar de la manera más autónoma e independiente posible todas sus potencialidades. Que son muchas.

La inserción laboral sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Según datos del último informe del Observatorio sobre la Discapacidad y Mercado de Trabajo (ODISMET) tan sólo una de cada cuatro personas pertenecientes a este colectivo tiene empleo. Mejorar estos datos está en manos de la sociedad, de las instituciones públicas y del tejido empresarial de nuestro país.

De hecho, garantizar un cumplimiento efectivo de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para estas personas en las empresas es uno de los objetivos de la Estrategia Española de la Discapacidad 2022-2030, aprobada en mayo del año pasado por el Consejo de Ministros. Este plan, que compete tanto al Gobierno, como a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a la iniciativa privada, sigue la estela de la Unión Europea, que también cuenta con un marco normativo similar para el mismo periodo.

España, aprovechando la presidencia de la UE en este segundo semestre de 2023, también está planteando otras cuestiones relevantes como la garantía del derecho de voto para las elecciones al Parlamento Europeo de todas las personas con discapacidad sin excepciones en cada uno de los países miembros; la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la próxima directiva europea contra la violencia machista, la declaración de un año europeo de las mujeres con discapacidad o la aprobación de la tarjeta europea de discapacidad, que facilitará la libre circulación de personas con discapacidad, garantizando la igualdad de acceso a condiciones especiales y un trato preferente en los servicios públicos y privados, como el transporte, los eventos culturales, los museos, los centros deportivos y de ocio y los parques de atracciones.

En definitiva, medidas todas ellas encaminadas a proteger los derechos de estas personas y mejorar su autonomía, así como promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Una accesibilidad que no se refiere únicamente a la eliminación de las barreras arquitectónicas que aún existen en algunas zonas de nuestras ciudades, sino a un concepto mucho más amplio y que está relacionada con otros ámbitos.

Al entorno digital, por ejemplo, también le quedan grandes retos pendientes para adaptarse por completo a las necesidades de quienes viven con alguna discapacidad. Muchos de ellos consideran que la accesibilidad de las aplicaciones, por ejemplo, no es inclusiva, y que sus limitaciones dificultan la integración del colectivo. Este hecho, en un mundo cada vez más interconectado, puede suponer un verdadero obstáculo en la realización de tareas cotidianas. Y, por este motivo, es esencial que tanto empresas como instituciones hagan todo lo posible para adaptar las TIC a quienes tienen necesidades especiales y puedan mejorar, así, su calidad de vida.

Es incuestionable que la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad es una tarea que compete a toda la sociedad. Se trata de un trabajo colectivo inaplazable para fortalecer nuestra democracia.