El AMB multiplicará por seis la energía fotovoltaica en equipamientos públicos en un año y medio

Durante el año 2024 y el primer semestre del año 2025, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene previsto construir 146 nuevas instalaciones fotovoltaicas, por lo que contará con cerca de 200, repartidas por toda la metrópolis. De hecho, el 100% de los municipios (a excepción de Barcelona, que cuenta con inversión propia del Ayuntamiento) tendrá una instalación de este tipo.

“En el contexto de sequía tan severa que estamos sufriendo sobran los motivos de que proyectos como éste son absolutamente necesarios”, manifestaba esta mañana la vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica del AMB, Janet Sanz. “Nuestro territorio padece estas graves consecuencias, que también están ligadas a un modelo económico que no es responsable ni consciente de las problemáticas que genera en relación a la naturaleza y los recursos que cada vez son más escasos”, apuntaba.

Las nuevas instalaciones producirán una cantidad de energía equivalente al consumo de más de 4.200 hogares, lo que supone 10,5 MWp de potencia en total, y representará el 4,1% del consumo energético de los suministros municipales.

“Hay que sacar adelante proyectos de energía verde, como lo hace Europa o cualquier Estado y administración responsable con el presente y futuro de sus generaciones”, aseveraba Sanz tras añadir que “debemos dibujar un horizonte de territorios donde poder vivir con dignidad y con todas las condiciones de habitabilidad para que las personas estemos bien”.

En este sentido, reprochaba al expresidente del Gobierno Felipe González que hace unos días abogara por seguir apostando por la energía nuclear. “Ante mensajes catastrofistas, estamos demostrando que existe esperanza y que podemos construir un camino que permita poder desarrollar esa necesaria transición ecosocial, que nos ha de llevar a un cambio de modelo productivo que no atente contra el territorio”, declaraba.

Los dos tipos de instalaciones que se van a construir ya están en funcionamiento en varios municipios metropolitanos. Por un lado, son las cubiertas fotovoltaicas, es decir, instalaciones de placas solares en las cubiertas de equipamientos públicos, para abastecer parte del consumo del edificio; y, por otro lado, las fotolineras, que son puntos de recarga para vehículos eléctricos que generan la energía mediante placas solares.

“Queremos situar al AMB como una de las instituciones supramunicipales referentes en este ámbito, siguiendo el camino que nos marca Europa”, remarcaba Sanz. Y para ello, el organismo metropolitano se pone a disposición de los ayuntamientos para “ponerles las cosas fáciles”. Según la vicepresidenta de Acción Climática y Agenda Estratégica, la intención del organismo es actuar como “facilitadores” para ayudar a las administraciones locales a impulsar las energías renovables en sus respectivos municipios y “acompañarles en el camino” de la transición. La idea es “resolver todas las problemáticas que puede generar la burocracia que se ha establecido a lo largo de los años en los ordenamientos jurídicos que tenemos”, apuntaba.

Cero inversión municipal

Las 146 nuevas instalaciones se desplegarán sin inversión municipal, es decir, “sin que genere un sobrecoste para los ayuntamientos y sin que el AMB tampoco tenga que poner dinero público”, aseguraba la vicepresidenta.

La fórmula más novedosa e innovadora de financiación será la conocida como ESCO. En 2023 ya se empezó a impulsar un tipo de contrato público dirigido a empresas de servicios energéticos interesadas en invertir en instalaciones fotovoltaicas. Estas compañías recuperan la inversión a través del ahorro que generan con el autoconsumo en los suministros municipales.

Dentro de esta modalidad, una vez ha transcurrido el período de amortización de la inversión, que suele ser de unos 15 años, las instalaciones retornan a los consistorios, que a partir de entonces disfrutarán de la totalidad del ahorro generado y de la propiedad de la instalación.

Un total de 11 ayuntamientos metropolitanos, que suman cerca de 330.000 habitantes, han apostado por esta opción para financiar instalaciones fotovoltaicas en sus equipamientos. Entre ellos se encuentran Begues, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Castelldefels, Cervelló, Cornellà, Pallejà, Sant Climent y Sant Vicenç dels Horts.

El contrato de servicios energéticos presenta la ventaja de que los ayuntamientos no deben realizar ninguna inversión inicial y que las empresas adjudicatarias se responsabilizan del buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones durante la totalidad del contrato.

“Se trata de una fórmula que nos permite corresponsabilizarnos a todos y todas, incluidas las empresas privadas, que aportarán su conocimiento y valor añadido”, resaltaba Sanz, tras insistir en el hecho de que el AMB “será la primera institución del Estado que hace una propuesta de estas dimensiones, de una forma innovadora y en colaboración y trabajo conjunto con los ayuntamientos”.

Por su parte, el consejero delegado de Acción Climática y Planificación Estratégica del AMB, Guille López, explicaba que con el programa ESCO “no sólo aceleramos la transición energética a coste cero para los municipios sino que, además, conseguimos generar un ahorro futuro”, ya que una vez transcurridos los 15 años aproximados del período de amortización, todo el ahorro energético que se genere repercutirá directamente en el municipio.

El concurso impulsado por el AMB generó un gran interés, con la participación de siete licitadores. Por último, dos empresas han sido adjudicatarias e iniciarán la construcción de las instalaciones durante el año 2024.

Otra de las fuentes de financiación será mediante el Plan de sostenibilidad ambiental (PSA), dotado con 110 millones de euros y que tiene la finalidad de impulsar proyectos de desarrollo compartido entre los ayuntamientos y el AMB, para reforzar las políticas metropolitanas y adaptarlas a los requerimientos surgidos a raíz del COVID-19.

Del PSA, los municipios han seleccionado los proyectos a partir de un catálogo de actuaciones ambientales con criterios que contribuyen a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y teniendo en cuenta la situación de emergencia climática actual.

Las instalaciones financiadas con fondos del PSA representan una potencia de 5,7 MWp en 18 municipios metropolitanos con una inversión total de 8,34 millones de euros.

Y, en tercer lugar, el AMB también ha recibido recursos provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), desplegado en diferentes fases, distribuyéndolos entre los municipios metropolitanos. Estos recursos permitirán que a mediados de 2025 haya una potencia de 4,4 MWp con una inversión ejecutada de seis millones de euros.

Las 146 instalaciones promovidas por el AMB en el período 2024-2025 supondrán un incremento de casi el 8% de la potencia instalada actualmente. La potencia media de las instalaciones metropolitanas será de aproximadamente 70 kWp, muy por encima de la potencia media actual, en la que sólo el 5,2% de las instalaciones tienen potencias superiores a 25 kWp.

Más eficiencia energética en equipamientos municipales

Dando continuidad al modelo ESCO, el AMB está preparando su réplica para incrementar la eficiencia energética en equipamientos municipales de gran consumo. Así, con financiación de fondos europeos ya ha iniciado la realización de 77 auditorías en una quincena de ayuntamientos, que deben permitir preparar una licitación ESCO de eficiencia para realizar las inversiones necesarias. El potencial de ahorro estimado, que deberá verificarse con las auditorías, es del 20 % en los suministros de los equipamientos auditados.

“Como sociedad cada vez somos más conscientes de los retos que tenemos, como la sequía o el aumento de las temperaturas, que nos obligan a acelerar la descarbonización y la transición energética hacia fuentes que no generen emisiones”, expresaba López. “Y lo estamos haciendo alineados con las directivas europeas e innovando con nuevas fórmulas que nos permiten agilizar el proceso, además de trabajar conjuntamente los ayuntamientos, el AMB y el sector privado para conseguirlo”, concluía.